INVESTIGACIÓN
Afirman que los dueños de los prostíbulos estaban conectados entre sí y con otras provincias.
Los cuadernitos de tapas blandas tienen todos los datos con los pases de las mujeres: el servicio prestado, si había un extra y cuánto costaba. Las anotaciones dicen que por 15 minutos de sexo se cobraban entre $120 y $150 y que por cada servicio, las mujeres recibían apenas entre $25 y $40. Además, hay documentos y pasaportes supuestamente retenidos contra la voluntad de las mujeres rescatadas, por lo que creen que eso les permitía tenerlas amenazadas, para evitar que escapen. Y después está el testimonio de las rescatadas.
Para los investigadores, los allanamientos que hicieron en prostíbulos y en domicilios particulares generaron evidencia no sólo para confirmar la trata de personas, sino que revelan que están ante una organización que operaba en San Juan negociando cuerpos de mujeres. Las fuentes afirmaron que los prostíbulos locales ‘reventados’ por la Policía Federal estaban interconectados entre sí por sus dueños, que a su vez tenían relación con organizaciones de otras provincias.
Es más, altas fuentes de la investigación definieron a esta red, que tiene 24 sospechosos, como una ‘organización mafiosa’. ‘Para no tener problemas con la Policía, aparentemente iban intercambiando las chicas por los prostíbulos de los distintos departamentos y luego las sacaban fuera de la provincia, con lapsos que variaban entre 15 y 30 días. Es posible que a una de las chicas rescatada en Rodeo, dentro de un par de semanas la hubiésemos encontrado en Media Agua y el mes que viene en Mendoza’, contó la fuente que pidió reserva de identidad. Algunas de los chicas, por las declaraciones informales recogidas en el megaoperativo, no llevaban más de 15 días en San Juan.
De acuerdo a los investigadores del caso, creen que los 16 prostíbulos estaban conectados entre sí a través de dueños, encargados y responsables que viven en San Juan. Y que a su vez, éstos tenían conexión con otras organizaciones de diferentes provincias, como Mendoza y San Luis. Ayer, de hecho, hicieron tres allanamientos en domicilios de algunos de estos propietarios detenidos, para tratar de aportarle más elementos a la causa.
De acuerdo a la ley, el delito de trata de personas es castigado con penas de 3 a 6 años de prisión, que puede elevarse a 10 si el culpable fuese familiar directo o cónyuge de la víctima.
En el caso de que las víctimas sean menores de edad (como el caso de una adolescente de 17 años rescatada de un whiskería el fin de semana pasado) la escala penal se eleva de 4 a 10 años de prisión. Y si se trata de menores de 13 años, será 6 a 15 años de prisión efectiva.
EXTRANJERAS
En el megaoperativo del fin de semana pasado, la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, del Ministerio de Justicia de la Nación, confirmó que identificaron y rescataron a 43 víctimas del delito de trata de personas, entre las cuales una de ellas era menor de edad y el resto mayores.
Las víctimas eran de nacionalidades argentina, paraguaya, dominicana y colombiana.
En realidad, en el operativo simultáneo que se hizo en 16 prostíbulos de cinco departamentos encontraron a casi 100 mujeres, de las cuales más de la mitad quedó desligada porque manifestó, ante la presencia de psicólogos de la Policía Federal y de la Oficina de Rescate que constataron que no mentían o estaban bajo presión, que no eran obligadas a trabajar y que vivían de la prostitución por decisión propia.
De las restantes, 43 aceptaron la asistencia de un programa especial de los gobiernos nacional y sanjuanino (ver aparte), mientras avanza la causa judicial.
Por su parte, si bien los informantes dijeron que cuando la policía irrumpió en los prostíbulos, las mujeres al principio no reaccionaron (por miedo, explicaron los especialistas, es que en estos casos suelen mostrarse del lado del dueño del prostíbulo y en contra de la medida judicial), pero a medida que charlaron con los investigadores se soltaron.
‘Las colombianas, apenas empezaron a trabajar los asistentes de la Oficina de Rescate y del Gobierno de San Juan, pidieron ayuda. Decían que se sentían explotadas y solicitaban que las sacaran de esa situación’, reveló una de las fuentes.
Para los investigadores, los allanamientos que hicieron en prostíbulos y en domicilios particulares generaron evidencia no sólo para confirmar la trata de personas, sino que revelan que están ante una organización que operaba en San Juan negociando cuerpos de mujeres. Las fuentes afirmaron que los prostíbulos locales ‘reventados’ por la Policía Federal estaban interconectados entre sí por sus dueños, que a su vez tenían relación con organizaciones de otras provincias.
Es más, altas fuentes de la investigación definieron a esta red, que tiene 24 sospechosos, como una ‘organización mafiosa’. ‘Para no tener problemas con la Policía, aparentemente iban intercambiando las chicas por los prostíbulos de los distintos departamentos y luego las sacaban fuera de la provincia, con lapsos que variaban entre 15 y 30 días. Es posible que a una de las chicas rescatada en Rodeo, dentro de un par de semanas la hubiésemos encontrado en Media Agua y el mes que viene en Mendoza’, contó la fuente que pidió reserva de identidad. Algunas de los chicas, por las declaraciones informales recogidas en el megaoperativo, no llevaban más de 15 días en San Juan.
De acuerdo a los investigadores del caso, creen que los 16 prostíbulos estaban conectados entre sí a través de dueños, encargados y responsables que viven en San Juan. Y que a su vez, éstos tenían conexión con otras organizaciones de diferentes provincias, como Mendoza y San Luis. Ayer, de hecho, hicieron tres allanamientos en domicilios de algunos de estos propietarios detenidos, para tratar de aportarle más elementos a la causa.
De acuerdo a la ley, el delito de trata de personas es castigado con penas de 3 a 6 años de prisión, que puede elevarse a 10 si el culpable fuese familiar directo o cónyuge de la víctima.
En el caso de que las víctimas sean menores de edad (como el caso de una adolescente de 17 años rescatada de un whiskería el fin de semana pasado) la escala penal se eleva de 4 a 10 años de prisión. Y si se trata de menores de 13 años, será 6 a 15 años de prisión efectiva.
EXTRANJERAS
En el megaoperativo del fin de semana pasado, la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, del Ministerio de Justicia de la Nación, confirmó que identificaron y rescataron a 43 víctimas del delito de trata de personas, entre las cuales una de ellas era menor de edad y el resto mayores.
Las víctimas eran de nacionalidades argentina, paraguaya, dominicana y colombiana.
En realidad, en el operativo simultáneo que se hizo en 16 prostíbulos de cinco departamentos encontraron a casi 100 mujeres, de las cuales más de la mitad quedó desligada porque manifestó, ante la presencia de psicólogos de la Policía Federal y de la Oficina de Rescate que constataron que no mentían o estaban bajo presión, que no eran obligadas a trabajar y que vivían de la prostitución por decisión propia.
De las restantes, 43 aceptaron la asistencia de un programa especial de los gobiernos nacional y sanjuanino (ver aparte), mientras avanza la causa judicial.
Por su parte, si bien los informantes dijeron que cuando la policía irrumpió en los prostíbulos, las mujeres al principio no reaccionaron (por miedo, explicaron los especialistas, es que en estos casos suelen mostrarse del lado del dueño del prostíbulo y en contra de la medida judicial), pero a medida que charlaron con los investigadores se soltaron.
‘Las colombianas, apenas empezaron a trabajar los asistentes de la Oficina de Rescate y del Gobierno de San Juan, pidieron ayuda. Decían que se sentían explotadas y solicitaban que las sacaran de esa situación’, reveló una de las fuentes.
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