viernes, 1 de marzo de 2013
Talleres de sensibilización para la plena vigencia de la ley de violencia de género
La Corte de Justicia de Salta informó que realizará la próxima semana un “Taller de sensibilización para la plena vigencia de la Ley de Violencia de Género”. Esta actividad se realizará en coincidencia con el Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo y está destinada especialmente a los equipos técnicos de la Oficina de Violencia Familiar, del Servicio de Psicología y del Servicio Social del Poder Judicial de Salta.
La organización está a cargo de la Corte de Justicia de Salta, a través de su representante ante la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Jueza de Corte Susana Graciela Kauffman de Martinelli en forma conjunta con el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo). Además cuenta con el apoyo de la Comisión de la Mujer de la Universidad Nacional de Salta y la CONSAVIG (Comisión Nacional para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género).
Las actividades estarán a cargo de Cristina Zurutuza, integrante del Área de Género del INADI y se desarrollarán durante la jornada conmemorativa y de reflexión, el mismo viernes 8 de marzo, de 10 a 12 y de 17 a 19.
El Congreso de la Nación argentina dictó en 2009 la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación a su vez dictó la Acordada 13/2009, de creación de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con la finalidad de incorporar dentro del Poder Judicial una mirada sensible a las cuestiones de género, que impacte en la calidad y eficiencia de la prestación del servicio de justicia.
Con esta finalidad es la actividad programada busca dotar a los equipos técnicos del Poder Judicial de herramientas conceptuales que posibiliten el debido cumplimiento de la Ley y desterrar a la vez prejuicios de género.
Esta actividad es gratuita. Las inscripciones se recibirán en forma telefónica en 4258000, interno 4125.
viernes, 15 de febrero de 2013
No fue un crimen pasional, fue un caso de violencia de género
La Corte de Justicia confirmó la sentencia de la Cámara en lo Criminal del Distrito Judicial Orán contra Darío Guillermo Medina por el delito de homicidio simple en perjuicio de María Leonor Pérez.
El hecho se produjo en la madrugada del 25 de diciembre de 2009. La mujer falleció producto de las siete heridas contusas en el cuero cabelludo causadas con una piedra y cuatro heridas cortantes en la cara posterior del cuello que fueron producidas con un cuchillo. Piedra y cuchillo fueron abandonados en el mismo lugar del hecho que fue denunciado pasado el mediodía.
Medina confesó el delito espontáneamente tras lo cual anunció a amigos y conocidos que se iría del lugar. Fue detenido finalmente en Frías, Santiago del Estero.
La Corte de Justicia sostuvo que la sentencia del tribunal de Orán resultaba congruente respecto de la prueba producida impidiendo su descalificación como acto jurisdiccional válido.
Pero también recordó el Alto Tribunal el artículo 5 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación hacia la mujer en donde los estados partes asumen la obligación de “modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos”.
La Corte de Justicia sostuvo que no se puede continuar apelando a la figura del “crimen pasional para referirnos al asesinato de mujeres víctimas de la violencia de género”. Y recordó el Decálogo para el tratamiento periodístico de la violencia contra las mujeres realizado por PAR (Periodistas de Argentina en Red) en cuanto a que “un delito no tiene nada que ver con la pasión. El término pasional remite a la equivocada idea acerca de la existencia de un tipo de ¿amor? Tan ‘intenso’ y ‘apasionado’ que no permite frenar los impulsos asesinos, frente a distintos tipos de situaciones, todas ellas marcadas por la idea de propiedad de la mujer, es decir, de su cosificación y consecuente degradación de su dignidad como persona”
Cuestionó que la sentencia calificara al delito como pasional porque “de alguna forma contribuye a legitimar la reproducción de patrones socioculturales de conducta basados en la idea de superioridad del sexo masculino, además de dar un confunso mensaje en torno a la gravedad criminal de la agresión sexista que llevó –en este caso- a terminar injustamente con la vida de una mujer”.
Y agregó que “nuestro ordenamiento jurídico y constitucional no permite excusas frente a la violencia de género en ningún caso”.
Salta, 15 de febrero de 2013
jueves, 14 de febrero de 2013
martes, 12 de febrero de 2013
Andrea Lopez, desaparecida 9 años
Comunicado de Mujeres por la Solidaridad
a 9 años de la desaparición de
ANDREA NOEMÍ LÓPEZ
Desaparecida el 10 de febrero de 2004
Hace 9 años, el 10 de febrero de 2004, desapareció Andrea Noemí López
en Santa rosa, Provincia de La Pampa.
La típica inacción policial y judicial en estos casos, sobre todo en
las primeras semanas, la pérdida de pruebas por negligencia o franca
connivencia, han determinado que hasta hoy no se sepa qué ha sucedido
con Andrea. Sólo recientemente y por el impulso de movimientos de
mujeres en todo el país y la asistencia de un abogado particular, han
surgido pruebas que permiten investigar su presunto femicidio a manos
de su proxeneta y el hombre con el que convivía y tenía un hijo,
Víctor Purreta.
Es de suponer que la calidad de boxeador reconocido en La Pampa de
este último y el hecho de ser Andrea una mujer prostituida,
contribuyeron a este resultado de pruebas arruinadas y contaminadas y
de justicia demorada.
Sin embargo, los esfuerzos de su madre Julia Ferreyra y el
acompañamiento del movimiento de mujeres, particularmente Mujeres por
la solidaridad de La pampa, permitieron que se condenara a Purreta
por promover y facilitar la prostitución de Andrea y recientemente ha
sido procesado por homicidio simple.
Instamos a la justicia a superar los prejuicios clasistas y sexistas
presentados como argumentos jurídicos, teniendo en cuenta las
dimensiones y características de los crímenes de género y a adoptar
todos los instrumentos legales, nacionales e internacionales vigentes
en nuestro país, que incorporan la perspectiva de género en la propia
definición de las graves violaciones a los derechos humanos a la que
son sometidas miles de mujeres.
Reivindicamos los avances actuales de la causa y exigimos que se
continúe la investigación por la desaparición de Andrea y se
profundicen todas las hipótesis.
Denunciamos las complicidades policiales y judiciales que demoraron y
entorpecieron la investigación.
POR LA APARICIÓN CON VIDA DE TODAS LAS MUJERES DESPARECIDAS POR LAS
REDES DE PROSTITUCIÓN
POR JUICIO Y CONDENA A TODOS LOS RESPONSABLES DE DESAPARICIONES,
FEMICIDIOS, EXPLOTACIÓN SEXUAL Y TODA FORMA DE VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES
Adherimos a todos los actos que se realicen en Santa Rosa para que la
lucha por Andrea, es decir la lucha por la justicia, continúe viva
hasta encontrarla.
Campaña abolicionista “Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución”
Ciudad de Bs. As.: ATEM “25 de noviembre” – Grupo Des-pegar vínculos
sin violencia – Asoc. de Mujeres argentinas por los DDH - Seminario de
DDHH con perspectiva de genero Fac de FFy L UBA – Librería de Mujeres
– Taller permanente de la Mujer – CATW – Feministas en Acción –
Liliana Azaraf – Cristina Arriagada
Santa Fe: Grupo Generar – Silvina Sierra
Tucumán: Las Liliths feministas de Tucumán
Santa Rosa la Pampa: Mirta Fiorucci
San Clemente: Mujeres de las Orillas
Para contacto:
Ciudad de Buenos Aires
Marta Fontenla: atem@cpacf.org.ar, tel. (011) 4374-0389, (011) 156-5432152,
Marcela D´Angelo: dangelomarcela@fibertel.com.ar tel: (011)
4433-4010, (011) 153- 0135607
Santa FE
Silvina Sierra: Nenucha71@hotmail.com (0342 )15 4099741
Liliana Loyola: loyolaliliana@yahoo.com.ar (0342) 15 6110867
Generar: generarsantafe@gmail.com
Tucumán: laslilith@yahoo.com.ar
Santa Rosa La Pampa:
Mirta Fiorucci: mirtafiourucci@gmail.com.ar
E mail Campaña Abolicionista: niunavictimamas@yahoo.com.ar
a 9 años de la desaparición de
ANDREA NOEMÍ LÓPEZ
Desaparecida el 10 de febrero de 2004
Hace 9 años, el 10 de febrero de 2004, desapareció Andrea Noemí López
en Santa rosa, Provincia de La Pampa.
