Por Omar Argüello* - 07/04/12 - 11:16
Los presuntos autores de los crímenes contra Marita Verón han sido llevados a la Justicia. Es el resultado de una larga, heroica y solitaria lucha de una mujer, Susana Trimarco. Otras miles de mujeres jóvenes, provenientes en su mayoría de hogares humildes, siguen sufriendo vejámenes sin que se haga mucho para erradicar ese flagelo y castigar a los responsables. Otros crímenes aberrantes, como los cometidos en los 70 fueron denunciados, llevados a juicio y castigados, por la acción ejemplar de organismos de derechos humanos y de gobiernos como los de Raúl Alfonsín y de Néstor y Cristina Kirchner. Ante respuestas tan dispares de la sociedad y sus gobernantes, parece necesario hacer algo para que los crímenes cometidos contra Marita Verón y tantas otras, reciban una respuesta en la línea de la que recibieron los crímenes de los años setenta.
En esa respuesta ejemplar seguramente ha influido la investidura de los autores de esos crímenes, lo que ha llevado a considerarlos como una forma de “terrorismo de Estado”. Esta definición ha instalado en la conciencia colectiva un rechazo profundo que no han podido alcanzar crímenes aberrantes como ‘la trata de personas’, pese a que en ellos también ha existido secuestro, tortura y desaparición de las mismas. Se dirá que la respuesta diferente está dada por el hecho que estos últimos habrían sido cometidos por simples delincuentes comunes, lo que no es tan cierto, como tampoco lo es que los crímenes de los años setenta hayan sido cometidos por el Estado. Esta última afirmación nace del error conceptual de confundir Estado y Gobierno. Max Weber nos enseña que el Estado es “un instituto político”, que “no existe una personalidad colectiva en acción”, y que sólo las personas individuales “pueden ser sujetos de una acción”. Desde una perspectiva menos conceptual, cuando se habla de ‘políticas de Estado’, lo que se intenta es reducir la distancia entre esas dos instituciones al incluir en las decisiones públicas a otras fuerzas políticas, además de la que está en el gobierno. Los crímenes que tuvieron lugar durante los gobiernos de Isabel Perón y de la dictadura militar no fueron llevados a cabo por el Estado sino por funcionarios de esos gobiernos, personas que ocupaban o usurpaban lugares en el funcionamiento del aparato del Estado. Las acciones de esos funcionarios obligan jurídicamente al “instituto político” a reparar los daños causados, lo que de hecho ha ocurrido con las indemnizaciones y pensiones vitalicias otorgadas a las víctimas y sus familiares. Pero esto no lo convierte en autor de esos crímenes. No hay un Estado terrorista; hay personas que ponen los recursos de ese “instituto político” al servicio de sus ideologías o intereses materiales. Y en esto no se diferencian mucho de los actores de los crímenes cometidos en la trata de personas, dado que los mismos serían realizados por (o contarían con el apoyo y connivencia de) personas en lugares en los mecanismos de intervención del Estado, tanto de encargados de aplicar su monopolio de la coacción física, como de los que administran justicia.
La confusión conceptual entre Estado y Gobierno, que colaboró con el error de dar la categoría de crímenes de Estado a unos y de delitos comunes a otros, ha influido para que la sociedad haya permitido la creación de estereotipos que terminan jugando un papel clasista y discriminatorio. Uno de esos estereotipos encumbra, a nivel de héroes, a jóvenes de clase media por haberse levantado en armas para imponer sus ideales; otro, a través del mecanismo de reducir la trata de personas a un delito común, ningunea a mujeres jóvenes mayoritariamente de condición humilde, sin posibilidades de haberse forjado ideal alguno, condenadas a vivir como esclavas sexuales y perdiendo día a día los últimos resabios de persona humana.
La sociedad toda, así como sus gobernantes, debieran comprometerse más para que crímenes aberrantes como la trata de personas reciban un tratamiento cercano al de los cometidos por los hombres de López Rega y de la dictadura militar. En tanto esto no ocurra, la sociedad y sus gobernantes son cómplices por inacción frente a crímenes tan aberrantes como las violaciones en los cuerpos y los ultrajes a la dignidad de las personas, perpetrados en forma repetida, varias veces cada día, durante años.
· Sociólogo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario