GACETILLA DE PRENSA - 20.04.2012

FEIM PRESENTÓ INFORMES ANTE NACIONES UNIDAS
ASIGNATURAS PENDIENTES DEL ESTADO ARGENTINO CON LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES 


La Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer – FEIM presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas un informe que denuncia la deuda que el Estado Argentino mantiene con “una agenda clara respecto de los derechos humanos de las mujeres”. “La falta de estadísticas y registros oficiales, así como de políticas públicas explícitas, siguen siendo los principales obstáculos”, afirma el informe que evalúa el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el país en temas de Violencia hacia las mujeres, trata de personas y VIH/sida.

Por otra parte, FEIM celebró la aprobación por Diputados del proyecto que elevará la condena a los hombres que asesinen a mujeres “cuando mediare violencia de género”. “Es un gran avance que reconoce este grave problema, pero el Código Penal llega tarde, necesitamos actuar en prevención para salvar a las mujeres que son víctimas de violencia ahora”, dijoMabel Bianco, presidenta de FEIM.

La información y las recomendaciones elaboradas por FEIM serán consideradas por las Naciones Unidas en octubre de 2012, durante el próximo “Examen Periódico Universal” (EPU), que se realiza cada cuatro años para evaluar las acciones realizadas por el país para mejorar la situación de los derechos humanos.

El informe valora como un “avance importante” la sanción, en 2009, de la ley 26.485 de “Protección Integral a las mujeres, para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contras las mujeres en todos los ámbitos donde desarrollan sus relaciones interpersonales”, que contempla diferentes tipos y modalidades de violencia y las enmarca en un esquema patriarcal de dominación, entendida como el resultado de una situación estructural de desigualdad de género.

Pero también señala las faltas del órgano de aplicación de la ley –el Consejo Nacional de las Mujeres-, el cual debería coordinar las políticas del área en la que hoy existen múltiples organismos y programas sin conexión ni integración. Además, el informe critica que no se avanzó en la unificación del registro de casos de violencia y que el Observatorio que se debía crear aún no existe. “Esto afecta la adopción de políticas públicas y la evaluación del impacto de las medidas e intervenciones que se implementan”, observa el documento de FEIM.

Por otra parte, el informe de FEIM afirma que el Estado argentino tiene una deuda importante con la atención de la salud sexual y reproductiva de las mujeres que viven con VIH/sida. “Cuando las personas mencionan su condición de VIH, suelen ser discriminadas y frecuentemente se les niega atención porque se considera que deben usar preservativo en todas sus relaciones sexuales y no se aconseja el uso de métodos anticonceptivos, ni la doble protección”, denuncia el informe. A su vez, critica que el tratamiento que reciben continúa siendo únicamente médico-biológico y no considera la violencia, pese a que estudios previos deFEIM y otros organismos demostraron que las mujeres que viven con VIH son más frecuentemente víctimas de violencia.

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

FEIM realizó junto a otras nueve organizaciones de la sociedad civil otro crítico informe sobre el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos. El documento conjunto, también presentado para la evaluación del país ante la ONU, resalta las dificultades en el acceso a métodos anticonceptivos, a anticoncepción quirúrgica, a educación sexual y al aborto y sus consecuencias y las deudas pendientes en materia de educación sexual integral.

Este informe hace un énfasis especial en las muertes de mujeres con relación al embarazo y el aborto desde una perspectiva de derechos humanos. Ante los datos existentes, se insta una vez más al Estado a que adopte medidas eficaces para reducir la tasa de mortalidad materna y a que, además, avance en garantizar la atención de calidad de las complicaciones de abortos y en la legalización del aborto.

Las diez organizaciones firmantes afirman la necesidad de que el Ministerio de Salud Nacional asuma una posición activa y responsable en relación con la implementación de los abortos no punibles que habilita el art. 86 del Código Penal Nacional, según la interpretación emitida en el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, coherente con la Guía Técnica de Atención Integral de los Abortos No Punibles, y que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías (ANMAT) apruebe el misoprostol para las indicaciones obstétricas, que ya fueron aprobadas por la Organización Mundial de la Salud sin restricciones para su uso fuera de los servicios de salud. MÁS INFORMACIÓN 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Un tercer informe presentado a la ONU sobre las dificultades en torno al derecho de acceso a la información pública fue producido por FEIM con otro extenso grupo de organizaciones vinculadas al tema que reclaman por la sanción de una ley de acceso a la información pública.


Informes completos para descargar:
> Violencia hacia las mujeres, trata de personas y VIH/sida
> Derechos Sexuales y Reproductivos



Más información
FUNDACIÓN PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN DE LA MUJER – FEIM. 
            (5411) 4372      .2763 | feim@feim.org.ar | www.feim.org.ar
Mabel Bianco: (5411) 15.6478.3635
Contacto de prensa: 15.4421.4264 | gisela@feim.org.ar

Miércoles 25 de Abril de 2012

MIÉRCOLES 25 DE ABRIL

EL TEMA DE HOY:

"EDUCACIÓN INTEGRAL EN SALTA. LOS PRIMEROS PASOS. LOS AVANCES"

NUESTRA INVITADA:

MARÍA EUGENIA BURGOS

PROF. EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

DOCENTE DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES

CÁTEDRA DE PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO (ADOLESCENCIA Y JUVENTUDES)

INTEGRANTE DEL EQUIPO DE CAPACITACIÓN A DIRECTIVOS DE COLEGIOS PROVINCIALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

 HOY EN:

 EL PROGRAMA DE LA COMISIÓN DE LA MUJER EN LA UNSA.