La típica inacción policial y judicial en estos casos, sobre todo en
las primeras semanas, la pérdida de pruebas por negligencia o franca
connivencia, han determinado que hasta hoy no se sepa qué ha sucedido
con Andrea. Sólo recientemente y por el impulso de movimientos de
mujeres en todo el país y la asistencia de un abogado particular, han
surgido pruebas que permiten investigar su presunto femicidio a manos
de su proxeneta y el hombre con el que convivía y tenía un hijo,
Víctor Purreta.
Es de suponer que la calidad de boxeador reconocido en La Pampa de
este último y el hecho de ser Andrea una mujer prostituida,
contribuyeron a este resultado de pruebas arruinadas y contaminadas y
de justicia demorada.
Sin embargo, los esfuerzos de su madre Julia Ferreyra y el
acompañamiento del movimiento de mujeres, particularmente Mujeres por
la solidaridad de La pampa, permitieron que se condenara a Purreta
por promover y facilitar la prostitución de Andrea y recientemente ha
sido procesado por homicidio simple.
Instamos a la justicia a superar los prejuicios clasistas y sexistas
presentados como argumentos jurídicos, teniendo en cuenta las
dimensiones y características de los crímenes de género y a adoptar
todos los instrumentos legales, nacionales e internacionales vigentes
en nuestro país, que incorporan la perspectiva de género en la propia
definición de las graves violaciones a los derechos humanos a la que
son sometidas miles de mujeres.
Reivindicamos los avances actuales de la causa y exigimos que se
continúe la investigación por la desaparición de Andrea y se
profundicen todas las hipótesis.
Denunciamos las complicidades policiales y judiciales que demoraron y
entorpecieron la investigación.
POR LA APARICIÓN CON VIDA DE TODAS LAS MUJERES DESPARECIDAS POR LAS
REDES DE PROSTITUCIÓN
POR JUICIO Y CONDENA A TODOS LOS RESPONSABLES DE DESAPARICIONES,
FEMICIDIOS, EXPLOTACIÓN SEXUAL Y TODA FORMA DE VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES
Adherimos a todos los actos que se realicen en Santa Rosa para que la
lucha por Andrea, es decir la lucha por la justicia, continúe viva
hasta encontrarla.
Campaña abolicionista “Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución”
Ciudad de Bs. As.: ATEM “25 de noviembre” – Grupo Des-pegar vínculos
sin violencia – Asoc. de Mujeres argentinas por los DDH - Seminario de
DDHH con perspectiva de genero Fac de FFy L UBA – Librería de Mujeres
– Taller permanente de la Mujer – CATW – Feministas en Acción –
Liliana Azaraf – Cristina Arriagada
Santa Fe: Grupo Generar – Silvina Sierra
Tucumán: Las Liliths feministas de Tucumán
Santa Rosa la Pampa: Mirta Fiorucci
San Clemente: Mujeres de las Orillas
Para contacto:
Ciudad de Buenos Aires
Marta Fontenla: atem@cpacf.org.ar, tel. (011) 4374-0389, (011) 156-5432152,
Marcela D´Angelo: dangelomarcela@fibertel.com.ar tel: (011)
4433-4010, (011) 153- 0135607
Santa FE
Silvina Sierra: Nenucha71@hotmail.com (0342 )15 4099741
Liliana Loyola: loyolaliliana@yahoo.com.ar (0342) 15 6110867
Generar: generarsantafe@gmail.com
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Mirta Fiorucci: mirtafiourucci@gmail.com.ar
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domingo, 3 de febrero de 2013
París / La iniciativa dividió a la sociedad francesa. Hubo multitudinarias marchas a favor y en contra del proyecto
Francia le da luz verde al matrimonio homosexual
03:40 Por 249 votos a favor contra 97, los diputados aprobaron el artículo 1º del texto. Los debates seguirán varios días más.

Francia le da luz verde al matrimonio homosexual
En un debate que dividió en dos al país, la Asamblea Nacional francesa aprobó ayer el artículo del proyecto de ley que legaliza en Francia el matrimonio homosexual, un polémico tema que dio lugar en este país a multitudinarias manifestaciones de partidarios y detractores.
Por 249 votos a favor contra 97, los diputados adoptaron el artículo 1 del texto, el más importante de todos, que indica que “el matrimonio se contrae entre dos personas de sexo diferente o del mismo sexo”. Los debates se prolongarán durante varios días más.
Los diputados de la mayoría parlamentaria de izquierda votaron a favor de esta promesa electoral del actual presidente socialista, Fran‡ois Hollande. La mayoría de los diputados de derecha o del centro votaron en contra.
“Nos sentimos felices de haber superado esta primera etapa”, se congratuló la ministra de Justicia, Christiane Taubira, que defiende el texto del gobierno en la Asamblea. “Vamos a reconocer la libertad de todos y de todas para elegir su pareja y construir un futuro común”, añadió.
“El Gobierno ha optado por una decisión que no deseamos”, replicó el diputado de la UMP (derecha) Philippe Gosselin, retomando lo esencial de los argumentos de los opositores, apoyados por la Iglesia católica.
Pese a esta votación, unas 90 manifestaciones contra el matrimonio “para todos” y contra la adopción por parejas homosexuales se realizaron ayer en varias ciudades.
Legalizado ya y adoptado en las costumbres de muchos países, el matrimonio homosexual ha dado en efecto lugar a apasionadas polémicas en Francia.
El martes de madrugada, opositores al proyecto de ley desplegaron en los puentes de París banderolas que repiten las consignas de las manifestaciones contra el “matrimonio para todos”: “un padre y una madre, es elemental” o “todos nacidos de un hombre y una mujer”.
Los debates en la Cámara Baja del Parlamento francés durarán dos semanas y se anuncian interminables, dado que la oposición de derecha ha presentado miles de propuestas de enmienda y varias mociones de procedimiento.
Las posiciones son conocidas y tajantes. Para la derecha, apoyada por las iglesias, un niño necesita padres de sexo diferente.
Con el gobierno, la izquierda defiende la igualdad de derechos para las parejas homosexuales y para sus hijos.
La derecha desplegó ya las armas que utilizará en el Parlamento: cuenta defender 5.000 enmiendas, un número excepcionalmente alto, y tres mociones de procedimiento, una de las cuales reclamará un referéndum sobre el tema.
El presidente de la comisión de leyes de la Asamblea Nacional, el socialista Jean-Jacques Urvoas, declaró que espera un agotamiento de la “guerrilla” parlamentaria. “Para hacer obstrucción, se necesitan obstructores. Ellos no tienen las tropas necesarias”, dijo respecto a la bancada de derecha.
Para ser aplicada, la ley tiene que ser votada por la Asamblea y por el Senado, donde, como en la Cámara Baja, la izquierda es mayoritaria.
