Era hora
Dos hechos auspiciosos se produjeron
esta semana, dos poderes del Estado suscribieron convenios con la Oficina de la
Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; ambos fueron firmados por
la ministra de Corte Carmen Argibay.
Uno de esos convenios fue firmado por la
Corte Suprema de Justicia de Salta para incorporar la perspectiva de género en
ese ámbito; el otro, por el Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia y
también es para incorporar la perspectiva de género en el diseño y ejecución de
políticas.
Durante muchos años, mujeres de la
Provincia demandamos precisamente lo que estos convenios, impulsados por la
jueza Argibay, se proponen, que no es otra cosa que contar con los elementos
para reconocer aquellas prácticas sexistas que están naturalizadas en nuestra
cultura; para que en la justicia no se reproduzcan estereotipos sexistas y
discriminatorios contra la mujer por el hecho de serlo; para que las sentencias
no refuercen conceptos violatorios de nuestros derechos. Cabe recordar que ya
en el año 2004 -2 de diciembre-, elevamos una nota a la Corte de Justicia de
Salta solicitando con otras numerosas organizaciones, que se "implementen
acciones para el acceso y administración de justicia en igualdad de condiciones
entre varones y mujeres", demanda que persiste hasta la actualidad.
Por otra parte, elevamos notas al Poder
Ejecutivo solicitando la concreción de políticas que garanticen el pleno
ejercicio de los derechos por parte de las mujeres.
Esperamos que, tanto a nivel del Poder
Ejecutivo como del Poder Judicial, este compromiso cristalice en reales políticas
de derechos humanos con perspectiva de género. En el primer caso, dotando de
presupuesto a los programas de salud sexual y asistencia a las víctimas de
violencia de género; campañas masivas para construir una nueva masculinidad; y
lo planteado al ministro de Gobierno Julio César Loutaif en la reunión
realizada en la Cámara de Diputados el 24 de julio pasado; en la que, entre
otros puntos, se solicitó la interacción de las distintas áreas de gobierno
para erradicar la violencia machista; desterrar del Código Contravencional
figuras que criminalizan la identidad de género, y capacitar al personal
policial y al que atiende a víctimas. En el segundo, que la convicción y el
compromiso sobre la necesidad y conveniencia de este convenio se traduzcan en prácticas
no sexistas y en conceptualizaciones que jerarquicen el enfoque y formen parte
de las resoluciones judiciales.
Ojalá que estos convenios no queden en letra muerta,
sino que se conviertan en acciones concretas, la salud y la vida de las mujeres
así lo exigen.
Multisectorial de Mujeres de Salta
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