MIÉRCOLES 15.30 HS

RADIO UNIVERSIDAD

FM 93.9

 

Desigualdades de género: avances y retrocesos

Pese a los avances producidos en la posición que ocupan la mujeres de todo el mundo y a un cierto cambio en el fortalecimiento del enfoque de género en las políticas públicas, nos encontramos inmersos en un sistema que continúa manteniendo y reproduciendo las desigualdades de género.

Paloma Lafuente- CIMAC

Este sistema se basa en el mayor o menor acceso al poder y toma de decisiones, que se refleja en la medida en que mujeres y hombres debemos poder optar en igualdad de oportunidades tanto por el mundo laboral como el sector económico y productivo.

Las desigualdades de género se potencian en contextos donde las diferencias sociales son elevadas, pero también nacen en sociedades mucho más avanzadas socialmente como las europeas.

Pasos adelante, como la aparición de nuevas actoras de la sociedad civil y logros en las leyes, conviven con retrocesos con respecto al aumento de los casos de violencia contra las mujeres, precisamente cuantas mayores cotas de poder son logradas y mayores espacios públicos ocupados.

Las desigualdades que afectan a las mujeres se visibilizan en el ámbito social, a través de procesos de marginación y exclusión, en el plano político, con la desigual participación en la toma de decisiones y, en el ámbito económico, definiendo diferencias de ingresos y de acceso al sistema económico, principalmente.

Durante el último año hemos asistido a la puesta en marcha de distintas campañas tanto nacionales, como especialmente internacionales, que persiguen atajar una de las principales consecuencias de las desigualdades de género: la violencia contra las mujeres.

Este es el caso de la campaña lanzada por el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, para combatir la violencia hacia las mujeres. Dicho paso adelante, junto con otros esfuerzos por parte de gobiernos cada día más sensibilizados con el problema de la violencia de género, no debe confundirnos con la realidad de las cifras y de los indicadores, que hablan del modesto avance en la posición de las mujeres, lejos de convertir la igualdad formal en igualdad real.

Paralelamente, se han producido progresos en el cuidado que de la mujer hacen los medios de comunicación en España. Por motivos más o menos oportunistas, el Gobierno español, junto con las principales cadenas de televisión públicas y privadas, se comprometieron a crear la figura de Defensor de la Igualdad y a involucrarse activamente en la adecuada y justa construcción de identidades de género con la difusión de imágenes positivas sobre las mujeres.

Como vemos, se van logrando avances legislativos en la búsqueda de la igualdad entre géneros pero, al mismo tiempo, seguimos asistiendo a ciertos retrocesos en cuanto a la escasa protección y desamparo de las mujeres ante la ley.

Esta situación la evidencia la violenta campaña de insultos y acusaciones graves que sectores ultraconservadores llevaron a cabo en contra de clínicas abortivas en España, demostrando cómo un derecho reconocido en la Constitución, después de años de lucha de las mujeres, es tirado por la borda en el momento en que tanto médicos, clínicas, como las propias mujeres --estando dentro de los supuestos estipulados por la ley de interrumpir su embarazo-- ocupan el banquillo de los acusados.

Según la profesora Nieves Sanz: "La mujer como individuo puede sufrir cualquier tipo de acción violenta o no, y ser víctima de un delito contra las personas al igual que el hombre, pero ella es también víctima de una serie de delitos por su condición de mujer".

Es así, dice Sanz, víctima y autora según el Código Penal, ya que el aborto es un delito siempre que no respete los supuestos de la ley, una ley que en ocasiones es injusta y que afecta a las mujeres más pobres y con menos recursos.

Sanz es autora del texto "La mujer y su libertad sexual: Tráfico de personas y prostitución", incluido en el libro La igualdad como compromiso, publicado por el Centro de Estudios de la Mujer, de la Universidad de Salamanca.

Salta, Argentina.

Domingo 22 de Abril de 2012

FUENTE: NUEVO DIARIO DE SALTA

Violencia contra la mujer y feminicidio

La violencia contra la mujer en la Argentina alcanza cifras escalofriantes: en el 2009, fueron 231 las mujeres asesinadas por violencia de género; en el 2010, murieron 214 y en el 2011, 282. En la mayoría de los casos los responsables de esos crímenes fueron esposos, concubinos, novios despechados o ex parejas. Para enfrentar este drama, en la Cámara de Diputados, ha obtenido media sanción una ley que incorpora la figura del femicidio o feminicidio, pero son muchos los especialistas que dudan de que esta modificación tenga resultados prácticos. El inciso 1º del artículo 80 del Código Penal establece la prisión o reclusión perpetua para los casos de homicidio agravado por el vínculo, es decir cuando sea efectuado por un ascendiente, descendiente o cónyuge de la víctima. La nueva redacción del inciso 1º fija la pena de reclusión o prisión perpetua para "el que matare a su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia". Se añade un nuevo inciso 4º, en el que se define al feminicidio como "un crimen hacia una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género".

Como se comprueba con la simple lectura, esa redacción plantea numerosas dudas. En primer lugar estamos ante una redundancia, dado que siempre que un hombre mata a una mujer media "violencia de género" y, en segundo lugar, porque imaginamos que no es propósito del legislador considerar agravado, con prisión perpetua, un homicidio simple por el solo hecho que lo cometa un hombre sobre una mujer. En cualquier caso estamos ante un nuevo parcheo de la legislación penal, en unas figuras que ya habían sido objeto de múltiples reformas, con lo que tenemos una profundización de la regulación asistemática del Código Penal.

La mayoría de los códigos penales modernos ha eliminado el homicidio vincular, ya sea por lazos de sangre o por matrimonio, de modo que los vínculos se consideran meros agravantes o atenuantes, y operan según las circunstancias del caso. Por otra parte, otro grave anacronismo consiste en conservar la prisión perpetua, una suerte de "pena infinita", es decir una sanción brutal, desproporcionada, irracional e injusta, agravada actualmente por la reforma propiciada por el "ingeniero" Blumberg, que estableció que para acceder a la libertad condicional la persona condenada a prisión perpetua tiene que cumplir la pauta temporal de 35 años.

La incorporación al Código Penal del feminicidio como figura legal autónoma no resolverá ningún problema. La violencia contra la mujer demanda otro tipo de medidas, como son el establecimiento de una estadística oficial permanente; campañas en los medios de comunicación que alerten sobre esta realidad; establecimiento de juzgados especiales; protocolos de actuación para la policía; abrir refugios para las mujeres amenazadas, etc. Y, fundamentalmente, una labor pedagógica en las escuelas para que los niños aprendan desde temprano que el matrimonio es un contrato perfectamente resoluble y nadie puede quedar obligado a convivir con otra persona en contra de su voluntad.

En esta línea de actuación, la existencia de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que recibe denuncias sobre violencia en la Ciudad de Buenos Aires durante las 24 horas es un buen antecedente. Urge establecer oficinas similares en el resto del país y organizar una encuesta de alcance nacional que pueda registrar toda incidencia sobre la violencia contra mujeres en todo el país. Hasta ahora no se ha hecho un esfuerzo por conocer la dimensión real de esta problemática que suele quedar oculta en el espacio privado del hogar.

En un encuentro celebrado en Buenos Aires, el año pasado, un grupo de mujeres expertas en esta materia consideró que no es necesario ni conveniente avanzar por el camino de la reforma del Código Penal para combatir la violencia machista. "En los países donde se ha creado la figura penal de femicidio o feminicidio, cumple un rol simbólico. Y el Código Penal no debe cumplir sólo esa finalidad", afirmó la abogada boliviana Julieta Montaño, reconocida internacionalmente por su extensa trayectoria en la defensa de los derechos humanos.

De igual modo que existe un populismo de izquierda y otro de derecha, marcados por un estilo similar, se verifica también la existencia de un "populismo penal" de derecha y otro de izquierda, que confía en que aumentando las penas va a resolver problemas de enorme complejidad. La prevención de la violencia hacia las mujeres no se hace modificando el Código Penal, sino implementando políticas públicas integrales y asignando partidas presupuestarias para luchar contra este flagelo. Las medidas meramente simbólicas a la larga resultan contraproducentes, porque sólo sirven para enmascarar la falta de voluntad política y presupuestaria en adoptar las decisiones conducentes a paliar o resolver el problema.

(*) Abogado y periodista

ALEARDO F. LARÍA (*)

DÍA: 24/04/12
FUENTE: diario rionegro.com.ar 

ENTREVISTA PUBLICADA EN PÁGINA/12

SOCIEDAD › PATSILI TOLEDO, LA MAYOR EXPERTA EN FEMICIDIO DE AMERICA LATINA

“La violencia contra las mujeres logró instalarse en la agenda política”

La abogada chilena Patsili Toledo analiza qué sucedió en los países de América latina donde ya fue sancionada una ley que introduce la figura del “femicidio” en el Código Penal.

 Por Mariana Carbajal

Casi diariamente una mujer es asesinada en el país por el hecho de ser mujer. Los casos vienen aumentando año a año, de acuerdo con el Observatorio de Femicidios en Argentina, de La Casa del Encuentro. La expresión más extrema de la violencia machista parece no tener freno y adquiere caras cada vez más espeluznantes: también se han incrementado los casos de mujeres incineradas por sus parejas a partir de la muerte de Wanda Taddei a manos de su esposo y ex baterista de Callejeros, Eduardo Vásquez. El drama del femicidio atraviesa Latinoamérica. Como respuesta, frente a tanto horror, organizaciones de mujeres vienen impulsando la sanción de leyes que tipifiquen el femicidio como delito autónomo. Siete países del continente ya aprobaron normas, con distintas fórmulas. ¿Qué impacto están teniendo? En momentos en que la Cámara de Diputados está próxima a discutir un proyecto sobre el tema, Página/12 entrevistó a una de las mayores expertas latinoamericanas, la abogada chilena Patsili Toledo. Investigadora del Grupo Antígona de la Universidad Autónoma de Barcelona, ciudad donde actualmente reside, Toledo está terminando su tesis doctoral sobre leyes de femicidio en Latinoamérica. En diálogo con este diario analizó el alcance de este tipo de reformas y los resultados que se han observado en los diferentes contextos regionales, particularmente en Costa Rica, donde se registró un pronunciado descenso de los crímenes de mujeres por ser mujeres en el primer año de la aprobación de la ley.

–¿Qué países han tipificado la figura del femicidio y con qué fórmulas?

–Son siete los países que incorporaron ya la figura del femicidio en sus ordenamientos legales: Costa Rica fue el primero en 2007, luego Guatemala y Colombia en 2008, y posteriormente El Salvador, Chile, Perú, Nicaragua y varios estados en México. Pero la definición del tipo penal varía de un país a otro. En algunos países se limita al homicidio cometido en el marco de una relación de pareja, como en Costa Rica y Chile. En cambio, en Guatemala y El Salvador, el alcance es más amplio y abarca a los asesinatos ya sean ejecutados por conocidos o desconocidos de la víctima. Por ejemplo, en Guatemala se define femicidio como “muerte violenta de una mujer ocasionada en el contexto de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, en ejercicio del poder de género en contra de las mujeres”. En 2011 empezó la vigencia de la ley de El Salvador, que había sido aprobada un año atrás. En México, el panorama pre-electoral dio el puntapié inicial para una verdadera ola de tipificaciones: hasta ahora, son once entidades federativas que lo han aprobado (Guerrero, en 2010, y en 2011 Estado de México, Guanajuato, Tamaulipas, Distrito Federal, Morelos, Veracruz, Colima, San Luis Potosí, Chiapas, Durango). En el caso de México, son todos tipos penales amplios, o sea, incluyen tanto cuando el agresor es conocido o desconocido de la víctima. En Perú aprobaron también el tipo penal a finales de 2011, restringido sólo al ámbito de la pareja (más o menos como en Chile) y en Nicaragua aprobaron la ley ahora, en 2012. Mientras tanto, hay procesos de discusión muy avanzados en Honduras y en República Dominicana, y también ha habido mucho debate en Bolivia.

–¿Qué análisis puede hacer de estas leyes?

–Hay experiencias tan variadas como las tipificaciones. Y luego están los problemas de aplicación. En México hay algunos tipos penales que creo están hechos para que después las autoridades salgan diciendo: “En este estado hay muy pocos femicidios, la mayoría son sólo homicidios de mujeres”, porque ponen elementos muy difíciles de acreditar. Pero hay que tener en cuenta que México y Guatemala, dos países emblemáticos en relación con la violencia de género y el femicidio, tienen una tasa de impunidad muy alta en general en el sistema de Justicia, en relación a todos los delitos. El sistema judicial es muy ineficiente. Por eso es muy difícil en esos casos hacer comparaciones. En Guatemala además, se crearon tribunales especiales para casos de femicidios y violencia contra las mujeres, pero por ahora son tres y ni siquiera están en los lugares más poblados. De todas formas, la ley se aplica, pero como el tipo penal era muy amplio tuvieron que establecer un protocolo. El mayor problema, sin embargo, es que muchos jueces lo desconocen, según fue documentado por el procurador de Derechos Humanos de Guatemala. También hay que señalar que los femicidios en México y Guatemala están relacionados con violencia en la pareja, pero muchos también con el crimen organizado y pandillas criminales como las maras, que son fenómenos distintos que los que pueden observarse en Argentina y Chile. En Chile el problema que señalan organizaciones de mujeres es que es un tipo penal muy restringido, por el cual quedan excluidos los novios y los que no son convivientes, y no es mayor la pena en relación con otros homicidios agravados por la relación de parentesco. Colombia tiene un homicidio agravado, cuando es el homicidio de una mujer “por el hecho de ser mujer”. El problema de ese tipo penal es que prácticamente no ha tenido ninguna aplicación. Se aprobó en el 2008 y hasta el año 2010 había sólo una sentencia, porque en la mayor parte de los casos de femicidios íntimos se aplica la figura de homicidio agravado por parentesco, que tiene la misma pena, y es más fácil de acreditar.

–¿Qué impacto han tenido estas reformas? ¿Sirven para prevenir las muertes de mujeres por el hecho de ser mujeres? ¿Para qué sirven?

–El caso más interesante para ver si pueden servir o no es el de Costa Rica. Lo que no se puede determinar si ha sido el efecto de la ley o de la discusión que derivó en su sanción. Allí se trató de una ley que no se limitó al femicidio sino que penalizó la violencia de género. El mensaje que se transmitió fue contundente: la violencia de género es un delito. El año que se aprobó la ley, en 2007, los femicidios bajaron notablemente. En promedio, en Costa Rica hay 35 femicidios por año. Es un país pequeño. 2007 fue el único que tuvo sólo 17. El mensaje de tolerancia cero a la violencia de género fue muy grande. No hay otra explicación para esa reducción tan significativa, y dicen las organizaciones de mujeres que ese efecto se perdió y no perduró porque se empezaron a objetar algunos artículos de la ley, y fueron declarados inconstitucionales. Con lo cual, el mensaje que se dio entonces fue que la ley estaba cuestionada.

–¿Qué artículos se objetaron?

–Fueron justo aquellos por los cuales las mujeres empezaron a llegar en mayor medida a la justicia: los que se referían al maltrato y a la violencia emocional. El año pasado ambos artículos fueron repuestos. ¿La reducción de los femicidios se debió al efecto de la ley o a la implementación de una respuesta fuerte del Estado? En Chile, en cambio, el tipo penal es tan restringido que ni siquiera tuvo un efecto simbólico.

–¿Ya hay condenas por femicidio?

–Sí, hay muchas condenas en Costa Rica, en Guatemala, en Chile e incluso en México.

–¿Qué aspectos rescata de estas leyes?