Según un sondeo realizado por el instituto Ifop que fue publicado ayer, los franceses son mayoritariamente favorables al matrimonio homosexual (63 por ciento), pero la opinión está más dividida con respecto a la adopción (49% a favor, 51% en contra).
El presidente francés, en Mali
El presidente francés, Fran‡ois Hollande, quien había prometido durante la campaña electoral impulsar la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, llegó ayer a Bamako, la capital de Mali, y ante miles de personas declaró que el terrorismo en el norte de ese país africano ha sido rechazado, pero no vencido.
“El terrorismo ha sido repelido, pero todavía no ha sido vencido”, dijo Hollande e hizo hincapié en que “los grupos terroristas han sido debilitados, pero no han desaparecido. Lo que debemos hacer es continuar y Francia continuará con ustedes el tiempo que haga falta”, finalizó.
http://www.eltribuno.info/salta/248524-Francia-le-da-luz-verde-al-matrimonio-homosexual.note.aspx
EN URUGUAY, PRIMER PAIS SUDAMERICANO QUE LEGALIZO LA INTERRUPCION DEL EMBARAZO
Por Mariana Carbajal
El problema es que en algunos distritos, como Salto, han sido la totalidad de los ginecólogos los que apelaron a esa figura para dar la espalda a las mujeres que necesitan un aborto. El tema preocupa al Ministerio de Salud Pública, que decidió organizar en marzo un taller para informar y debatir sobre los alcances de la objeción de conciencia. También se definirá si se resuelve que los médicos objetores deban fundamentar por escrito esa posición. “La discusión actual se basa en el concepto de objeción de conciencia ya que hay gran confusión al respecto con otras conductas como la seudo objeción, la objeción más por conveniencia que por conciencia y la desobediencia civil. El Ministerio de Salud Pública ha convocado a un taller de alto nivel con el Colegio Médico y la Universidad para generar insumos al respecto”, señaló a Página/12 Leonel Briozzo, subsecretario de Salud Pública –segundo en la jerarquía de la cartera sanitaria– y profesor titular de Clínica Ginecotocológica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República.
La ley fue aprobada por el Parlamento uruguayo en octubre, impulsada mayoritariamente por el Frente Amplio, que debió aceptar que sea más restrictiva de lo que pretendía el oficialismo para lograr los votos necesarios para su sanción. La flamante norma despenalizó el aborto en las primeras 12 semanas de gestación, siempre que la mujer siga con un laberíntico proceso de consulta, y hasta las 14 semanas si se trata de un embarazo producto de una violación. En las propias filas del FA hubo resistencias a apoyar la iniciativa. Apenas aprobada, desde sectores conservadores lanzaron una campaña de recolección de firmas para llamar a un referéndum, con el objetivo de lograr su derogación. En ese contexto, entró en vigor la ley el 3 de diciembre, luego de que el Ejecutivo la reglamentara y el Ministerio de Salud Pública elaborara un manual de procedimiento para las instituciones y los profesionales de la salud y una guía técnica para la atención de los abortos legales. Cuando esté en grave riesgo la vida de la mujer o el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida extrauterina, no habrá límites para acceder a la interrupción del embarazo. De esta forma, Uruguay se convirtió en el primer país de Sudamérica que despenaliza el aborto si la mujer cumple con un procedimiento establecido, que incluye la consulta a un equipo interdisciplinario que le ofrecerá alternativas al aborto, como la adopción, y reflexionar su decisión durante cinco días que corren desde el momento que hace la primera consulta.
A pesar del auspicioso comienzo en su implementación, el Ministerio de Salud Pública enfrentará una denuncia penal por un aborto que no pudo concretarse por presuntas fallas en la medicación suministrada. Una mujer que concurrió al hospital público de Las Piedras, en el departamento de Canelones, denunció que solo le dieron una de las dos drogas indicadas, y que luego de que no le provocara la interrupción del embarazo, no se le quiso practicar un legrado porque ya la gestación llevaba 13 semanas y el plazo que fija la ley para realizar el aborto es de 12. Por esa razón, la mujer, identificada como Laura Galván, anunció que se presentará en la Justicia para demandar a las autoridades sanitarias por presunta mala praxis. “A mí no me dan solución y por eso voy a hacer la denuncia penal. Lo que hicieron conmigo fue una mala praxis. Si me hubieran informado que si fracasaba se iban a lavar las manos, no tomo la medicación”, dijo Galván al diario uruguayo El Observador. Consultado sobre este caso por Página/12, el subsecretario de Salud dijo que “se está investigando”, para deslindar responsabilidades y saber exactamente qué pasó. Las autoridades sanitarias solicitaron a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) un sumario administrativo, para saber si la medicación fue dada correctamente, si se le indicaron los comprimidos en el momento adecuado, y de quién es la responsabilidad, explicó la responsable del área de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud Pública, Leticia Rieppi.
Por otra parte, la Dirección General de la Salud (Digesa) comenzó hace algunas semanas a hacer una “farmacovigilancia” sobre las drogas que se están utilizando para interrumpir los embarazos. Rieppi explicó que se analiza la efectividad para la población, las posibles fallas que se puedan detectar y los efectos secundarios de la medicación. En dos meses estarán los primeros resultados.
El proceso para acceder a la IVE, de acuerdo con la reglamentación, se inicia con la consulta al ginecólogo en la que la mujer expresa su decisión de interrumpir su embarazo. En un plazo no mayor a 24 horas, el centro de salud –público o privado– debe convocar al equipo multidisciplinario, establecido por la ley, para acompañar a la mujer. La usuaria tiene que salir de la primera consulta con el día, hora y lugar donde se realizará la segunda. En la segunda consulta debe estar el ginecólogo, un profesional del área de la salud mental y otro del área social. El segundo asesorará en cuanto al mejor acompañamiento del proceso y el tercero respecto de las posibilidades de adopción y planes sociales y de apoyo a las embarazadas, entre otros puntos. Estos profesionales nunca podrán emitir juicios de valor en busca de influir sobre la decisión de la mujer. El plazo de cinco días de reflexión dispuesto por la ley corre desde la primera consulta. Cumplido ese período, la mujer vuelve a su ginecólogo y ratifica o rectifica su decisión. Si continúa con la voluntad de abortar, se firmará el consentimiento informado y se procederá a la realización del aborto a través de los medicamentos indicados y de forma ambulatoria, con la excepción de que la historia clínica de la paciente requiera internación.
Percovich contó que usuarias de los servicios de IVE han manifestado algunas maniobras en la atención para influir en su decisión. “En muchos casos, cuando pasan por la ecografía para confirmar el embarazo, las invitan a ‘oír los latidos’. Y les ponen caras cuando anuncian su decisión de abortar. En un caso, el ginecólogo le largó una carcajada a una mujer. Otro problema es que el misoprostol no es eficiente en todos los casos. Falla para mi gusto en un porcentaje no menor. Y entonces tienen que hacerle raspaje. Y si la mujer se encuentra con un médico reticente, se le complica. La otra es que se pase el plazo de 12 semanas”, describió Percovich. Esta última situación es la que denunció la mujer que se atendió en el hospital de Las Piedras, en Canelones.
La ex diputada destacó el trabajo llevado a cabo años atrás por el doctor Briozzo, para montar equipos para la atención pre y post aborto en casi todos los departamentos (provincias) del país. “Ahora la situación se complica porque entran a jugar más actores en el paso de la usuaria por el sistema de salud”, observó. No obstante, su evaluación en términos generales es positiva: “Que se hayan atendido unos doscientos abortos en el primer mes nos pareció un buen comienzo. Esto va a ser una batalla permanente contra el poder médico y con todos los conservadores de este país, que son muchos. Es interesante que el ministerio quiera definir en qué consiste la objeción de conciencia para que no la usen para evitar trabajar más por el sueldo que ya cobran. Por supuesto, han armado un escándalo con eso algunos médicos”, indicó Percovich.