–La discusión de estas reformas muestra cómo la violencia contra las mujeres ha logrado instalarse en la agenda política, mediática y legislativa, y eso habla de la fuerza del movimiento de mujeres a nivel global. También se ha entendido a las leyes como necesarias para generar transformaciones en el sistema social. Al mismo tiempo, en términos legales y jurídicos ya no se discute la legitimidad de dictar leyes especiales para proteger a las mujeres y agravar la pena para quienes las matan por ser mujeres. Antes se hablaba de violencia intrafamiliar, y no de violencia hacia las mujeres. Pero la ley sola no va a transformar la realidad. No se producen cambios con su sola aprobación. El caso de Costa Rica es muy ilustrativo de que las leyes pueden tener ese efecto. Pero no depende sólo de la ley, también de la discusión y de las medidas efectivas que se implementen para proteger a las mujeres. En Costa Rica eso está funcionando bastante bien.

–Lo importante es llegar antes de que se produzca el femicidio para proteger a las mujeres. ¿Qué otras medidas considera que son necesarias en ese sentido?

–Hay que estudiar el escenario particular de la Argentina, para determinar dónde está fallando el Estado para proteger a las mujeres que resultan asesinadas por ser mujeres. Muchas de ellas llegan a hacer denuncias de violencia. Pero también hay que analizar por qué no llegan a denunciar las que no lo hicieron, y qué otros canales hay que abrir para poder protegerlas. No deberían tener que llegar exclusivamente al sistema penal para pedir protección porque muchas veces las denuncias, iniciar un juicio, las pone más en riesgo. No se puede reducir la protección a lo que se les puede dar por la vía penal.

FUENTE:http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/3-58631-2012-04-15.html

PÁGINA/12: NOTA SOBRE LA INCORPORACIÓN DE LA FIGURA DEL FEMINICIDIO AL CÓDIGO PENAL

SOCIEDAD › LA CAMARA DE DIPUTADOS APROBO EL PROYECTO QUE AGRAVA PENAS EN CASOS DE VIOLENCIA DE GENERO

El femicidio ya tiene media sanción

La iniciativa fue apoyada por 204 diputados, con una sola abstención y ningún voto en contra. Incorpora al Código Penal la figura del femicidio, aunque no se incluye el término. Prevé penas mayores si en un crimen media la violencia machista.

 Por Emilio Ruchansky

La incorporación al Código Penal de los delitos en los que media la violencia de género y los crímenes de odio contra gays, lesbianas y personas trans obtuvo ayer media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación. La iniciativa consiguió un respaldo total, 204 votos a favor y una abstención, y plantea agravantes que llevan las penas a prisión o reclusión perpetua a homicidios que solían atribuirse “a los celos y se definían como crímenes pasionales o de emoción violenta”, remarcó la diputada oficialista Silvia Risko. Durante el debate hubo coincidencia sobre la necesidad de acciones preventivas desde el Estado porque la respuesta penal llega siempre tarde, cuando ya ocurrió la muerte. “Lo que sigue es quitarles la patria potestad a los hombres que hayan matado a sus parejas”, propuso la diputada radical María Luisa Storani.

La iniciativa comenzó a tratarse ayer a las 19, luego de una peleada sesión por el articulado de la ley de reforma política. El diputado del Frente para la Victoria y titular de la Comisión de Legislación Penal, Oscar Albrieu, arrancó el debate marcando tres tipos de “femicidios”, aunque esa palabra no aparece en el proyecto: el íntimo o perpetrado por un conocido; el público, en el caso del asesinato motivado por el género, y el vincular, cuando “se mata a un familiar para castigar a la mujer”.

En el primer caso, se pena con perpetua “al que matare a su ascendiente, descendiente, cónyuge, o a la persona con quien mantenga, haya mantenido, o haya infructuosamente pretendido iniciar una relación de pareja”. Hubo, tras la votación, un intento del diputado del PRO Federico Pinedo de incluir la palabra “estable” cuando se habla de pareja y fue descartado con abucheos. Tampoco se toma en cuenta si hubo o no convivencia al imponer la pena. Además, se incluyen como agravantes: “Placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión”.

El tipo penal es amplio en el segundo caso descripto por Albrieu, ya que se considera “un crimen hacia una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”. El asesinato de un familiar “para causar daño psicológico” a una pareja o ex pareja también se considera agravante. Había sólo 79 presentes cuando este diputado terminó su exposición. “Es evidente que algunas reformas son más atractivas que otras para algunos legisladores, aunque ameriten nuestra atención”, dijo al respecto Risko, en medio de los aplausos de los pocos presentes.

“La mujer no es propiedad de nadie, de ningún hombre. Puede que a cualquier víctima la haya matado la última trompada, pero seguramente antes vivía en la indiferencia. Por eso es necesario que se implementen recursos para las políticas de prevención”, exigió esta diputada, titular de la otra la comisión que intervino: Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. La diputada del Frente Amplio Progresista Victoria Donda coincidió con el diagnóstico y sumó otra crítica: “Cada vez que hablamos de problemática de género nos dan un minuto y medio para exponer, no me parece casual”.