Sobre la objeción de conciencia y la intención del Ministerio de Salud Pública de clarificar su alcance, se pronunciaron algunos médicos. Según publicó el diario uruguayo El País, un catedrático, Justo Alonso, cuestionó que se deba fundamentar la objeción y advirtió que sus colegas se sienten “presionados” para cumplir con la ley que despenaliza la interrupción del embarazo. Y otro ex profesor universitario, Enrique Pons, fue en la misma línea: dijo que “pedir explicaciones de la objeción de conciencia a alguien es como preguntarle ¿por qué cree usted en determinados lineamientos éticos o en determinada religión?”.
Finalmente, para Briozzo, más allá de ciertas resistencias médicas y de las características propias de la ley, su implementación significa “un avance indudable en la concreción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres uruguayas y por tanto de toda la sociedad”. “Es una ley compleja, fruto de una negociación política y es perfectible –como todas las leyes. Sin embargo, no ver las ventajas que esta nueva situación tiene para las mujeres, sobre todo las más vulnerables, es un error estratégico grave. El objetivo del gobierno es que se den las condiciones para las decisiones conscientes de las mujeres, de manera libre, responsable e informada. Desde la despenalización hasta el programa Uruguay Crece Contigo –de apoyo a la maternidad y primera infancia en sectores vulnerables–, la matriz es la misma. Buscamos reducir la morbi-mortalidad materna pero además disminuir el número de abortos en base a que disminuya la necesidad de las mujeres de recurrir a la IVE. Está demostrado que la despenalización junto a las políticas educativas y las de anticoncepción disminuyen el número de abortos”, concluyó el funcionario.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-213130-2013-02-03.html
Dos meses de aborto legal
Sólo el 30 por ciento de los ginecólogos se declaró objetor de conciencia. En el primer mes, se hicieron más de 200 interrupciones de embarazos. Las autoridades sanitarias apuntan a reducir el número de abortos.
Por Mariana Carbajal
Con un fuerte compromiso de las autoridades sanitarias y la resistencia de una minoría de médicos, se aplica en Uruguay desde hace casi dos meses la ley que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en las primeras 12 semanas de gestación, con el requisito de seguir un procedimiento de consultas. Durante el primer mes, se realizaron más de doscientos abortos. En ese lapso se registró sólo una denuncia de mala praxis. Y sólo un 30 por ciento de los obstetras se declararon objetores de conciencia. Las autoridades sanitarias apuntan a “reducir la morbi-mortalidad materna pero, además, a que baje el número de abortos en base a que disminuya la necesidad de las mujeres de recurrir a la IVE”, dijo a Página/12 el viceministro de Salud, Leonel Briozzo. “Está demostrado que la despenalización junto a las políticas educativas y las de anticoncepción disminuyen el número de abortos”, destacó el funcionario.
“Como era de esperar, va a llevar tiempo que la burocracia de la salud se adapte a la aplicación de una ley tan compleja”, evaluó en diálogo con este diario la ex diputada del Frente Amplio Margarita Percovich, reconocida por su activismo a favor de los derechos de las mujeres. Por un lado, explicó, están las resistencias de los técnicos y médicos que se autodenominan “pro-vida” que “se han escudado en la objeción de conciencia”, y por otro lado, hay “muchos que están molestos porque querían cobrar la atención como acto médico”. Alrededor de un 30 por ciento de los ginecólogos invocaron la objeción de conciencia para no cumplir con la ley, que entró en vigencia el 3 de diciembre. Es decir, la amplia mayoría, 7 de cada 10 ginecólogos asumieron el compromiso de aplicarla, de acuerdo con estimaciones oficiales.El problema es que en algunos distritos, como Salto, han sido la totalidad de los ginecólogos los que apelaron a esa figura para dar la espalda a las mujeres que necesitan un aborto. El tema preocupa al Ministerio de Salud Pública, que decidió organizar en marzo un taller para informar y debatir sobre los alcances de la objeción de conciencia. También se definirá si se resuelve que los médicos objetores deban fundamentar por escrito esa posición. “La discusión actual se basa en el concepto de objeción de conciencia ya que hay gran confusión al respecto con otras conductas como la seudo objeción, la objeción más por conveniencia que por conciencia y la desobediencia civil. El Ministerio de Salud Pública ha convocado a un taller de alto nivel con el Colegio Médico y la Universidad para generar insumos al respecto”, señaló a Página/12 Leonel Briozzo, subsecretario de Salud Pública –segundo en la jerarquía de la cartera sanitaria– y profesor titular de Clínica Ginecotocológica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República.
La ley fue aprobada por el Parlamento uruguayo en octubre, impulsada mayoritariamente por el Frente Amplio, que debió aceptar que sea más restrictiva de lo que pretendía el oficialismo para lograr los votos necesarios para su sanción. La flamante norma despenalizó el aborto en las primeras 12 semanas de gestación, siempre que la mujer siga con un laberíntico proceso de consulta, y hasta las 14 semanas si se trata de un embarazo producto de una violación. En las propias filas del FA hubo resistencias a apoyar la iniciativa. Apenas aprobada, desde sectores conservadores lanzaron una campaña de recolección de firmas para llamar a un referéndum, con el objetivo de lograr su derogación. En ese contexto, entró en vigor la ley el 3 de diciembre, luego de que el Ejecutivo la reglamentara y el Ministerio de Salud Pública elaborara un manual de procedimiento para las instituciones y los profesionales de la salud y una guía técnica para la atención de los abortos legales. Cuando esté en grave riesgo la vida de la mujer o el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida extrauterina, no habrá límites para acceder a la interrupción del embarazo. De esta forma, Uruguay se convirtió en el primer país de Sudamérica que despenaliza el aborto si la mujer cumple con un procedimiento establecido, que incluye la consulta a un equipo interdisciplinario que le ofrecerá alternativas al aborto, como la adopción, y reflexionar su decisión durante cinco días que corren desde el momento que hace la primera consulta.
A pesar del auspicioso comienzo en su implementación, el Ministerio de Salud Pública enfrentará una denuncia penal por un aborto que no pudo concretarse por presuntas fallas en la medicación suministrada. Una mujer que concurrió al hospital público de Las Piedras, en el departamento de Canelones, denunció que solo le dieron una de las dos drogas indicadas, y que luego de que no le provocara la interrupción del embarazo, no se le quiso practicar un legrado porque ya la gestación llevaba 13 semanas y el plazo que fija la ley para realizar el aborto es de 12. Por esa razón, la mujer, identificada como Laura Galván, anunció que se presentará en la Justicia para demandar a las autoridades sanitarias por presunta mala praxis. “A mí no me dan solución y por eso voy a hacer la denuncia penal. Lo que hicieron conmigo fue una mala praxis. Si me hubieran informado que si fracasaba se iban a lavar las manos, no tomo la medicación”, dijo Galván al diario uruguayo El Observador. Consultado sobre este caso por Página/12, el subsecretario de Salud dijo que “se está investigando”, para deslindar responsabilidades y saber exactamente qué pasó. Las autoridades sanitarias solicitaron a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) un sumario administrativo, para saber si la medicación fue dada correctamente, si se le indicaron los comprimidos en el momento adecuado, y de quién es la responsabilidad, explicó la responsable del área de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud Pública, Leticia Rieppi.