El poco tiempo se debió a la rigidez del nuevo presidente de la Cámara, Julián Domínguez: el debate anterior había durado seis horas. Donda leyó las cifras obtenidas de la prensa por la Asociación Casa del Encuentro: “En 2009 hubo 231 femicidios, 68 eran ex parejas, novios o esposos y existía denuncia policial previa. En 2010 fueron 260 muertes y 282 en 2011”. El diputado del GEN Gerardo Milman, uno de los autores de los 15 proyectos que se presentaron en comisiones, señaló que esta reforma va a permitir hacer estadísticas con casos “que antes eran invisibles para la Justicia”. Laura Alonso, del PRO, evaluó que la inclusión del femicidio es un reflejo de la desigualdad imperante. “Voy a celebrar el día en que deroguemos esto porque habrán triunfado el respeto por la mujer y las libertades individuales”, dijo. Durante el debate se mencionó la cosificación sexual palpable en la televisión y la tardía incorporación de la posibilidad del ligamiento de trompas de Falopio, recién en 2006, como signos de la opresión sobre el cuerpo de las mujeres. “Y también hay que discutir otra violencia, la de la prohibición del aborto”, arrimó Jorge Cardelli, de Proyecto Sur.

Por otra parte, varios legisladores oficialistas y de la oposición reclamaron fondos para implementar el Plan Nacional integral para la erradicación de la violencia de género, aprobado en 2009. También hubo un reconocimiento de Carlos Comi, diputado de la Coalición Cívica, a las organizaciones sociales que impulsaron el debate. “Ojalá los diarios y la televisión nos den tanto espacio como a los hechos de violencia que ocurren a las mujeres, como el caso de Wanda Taddei”, agregó.

Luego de dos horas de debate, a las 21, hubo quórum. El clima era de tanto acuerdo que el jefe de la bancada oficialista, Agustín Rossi, consiguió media hora después que se votara el proyecto en general y en particular de una sola vez.

emilioru@pagina12.com.ar

Diputados aprobó la incorporación del femicidio en el Código Penal

2012-04-18 00:00

Tras lograr la reforma del Código Electoral, debatieron casi dos horas un tema muy reclamado por gran parte de la sociedad.

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad y giró al Senado el proyecto que propone incorporar la figura del femicidio en el Código Penal como un tipo agravado de homicidio, que establece "agravantes por el vínculo" y descarta el uso de atenuantes cuando el hombre tenga antecedentes por violencia.

Tras un debate de casi dos horas, el proyecto fue aprobado por 204 votos, en un tema que reunió el consenso de la mayoría de las bancadas que componen el cuerpo.

La iniciativa final surgió del consenso de 15 proyectos impulsados por diputados de diferentes bloques y llegó al recinto con el compromiso de que se harían algunas modificaciones que finalmente fueron contempladas.

Los proyectos que sirvieron como base para la elaboración del dictamen fueron presentados por Diana Conti, Adela Segarra, Celia Arena, del Frente para la Victoria; Gustavo Ferrari e Ivana Bianchi, del Frente Peronista; Alicia Comelli, del Movimiento Popular Neuquino; Gerardo Milman, del GEN y Marcela Rodríguez, de Democracia Igualitaria y Participativa, entre otros.

El proyecto aprobado hoy propone la reforma del artículo 80 del Código Penal en los incisos 1 y 4, de acuerdo a lo resuelto oportunamente por el plenario de comisiones de Legislación Penal y Familia.

El nuevo inciso 1 del texto plantea la pena de "reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare a su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge, o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia".

En tanto, y a partir de la nueva redacción el inciso 4, define al femicidio como "un crimen hacia una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género".

Incorpora, además, como causales "placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión".

En relación a los que se califica como femicidio vinculado se sumó durante el debate en particular la pena para aquel que cometiera homicidio "con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación".

El texto agrega también que "cuando en el caso mediaren circunstancias extraordinarias de atenuación, el juez podrá aplicar prisión o reclusión de ocho a veinticinco años aunque no será aplicable "a quien en una ocasión anterior hubiera realizado actos de violencia contra la mujer víctima".

En el inicio del debate, el presidente de la comisión de Legislación Penal, Oscar Albrieu (Frente para la Victoria), dijo que este tema "no es nuevo, viene de fondo de la historia" y aclaro que "los que es nuevo es la teorización que se ha hecho como forma extrema de violencia y que ha tenido como efecto hacerlo visible".

En este sentido agregó que "la cuestión debe ser solucionada, como lo estamos haciendo, por parte del Estado, porque encuentra sus raíces en causas sociales, culturales y, a veces, hasta económicas".

Por su parte, la presidenta de la comisión de Familia, Silvia Risko (Frente para la Victoria) destacó que "cuando se habla del tema en los noticieros o en los discursos políticos todos nos llenamos la boca, pero pocos estamos en momentos tan importantes como este".

"Al igual que los derechos conseguidos con este proyecto, antes recuperamos el derecho a votar, el cupo femenino, el derecho de la mujer a la ligadura de trompas, o la legislación contra la violencia de genero", aseveró.

Desde el radicalismo, la diputada Maria Luisa Storani señaló que Si bien apoyó la penalización del femicidio aunque advirtió que "cuando se llega a aplicar el Código Penal es cuando la mujer ya murió".

"Después de Wanda Tadei, en que el músico de Callejeros estuvo un tiempo en libertad, quedo en el imaginario colectivo de los victimarios que puede haber impunidad", puso como ejemplo.

En el marco de los breves discursos que permitieron un ágil tratamiento del tema, la diputada de Libres del Sur, Victoria Donda, celebró la aprobación del proyecto al señalar que "estamos muy satisfechos ya que implica un paso importante en el tratamiento de la violencia de genero en la Argentina".

Agregó que este proyecto "implica un reconocimiento del flagelo de la violencia de genero, y un aporte más a su erradicación".

FUENTE:

http://www.ncn.com.ar/notas/14674-diputados-aproba-la-incorporacian-del-femicidio-en-el-cadigo-penal.html

Revelan que existe una red de trata de personas en San Juan con conexión a otras provincias

18/04/2012 
INVESTIGACIÓN

Afirman que los dueños de los prostíbulos estaban conectados entre sí y con otras provincias.

Los cuadernitos de tapas blandas tienen todos los datos con los pases de las mujeres: el servicio prestado, si había un extra y cuánto costaba. Las anotaciones dicen que por 15 minutos de sexo se cobraban entre $120 y $150 y que por cada servicio, las mujeres recibían apenas entre $25 y $40. Además, hay documentos y pasaportes supuestamente retenidos contra la voluntad de las mujeres rescatadas, por lo que creen que eso les permitía tenerlas amenazadas, para evitar que escapen. Y después está el testimonio de las rescatadas.

Para los investigadores, los allanamientos que hicieron en prostíbulos y en domicilios particulares generaron evidencia no sólo para confirmar la trata de personas, sino que revelan que están ante una organización que operaba en San Juan negociando cuerpos de mujeres. Las fuentes afirmaron que los prostíbulos locales ‘reventados’ por la Policía Federal estaban interconectados entre sí por sus dueños, que a su vez tenían relación con organizaciones de otras provincias.

Es más, altas fuentes de la investigación definieron a esta red, que tiene 24 sospechosos, como una ‘organización mafiosa’. ‘Para no tener problemas con la Policía, aparentemente iban intercambiando las chicas por los prostíbulos de los distintos departamentos y luego las sacaban fuera de la provincia, con lapsos que variaban entre 15 y 30 días. Es posible que a una de las chicas rescatada en Rodeo, dentro de un par de semanas la hubiésemos encontrado en Media Agua y el mes que viene en Mendoza’, contó la fuente que pidió reserva de identidad. Algunas de los chicas, por las declaraciones informales recogidas en el megaoperativo, no llevaban más de 15 días en San Juan.

De acuerdo a los investigadores del caso, creen que los 16 prostíbulos estaban conectados entre sí a través de dueños, encargados y responsables que viven en San Juan. Y que a su vez, éstos tenían conexión con otras organizaciones de diferentes provincias, como Mendoza y San Luis. Ayer, de hecho, hicieron tres allanamientos en domicilios de algunos de estos propietarios detenidos, para tratar de aportarle más elementos a la causa.

De acuerdo a la ley, el delito de trata de personas es castigado con penas de 3 a 6 años de prisión, que puede elevarse a 10 si el culpable fuese familiar directo o cónyuge de la víctima.

En el caso de que las víctimas sean menores de edad (como el caso de una adolescente de 17 años rescatada de un whiskería el fin de semana pasado) la escala penal se eleva de 4 a 10 años de prisión. Y si se trata de menores de 13 años, será 6 a 15 años de prisión efectiva.

EXTRANJERAS

En el megaoperativo del fin de semana pasado, la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, del Ministerio de Justicia de la Nación, confirmó que identificaron y rescataron a 43 víctimas del delito de trata de personas, entre las cuales una de ellas era menor de edad y el resto mayores.

Las víctimas eran de nacionalidades argentina, paraguaya, dominicana y colombiana.

En realidad, en el operativo simultáneo que se hizo en 16 prostíbulos de cinco departamentos encontraron a casi 100 mujeres, de las cuales más de la mitad quedó desligada porque manifestó, ante la presencia de psicólogos de la Policía Federal y de la Oficina de Rescate que constataron que no mentían o estaban bajo presión, que no eran obligadas a trabajar y que vivían de la prostitución por decisión propia.

De las restantes, 43 aceptaron la asistencia de un programa especial de los gobiernos nacional y sanjuanino (ver aparte), mientras avanza la causa judicial.

Por su parte, si bien los informantes dijeron que cuando la policía irrumpió en los prostíbulos, las mujeres al principio no reaccionaron (por miedo, explicaron los especialistas, es que en estos casos suelen mostrarse del lado del dueño del prostíbulo y en contra de la medida judicial), pero a medida que charlaron con los investigadores se soltaron.

‘Las colombianas, apenas empezaron a trabajar los asistentes de la Oficina de Rescate y del Gobierno de San Juan, pidieron ayuda. Decían que se sentían explotadas y solicitaban que las sacaran de esa situación’, reveló una de las fuentes.

http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.php?noticia_id=514297

Actividad CONSAVIG, provincia de Buenos Aires.

GRilla Red Nosotras

ABOGADAS DE DESTACADA ACTUACIÓN NACIONAL DEBATEN ASPECTOS JURÍDICOS DEL ABORTO

Ayer  en el Aula Magna de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, en San Salvador de Jujuy, se desarrolló una mesa panel, con debate posterior, sobre los ASPECTOS JURÍDICOS DEL ABORTO.

La actividad, organizada por el Área Interdisciplinaria de Estudios de la Mujer y de Género, de dicha facultad se realizó en el marco de la Campaña Nacional por el Derecho al aborto legal, seguro y gratuito, cuyo lema es “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito, para no morir”. 