Por otra parte, la Dirección General de la Salud (Digesa) comenzó hace algunas semanas a hacer una “farmacovigilancia” sobre las drogas que se están utilizando para interrumpir los embarazos. Rieppi explicó que se analiza la efectividad para la población, las posibles fallas que se puedan detectar y los efectos secundarios de la medicación. En dos meses estarán los primeros resultados.
Resistencias
Además de los ginecólogos que alegan objeción de conciencia por razones verdaderas y otros por cuestiones monetarias, hay un tercer factor que incide en la resistencia de algunos médicos a aplicar la ley, según explicó la ex diputada Percovich. “Hay algunos, que pesan en las cátedras universitarias, que dicen que como la ley va en contra de la privacidad de la usuaria del servicio por tener que registrarse y tener que comparecer ante otros profesionales que no son ginecólogos, también se acogen a la objeción de conciencia, aunque siempre estuvieron de acuerdo con despenalizar el aborto. El problema con estos médicos es que no quieren que les digan ‘aborteros’ porque les pesa en el gremio médico. Me dirá que es medieval, pero así es nuestra atea Facultad de Medicina”, contó a Página/12 la dirigente del FA.El proceso para acceder a la IVE, de acuerdo con la reglamentación, se inicia con la consulta al ginecólogo en la que la mujer expresa su decisión de interrumpir su embarazo. En un plazo no mayor a 24 horas, el centro de salud –público o privado– debe convocar al equipo multidisciplinario, establecido por la ley, para acompañar a la mujer. La usuaria tiene que salir de la primera consulta con el día, hora y lugar donde se realizará la segunda. En la segunda consulta debe estar el ginecólogo, un profesional del área de la salud mental y otro del área social. El segundo asesorará en cuanto al mejor acompañamiento del proceso y el tercero respecto de las posibilidades de adopción y planes sociales y de apoyo a las embarazadas, entre otros puntos. Estos profesionales nunca podrán emitir juicios de valor en busca de influir sobre la decisión de la mujer. El plazo de cinco días de reflexión dispuesto por la ley corre desde la primera consulta. Cumplido ese período, la mujer vuelve a su ginecólogo y ratifica o rectifica su decisión. Si continúa con la voluntad de abortar, se firmará el consentimiento informado y se procederá a la realización del aborto a través de los medicamentos indicados y de forma ambulatoria, con la excepción de que la historia clínica de la paciente requiera internación.
Percovich contó que usuarias de los servicios de IVE han manifestado algunas maniobras en la atención para influir en su decisión. “En muchos casos, cuando pasan por la ecografía para confirmar el embarazo, las invitan a ‘oír los latidos’. Y les ponen caras cuando anuncian su decisión de abortar. En un caso, el ginecólogo le largó una carcajada a una mujer. Otro problema es que el misoprostol no es eficiente en todos los casos. Falla para mi gusto en un porcentaje no menor. Y entonces tienen que hacerle raspaje. Y si la mujer se encuentra con un médico reticente, se le complica. La otra es que se pase el plazo de 12 semanas”, describió Percovich. Esta última situación es la que denunció la mujer que se atendió en el hospital de Las Piedras, en Canelones.
La ex diputada destacó el trabajo llevado a cabo años atrás por el doctor Briozzo, para montar equipos para la atención pre y post aborto en casi todos los departamentos (provincias) del país. “Ahora la situación se complica porque entran a jugar más actores en el paso de la usuaria por el sistema de salud”, observó. No obstante, su evaluación en términos generales es positiva: “Que se hayan atendido unos doscientos abortos en el primer mes nos pareció un buen comienzo. Esto va a ser una batalla permanente contra el poder médico y con todos los conservadores de este país, que son muchos. Es interesante que el ministerio quiera definir en qué consiste la objeción de conciencia para que no la usen para evitar trabajar más por el sueldo que ya cobran. Por supuesto, han armado un escándalo con eso algunos médicos”, indicó Percovich.
Sobre la objeción de conciencia y la intención del Ministerio de Salud Pública de clarificar su alcance, se pronunciaron algunos médicos. Según publicó el diario uruguayo El País, un catedrático, Justo Alonso, cuestionó que se deba fundamentar la objeción y advirtió que sus colegas se sienten “presionados” para cumplir con la ley que despenaliza la interrupción del embarazo. Y otro ex profesor universitario, Enrique Pons, fue en la misma línea: dijo que “pedir explicaciones de la objeción de conciencia a alguien es como preguntarle ¿por qué cree usted en determinados lineamientos éticos o en determinada religión?”.
Finalmente, para Briozzo, más allá de ciertas resistencias médicas y de las características propias de la ley, su implementación significa “un avance indudable en la concreción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres uruguayas y por tanto de toda la sociedad”. “Es una ley compleja, fruto de una negociación política y es perfectible –como todas las leyes. Sin embargo, no ver las ventajas que esta nueva situación tiene para las mujeres, sobre todo las más vulnerables, es un error estratégico grave. El objetivo del gobierno es que se den las condiciones para las decisiones conscientes de las mujeres, de manera libre, responsable e informada. Desde la despenalización hasta el programa Uruguay Crece Contigo –de apoyo a la maternidad y primera infancia en sectores vulnerables–, la matriz es la misma. Buscamos reducir la morbi-mortalidad materna pero además disminuir el número de abortos en base a que disminuya la necesidad de las mujeres de recurrir a la IVE. Está demostrado que la despenalización junto a las políticas educativas y las de anticoncepción disminuyen el número de abortos”, concluyó el funcionario.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-213130-2013-02-03.html
lunes, 28 de enero de 2013
La Comedia de Don Alonso Quijana el Manchego
La Comedia de Don Alonso Quijana el Manchego
GRUPO MANICOMEDIA, artes con el cuerpo
Funciones en la ciudad de Salta capital
1, 2, 15 y 16 de febrero- 21.30hs.
entradas en venta/ anticipadas con descuento al 0387-155050640 o en el Centro Cultural América.
precio de la entrada gral. $40. Anticipadas $35
Centro Cultural América- Mitre 23.
El grupo Manicomedia, artes con el cuerpo, presenta su nueva obra La Comedia de Don Alonso Quijana el Manchego. Esta es la tercera obra concebida, dirigida y actuada por el grupo, antes la emblemática El show del payaso peine y su muñeca Roberta, y luego Caras, caras y más caras que obtiene el Segundo Premio en la Fiesta Provincial del Teatro. La Comedia de Don Alonso…es una versión libre del Quijote de la Mancha recreada a través del teatro de máscaras y muñecos. En ella, la locura y el amor, motores de la historia que se cuenta, encuentran en el humor su más noble forma.
La poesía, la música y las artes escénicas se unen dando vida a una dinámica y ecléctica comedia para nueve personajes, interpretada por dos actores.
Sobre los integrantes de MANICOMEDIA:
Nicolás Obregón y Manuela de la Cruz, mimos y actores corporales, han sido formados en la Escuela Argentina de Mimo (que dirige Angel Elizondo, alumno de Etienne Decroux y Jaques Le Coq). Tomaron diversos cursos de Comedia del Arte , Clown, Danza-clown, Humor físico, Caídas y golpes, Teatro , Mimo Corporal, Manipulación y animación de objetos, Teatro de objetos, Contact de improvisación, entre otros. Trabajan en espacios públicos, Teatros y Centros Culturales realizando funciones para niños y adultos. Ex-integrantes de la Compañía Argentina de Mimo que dirige Angel Elizondo y de otros grupos independientes. Conforman MANICOMEDIA.
MANICOMEDIA, artes con el cuerpo, nació en el año 2008, con el objetivo de hacer reír a gente de 0 a 99 años. En el año 2010 ha realizado una gira por países de Latinoamérica, participando en Festivales Internacionales, dictando talleres y presentándose en Teatros y Centros Culturales de Perú, Ecuador, Colombia y Argentina. En el año 2011, sus integrantes se han instalado definitivamente en Salta, donde desarrollan su labor como docentes, actores-mimos y directores, presentándose con “Caras caras y más caras” en Teatros y otros espacios de Salta, S.S. de Jujuy, Urundel, Tartagal, Pichanal y Embarcación.
La Comedia de Don Alonso Quijana el Manchego,
Actuación, autoría y dirección: Manuela de la Cruz - Nicolás Obregón
Diseño y construcción de máscaras, muñecos y escenografía: Manuela de la Cruz - Nicolás Obregón
Supervisión dramatúrgica: Mateo de Urquiza y Natalia Aparicio
Asesoramiento técnico para voz y canto: Eva Massey, Andrea García y Ma. Pía Budonett
Diseño gráfico: Rodrigo González Gomeza
Duración: 50 min.
Web:
www.manicomedia.blogspot.com.ar
www.facebook.com/Manicomedia/info
Video publicidad:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=aHexLY_IGws
Contacto:
Cel. +54 387 (15)050640 Cel
+54 387 (15)5042414
Prensa y Difusión:
Marcela Godoy
Este espectáculo cuenta con el apoyo del I.N.T.
miércoles, 2 de enero de 2013
Turistas francesas: sobreseen a Walter Lasi tras el análisis de las nuevas pericias incorporadas
De acuerdo a la Oficina de Prensa y Comunicaciones del Poder Judicial de Salta el pasado 28 de diciembre, el Juez de Instrucción Formal de Primera Nominación, Martín Pérez, dictó el sobreseimiento de Walter Orlando Lasi en el hecho principal en la causa por el doble homicidio de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni.
“No se verifica relación alguna entre la actividad de Walter Lasi el día 15 de julio de 2011 y la muerte de las víctimas en el Mirador de la Quebrada de San Lorenzo. Las pruebas incorporadas y sugeridas en una primera oportunidad por la Cámara de Acusación, fueron producidas y sus resultados no aportan elementos de convicción para sospechar que Walter Lasi haya estado en el lugar donde fueron violadas y asesinadas las jóvenes francesas”, sostuvo el juez.
Tanto la nueva pericia telefónica como la realizada originalmente por la Brigada de Investigaciones de la Policía confirmaron que no existieron comunicaciones entre Walter Lasi y los imputados Daniel Vilte y Santos Clemente Vera en los días cercanos y el propio día del hecho. No hay “elementos de convicción susceptibles para generar un cambio en el sentido incriminador para determinar la responsabilidad penal de Walter Lasi”, apuntó el Juez.
Consideró asimismo que se encuentra agotada la investigación respecto de la participación de Walter Lasi en el hecho principal, considerando entonces que corresponde dictar el sobreseimiento a su favor.
Como se recordará, la Sala II del Tribunal de Impugnación dictó la revocatoria del auto de sobreseimiento de Walter Orlando Lasi y requirió la realización de una medida probatoria propuesta por la Fiscalía Penal 1 que consistía en determinar la existencia o no de comunicaciones telefónicas entre Lasi y los demás imputados en la causa a fin de establecer si hubo o no participación del mismo en el hecho principal.
La nueva pericia telefónica fue realizada por el Departamento de Criminalística del Centro de Investigaciones Fiscales (CIF) del Ministerio Público sobre seis aparatos celulares. Esta pericia se hizo en forma conjunta con el Poder Judicial de Córdoba a partir de un convenio existente con el CIF.
La causa está identificada coom “doble homicidio calificado criminis causa con abuso sexual agravado y robo calificado en concurso real”. Esta calificación ya fue confirmada oportunamente por la Cámara de Acusación.
Por este delito están procesados Gustavo Orlando Lasi, Daniel Octavio Eduardo Vilte Laxi y Santos Clemente Vera, por considerárserlos coautores provisorios.
sábado, 15 de diciembre de 2012
TUCUMAN. ENV. ESPECIAL - 15/12/12
“Si a Trimarco le hicieron esto, ¿qué nos queda a nosotras?”
POR SIBILA CAMPS
Lo dice una de las jóvenes que buscó refugio en la Fundación que dirige la mamá de Marita.
La absolución de los 13 imputados de secuestrar y prostituir a Marita Verón ha revivido el miedo en las jóvenes víctimas de trata que han declarado haberla visto en las casas de sus mismos captores y en sus prostíbulos. “Tengo miedo por mi familia y por mis hijos”, confesó a Clarín Fátima, quien el año próximo deberá enfrentar su propio juicio contra dos de los imputados.
Todas se han comunicado con Susana Trimarco. “Lloraban –recordó–. Me decían: ‘Si usted, que movió el mundo, no tuvo justicia, ¿qué justicia podemos tener nosotras?”. Varias fueron o llamaron a la Fundación María de los Ángeles para hablar con el equipo de salud mental. “Julieta –el nombre es ficticio– tenía miedo, porque después de diez años se había visto cara a cara con los proxenetas”, contó la doctora Andrea Ezquerro.
“Rosa”, quien vive en un barrio humilde del Gran Tucumán, “está bastante asustada, bastante mal. Nos hemos contenido entre las dos”, señaló Fátima. A pocas cuadras de sus casas vive el ex policía riojano Pascual Andrada, ahora absuelto, quien la habría llevado por la fuerza a La Rioja. “Rosa” tiene una causa iniciada por su secuestro y trata sexual.
“Estos jueces no miden la magnitud del daño que pueden llegar a causar con lo que hicieron, porque esta gente, ahora se siente más impune que nunca –apunta Fátima–. Seguramente dicen: ‘Si hemos escapado de semejante juicio, visto por todo el mundo, podemos hacer desaparecer a la que queramos”.
Las psicólogas y la psiquiatra habían trabajado mucho para fortalecer su estructura psíquica y pudieran volver a enfrentar a sus captores. “‘Rosa nos decía: ‘No hay justicia, esto va a seguir’. Trabajamos sobre la idea de que podían confiar en los jueces –relata la doctora Graciela Balderrama–. Que una cosa eran policías y raptores, y otra cosa muy distinta la justicia justa, donde podemos ampararnos, hablar y ser escuchadas”.
“Trabajamos el tema de que su palabra tenía un valor importantísimo, que iba a ser gente respetuosa, que utilizará la justa justicia –completa Ezquerro–. ‘¿De qué justicia me hablabas?’, me decían. ‘¿De qué valor?’. No les dieron valor a sus relatos sobre cosas aberrantes, inimaginables. Volvieron a cosificarlas: fueron ellas las sancionadas”.
“Nos preguntan qué pasó, si les mentimos –agrega–. ‘¿Por qué no se hace justicia, si es algo que realmente pasó? Es desorganizante”.
Las víctimas de trata, observan las especialistas, están marcadas por la desigualdad estructural: son mujeres, pobres y a menudo analfabetas; en su mayoría han sufrido abuso sexual infantil, y han sido vendidas por el padre, la madre o el marido. “A diferencia de las víctimas del terrorismo de Estado, estas chicas han sido el resto de la sociedad, porque el Estado las desamparó, no han entrado al sistema, no han tenido una contención inicial”, señala Fernanda Coronel. “Y esta sentencia volvió a ponerlas como restos de la sociedad. Pero la sociedad misma está tratando de devolverles su dignidad, y eso, ellas lo registran y les da fuerzas”, destaca Ezquerro.