El panel estuvo integrado por abogadas de destacada actuación nacional, que adhieren a la mencionada Campaña, como la Dra. Nelly Minyersky, consultora de Posgrado de la Facultad de Derecho de la U.B.A y directora de la Maestría Interdisciplinaria de Especialización de Posgrado en Problemáticas Infanto-Juveniles; la Dra. Nina Brugo Marcó, presidenta de la Comisión de la Mujer del Colegio de Abogados de Buenos Aires y la Dra. María Elena Barbagelata, Diputada Nacional (M.C.) y presidenta de la Comisión de la Mujer de la Federación Argentina de Colegios de Abogados

Trata de personas y derechos humanos

Por Omar Argüello*  - 07/04/12 - 11:16

Los presuntos autores de los crímenes contra Marita Verón han sido llevados a la Justicia. Es el resultado de una larga, heroica y solitaria lucha de una mujer, Susana Trimarco. Otras miles de mujeres jóvenes, provenientes en su mayoría de hogares humildes, siguen sufriendo vejámenes sin que se haga mucho para erradicar ese flagelo y castigar a los responsables. Otros crímenes aberrantes, como los cometidos en los 70 fueron denunciados, llevados a juicio y castigados, por la acción ejemplar de organismos de derechos humanos y de gobiernos como los de Raúl Alfonsín y de Néstor y Cristina Kirchner. Ante respuestas tan dispares de la sociedad y sus gobernantes, parece necesario hacer algo para que los crímenes cometidos contra Marita Verón y tantas otras, reciban una respuesta en la línea de la que recibieron los crímenes de los años setenta.

En esa respuesta ejemplar seguramente ha influido la investidura de los autores de esos crímenes, lo que ha llevado a considerarlos como una forma de “terrorismo de Estado”. Esta definición ha instalado en la conciencia colectiva un rechazo profundo que no han podido alcanzar crímenes aberrantes como ‘la trata de personas’, pese a que en ellos también ha existido secuestro, tortura y desaparición de las mismas. Se dirá que la respuesta diferente está dada por el hecho que estos últimos habrían sido cometidos por simples delincuentes comunes, lo que no es tan cierto, como tampoco lo es que los crímenes de los años setenta hayan sido cometidos por el Estado. Esta última afirmación nace del error conceptual de confundir Estado y Gobierno. Max Weber nos enseña que el Estado es “un instituto político”, que “no existe una personalidad colectiva en acción”, y que sólo las personas individuales “pueden ser sujetos de una acción”. Desde una perspectiva menos conceptual, cuando se habla de ‘políticas de Estado’, lo que se intenta es reducir la distancia entre esas dos instituciones al incluir en las decisiones públicas a otras fuerzas políticas, además de la que está en el gobierno. Los crímenes que tuvieron lugar durante los gobiernos de Isabel Perón y de la dictadura militar no fueron llevados a cabo por el Estado sino por funcionarios de esos gobiernos, personas que ocupaban o usurpaban lugares en el funcionamiento del aparato del Estado. Las acciones de esos funcionarios obligan jurídicamente al “instituto político” a reparar los daños causados, lo que de hecho ha ocurrido con las indemnizaciones y pensiones vitalicias otorgadas a las víctimas y sus familiares. Pero esto no lo convierte en autor de esos crímenes. No hay un Estado terrorista; hay personas que ponen los recursos de ese “instituto político” al servicio de sus ideologías o intereses materiales. Y en esto no se diferencian mucho de los actores de los crímenes cometidos en la trata de personas, dado que los mismos serían realizados por (o contarían con el apoyo y connivencia de) personas en lugares en los mecanismos de intervención del Estado, tanto de encargados de aplicar su monopolio de la coacción física, como de los que administran justicia.

La confusión conceptual entre Estado y Gobierno, que colaboró con el error de dar la categoría de crímenes de Estado a unos y de delitos comunes a otros, ha influido para que la sociedad haya permitido la creación de estereotipos que terminan jugando un papel clasista y discriminatorio. Uno de esos estereotipos encumbra, a nivel de héroes, a jóvenes de clase media por haberse levantado en armas para imponer sus ideales; otro, a través del mecanismo de reducir la trata de personas a un delito común, ningunea a mujeres jóvenes mayoritariamente de condición humilde, sin posibilidades de haberse forjado ideal alguno, condenadas a vivir como esclavas sexuales y perdiendo día a día los últimos resabios de persona humana.

La sociedad toda, así como sus gobernantes, debieran comprometerse más para que crímenes aberrantes como la trata de personas reciban un tratamiento cercano al de los cometidos por los hombres de López Rega y de la dictadura militar. En tanto esto no ocurra, la sociedad y sus gobernantes son cómplices por inacción frente a crímenes tan aberrantes como las violaciones en los cuerpos y los ultrajes a la dignidad de las personas, perpetrados en forma repetida, varias veces cada día, durante años.

·         Sociólogo.

Marcha por Marita Verón

03-04-12
A diez años de que Marita Verón desapareciera a manos de una red de trata, una marcha en Tucumán y una concentración en Buenos Aires pedirán justicia por la joven tucumana. Encabezada por Susana Trimarco, madre de Verón, la marcha en Tucumán contará con la participación de organizaciones y dirigentes sociales de todo el país, muchos de los cuales también presenciarán, durante el día, una nueva audiencia en el juicio que investiga las acusaciones a 13 imputados por el secuestro y la desaparición de la mujer.
A las 20, la marcha partirá de los tribunales rumnbo a la plaza Independencia.
En Buenos Aires, a las 18, la asociación civil La Casa del Encuentro convocó a una concentración en el Congreso Nacional.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-191012-2012-04-03.html