El equipo de salud mental de la Fundación reconoce que ahora deberá reestructurar su discurso. “Nos preguntamos qué decir ahora, ante esto que se cayó”. Pero sí saben qué decir a otras víctimas de explotación sexual y trata que quizás aún no hayan denunciado.
“Que se acerquen, que se den a conocer y que hablen; a medida que se va poniendo todo sobre la mesa, se va enfrentando a estas redes, cuyo objetivo es que nada salga a la luz –exhorta Balderrama–. Si nada sale a la luz, cada uno es una víctima por separado; si todas se juntan y hacen redes, también con gente que le interesa y entiende del tema, se los puede encarar”.http://www.clarin.com/sociedad/Trimarco-hicieron-queda_0_829117264.html
Fátima, el otro juicio que viene
“Aunque lo enfrente, tengo miedo”, confiesa Fátima (26). Por sus cuatro hijos y por su madre. Pero también tiene “muchas dudas, porque si en este juicio, Susana (Trimarco) estaba apoyada por tanta gente importante, a mí, ¿qué me va a pasar?” Fátima tendrá en 2013 su propio juicio, en el que están acusados dos de los imputados absueltos: Daniela Milhein y su ex marido Alejandro González. Fátima denunció haber sido secuestrada y encerrada en 2002, con la intención de venderla a un prostíbulo de Río Gallegos; drogada y golpeada. En esos siete meses vio dos veces a Marita Verón; también a Rubén “La Chancha” Ale y a su ex pareja, María Jesús Rivero, también absuelta en el caso Verón.
“El juez Piedrabuena, cuando fui a declarar, me dijo que no tenga miedo de contar todo lo que me habían hecho, porque ellos me iban a proteger; y que iban a hacer justicia. Después me ha dicho que le parecía aberrante lo que había escuchado, y que era bueno que nosotras estemos ahí para contarlo. ¿Dónde está todo eso que me ha dicho?”, se pregunta ahora.http://www.clarin.com/sociedad/Fatima-juicio-viene_0_829117265.html 15-12-12
En deuda con todas las Marita Verón
Por Alvaro Herrero DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ASOCIACION POR LOS DERECHOS CIVILES (ADC)
14/12/12
La absolución de los trece acusados en el caso de Marita Verón nos ha conmocionado.La posibilidad de que este crimen quede impune nos indigna y asusta por igual . Pero, ¿nos sorprende? No.
Aun no se conocen los fundamentos del fallo pero ya circula información que señala que los magistrados consideraron que no había pruebas suficientes. Si ese fuera el caso, la absolución sería correcta.
Pero enfocarnos en analizar si los jueces evaluaron o no de manera correcta la prueba sería un error. Debemos mirar las falencias estructurales del sistema de justicia y preguntarnos por qué se llegó al juicio oral sin las pruebas correspondientes . ¿Por qué, luego de varios años de investigación, el fiscal no logró reunir los elementos necesarios para probar el delito? ¿Cuál fue el rol de las fuerzas de seguridad durante la investigación? ¿Qué papel jugaron las agencias estatales bajo el gobernador Alperovich?
Surgen aspectos preocupantes. El principal quizá sea que el sistema de justicia tucumano -al igual que otros de nuestro país- parece ser incapaz de lidiar con delitos complejos como la trata de personas y el narcotráfico.
Estos delitos requieren de verdaderas organizaciones criminales que provean la estructura y el financiamiento para su funcionamiento. Es sabido que no pueden operar sin algún nivel de protección estatal. Cuando el Estado está de por medio la labor judicial suele complicarse.
No todos los jueces y fiscales -ni las fuerzas de seguridad- son propensos a poner límites y controlar al poder político . Hace años que, junto a otras organizaciones, venimos señalando severas falencias en el sistema de designación de jueces en Tucumán.
Por otro lado, la inacción frente a este tipo de delitos tiene un efecto perverso: consolida una política criminal del Estado orientada a los pobres . Si no se atacan con éxito las redes de delitos complejos, se termina investigando y castigando mayormente a delitos contra la propiedad y pequeños comerciantes de drogas. Una rápida mirada al interior de cualquier cárcel confirmará este postulado.
Por último, propongo que, como sociedad, reflexionemos sobre algo que ya no parece ser episódico sino estructural.
¿La justicia -y por qué no el Estado en general- reacciona de manera similar frente a hombres y mujeres?
Me refiero a si existe un trato igualitario a las mujeres tanto cuando son víctimas de delitos como cuando son las acusadas. En el caso de Marita Verón estamos frente a la trata para explotación sexual, un delito cuyas víctimas son casi exclusivamente mujeres. ¿Se lo prioriza adecuadamente y se le dedican los mismos recursos y esfuerzos que para combatir otros delitos? A modo de prueba, vale destacar que si no fuera por las repercusiones del caso de Marita , el Congreso no estudiaría en sesiones extraordinarias el proyecto de ley de trata de personas.
Comunicado sobre el fallo del Tribunal Oral de Tucumán en el caso por el secuestro de Marita Verón
La UFASE junto al Programa del Ministerio Público Fiscal sobre Políticas de
Género llaman la atención sobre las asignaturas pendientes en materia de
violencia contra las mujeres que enfrenta el sistema judicial.
Viernes, 14 de Diciembre de 2012
El fallo del
Tribunal Oral de Tucumán que absolvió a las trece personas imputadas por el
secuestro de Marita Verón, en un caso que demoró diez años en llegar a juicio
oral, nos deja las siguientes reflexiones.
En primer lugar, la investigación de esos hechos fue motorizada por la fuerza, valentía y capacidad de Susana Trimarco, madre de Marita Verón, y los abogados que la acompañaron en esa tarea. Para ello, tuvo que enfrentar y denunciar a buena parte de las agencias policiales y judiciales que, con pistas falsas o trampas legales-procesales, le opusieron un sinfín de obstáculos. Si el caso llegó a esas instancias de debate, en suma, fue gracias a ella.
Si bien no se conocen los argumentos del fallo, sí se han dado a conocer junto al veredicto algunas pocas líneas argumentales que el tribunal habría tenido en cuenta para pronunciarse. De lo que allí se dijo, y también de lo que se omitió, advertimos que no se ha dado relevancia probatoria a los testimonios de las otras víctimas que pasaron por los prostíbulos que administraban las personas imputadas, hoy absueltas. Esas chicas fueron iniciadas en el sistema prostibulario en edades tempranas debido a la violencia de género que aún persiste en nuestra sociedad. Además de afirmar haber visto a Marita, relataron sus propios infiernos y padecimientos, mostrando la cara más cruel del negocio prostibulario que aun hoy es naturalizado y visto en clave edulcorada.
Los valientes testimonios de las mujeres prostituidas fueron ignorados, mal interpretados o subestimados. O quizá todo a la vez. La experiencia de otros casos similares demuestra que el preconcepto sexista y clasista que, en general, portan los operadores del sistema judicial conduce a que no se conciba un testimonio de esas características como un argumento que precisa de recaudos especiales para su producción e interpretación. Las absoluciones dan cuenta del escaso valor que se les otorgó y representan un pésimo precedente a futuro.
Esta lamentable situación nos demuestra una vez más que la violencia hacia las mujeres es un problema presente que aún cuesta erradicar y que el sistema de administración de justicia necesita trabajar mucho para lograrlo. La Procuración General seguirá profundizando las acciones emprendidas para contrarrestar la violencia contra las mujeres, desnaturalizando la desigualdad estructural entre lo femenino y lo masculino con el fin de romper la inercia discriminatoria que aún persiste. Sólo así será posible lograr que aquellas mujeres explotadas, que se debaten entre salir a contar su historia o seguir sometidas a la ley de la opresión, sepan que su voz vale y que su testimonio tiene sentido.
En primer lugar, la investigación de esos hechos fue motorizada por la fuerza, valentía y capacidad de Susana Trimarco, madre de Marita Verón, y los abogados que la acompañaron en esa tarea. Para ello, tuvo que enfrentar y denunciar a buena parte de las agencias policiales y judiciales que, con pistas falsas o trampas legales-procesales, le opusieron un sinfín de obstáculos. Si el caso llegó a esas instancias de debate, en suma, fue gracias a ella.
Si bien no se conocen los argumentos del fallo, sí se han dado a conocer junto al veredicto algunas pocas líneas argumentales que el tribunal habría tenido en cuenta para pronunciarse. De lo que allí se dijo, y también de lo que se omitió, advertimos que no se ha dado relevancia probatoria a los testimonios de las otras víctimas que pasaron por los prostíbulos que administraban las personas imputadas, hoy absueltas. Esas chicas fueron iniciadas en el sistema prostibulario en edades tempranas debido a la violencia de género que aún persiste en nuestra sociedad. Además de afirmar haber visto a Marita, relataron sus propios infiernos y padecimientos, mostrando la cara más cruel del negocio prostibulario que aun hoy es naturalizado y visto en clave edulcorada.
Los valientes testimonios de las mujeres prostituidas fueron ignorados, mal interpretados o subestimados. O quizá todo a la vez. La experiencia de otros casos similares demuestra que el preconcepto sexista y clasista que, en general, portan los operadores del sistema judicial conduce a que no se conciba un testimonio de esas características como un argumento que precisa de recaudos especiales para su producción e interpretación. Las absoluciones dan cuenta del escaso valor que se les otorgó y representan un pésimo precedente a futuro.
Esta lamentable situación nos demuestra una vez más que la violencia hacia las mujeres es un problema presente que aún cuesta erradicar y que el sistema de administración de justicia necesita trabajar mucho para lograrlo. La Procuración General seguirá profundizando las acciones emprendidas para contrarrestar la violencia contra las mujeres, desnaturalizando la desigualdad estructural entre lo femenino y lo masculino con el fin de romper la inercia discriminatoria que aún persiste. Sólo así será posible lograr que aquellas mujeres explotadas, que se debaten entre salir a contar su historia o seguir sometidas a la ley de la opresión, sepan que su voz vale y que su testimonio tiene sentido.
jueves, 13 de diciembre de 2012
OPINION
Por Mariana Carbajal
Unas putas y nada más
Por Mariana Carbajal
Cinco jóvenes mujeres, sobrevivientes de redes de trata declararon, en el juicio que culminó el martes con una vergonzosa sentencia absolutoria, que vieron a Marita Verón en distintos burdeles de La Rioja, donde ellas mismas estuvieron cautivas y sufrieron todo tipo de vejámenes. Lloraba en todo momento, con las pupilas dilatadas. No tenía equipaje. Les comentó que tenía una hija de tres años llamada Micaela, que ella tenía el nombre artístico de Lorena. Una de las víctimas rescatadas la vio con peluca de cabellos rojos y con lentes de contacto. Contaron que cuando los proxenetas se enteraban –por filtraciones policiales– de que podía haber un allanamiento, a Marita la sacaban del burdel y la llevaban para otro lado.
Por el veredicto que dictó la Sala II de la Cámara en lo Penal de Tucumán, las palabras de esas cinco víctimas de mafias prostibularias no fueron tenidas en cuenta. No valieron como prueba. El tribunal no les creyó.
El martes próximo se conocerán los fundamentos del fallo. Se podrá entender un poco más sobre el resultado de un juicio oral y público que demandó diez meses y convocó a más de un centenar de testigos, pero cuya investigación judicial llevó una década. ¿Cómo ponderaron los jueces la prueba testimonial? Esa es la gran pregunta. En el juzgamiento de delitos complejos –como la trata–, y como ocurre en la investigación de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, los estándares probatorios se flexibilizan cuando no hay otro tipo de prueba y se ponderan el contexto en el que sucedieron los hechos, los indicios. Tal vez no existían pruebas suficientes para determinar cómo fue secuestrada Marita, por las deficiencias en la instrucción del caso. Pero Marita fue vista –según declararon varias víctimas de trata– en distintos prostíbulos riojanos, regenteados por Irma “Mamá Lili” Medina y sus hijos, José “Chenga” Gómez y Gonzalo “Chenguita” Gómez, tres de los trece imputados absueltos. Y antes, semanas después de su desaparición, en mayo de 2002, en la casa de Daniela Milhein, acusada de dedicarse a reclutar chicas para ser explotadas en los prostíbulos.
Los proxenetas que esclavizan a muchachas para explotarlas sexualmente convierten a las mujeres en mercancías, las cosifican: son objetos que pueden comprarse y venderse. Las despersonalizan a fuerza de violaciones, dosis de droga y otros malos tratos y torturas, para “ablandarlas” y que sean dóciles ante los clientes-prostituyentes. Ser escuchadas por un tribunal es el primer paso para empezar a recuperar su condición de sujetos, de ciudadanas con derechos. Es el primer paso para poder sanar tantas heridas. El hecho de que sus palabras no sean creídas las revictimiza. Y tiene un efecto disciplinador hacia otras sobrevivientes que pueden aportar datos valiosos para perseguir el delito de la trata. A partir de este fallo, preferirán el silencio: para qué exponerse a que los proxenetas se venguen con sus hijos, como siempre las amenazan, pensarán muchas.
Ayer uno de los abogados de la Fundación María de los Angeles que representaron a Susana Trimarco en el juicio, Carlos Garmendia, recibió múltiples mensajes de apoyo en su celular, como todas aquellas personas vinculadas con el caso. Pero el que más conmovió a Garmendia fue enviado por una joven rescatada de un prostíbulo en Catamarca, que no conoció a Marita, nunca la vio, ni declaró en el juicio: “Doctor, después de lo que hizo la Justicia ayer, me doy cuenta de que es una mierda, que para ellos somos unas putas y nada más. Fuerza doctor y hoy todos somos Marita”, le escribió la chica. Unas putas y nada más. ¿Quién le cree a una puta? Ese parece ser el nudo del veredicto.
Por último: se observa en la sociedad una generalizada indignación ante la sentencia que dejó en libertad a todos los imputados. Valdría la pena recordar que si hay trata de mujeres es porque hay muchos varones de esta misma sociedad que pagan por esos cuerpos esclavizados y otros varones –funcionarios públicos, de fuerzas de seguridad, del poder político y de la corporación judicial– que amparan esas mafias.
Hoy somos todas Marita.
miércoles, 12 de diciembre de 2012
Noticias relacionadas. La prostitucion no tiene nada que ver?
PAR repudia “todo el proceso judicial” que llevó a la
absolución de las y los acusados
La RED
PAR - Periodistas de Argentina en RED por una comunicación no sexista - manifiesta
su enérgico repudio a la totalidad del proceso judicial que desembocó en la
absolución dictada por los jueces Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y
Eduardo Romero Lascano que absuelve a los 13 acusados/as en el juicio que
encabeza Susana Trimarco por la desaparición de su hija Marita Verón ocurrida
el 3 de abril del 2002.
El
periodismo con perspectiva de derechos acompañó en estos años esta lucha, dando
cobertura a un drama que de tan naturalizado perdía su dimensión.
Susana
Trimarco pone en agenda el tema de la trata y el tráfico de personas y cada
víctima recuperada fue y es un emblema de esa lucha, siempre desigual.
Quienes
trabajamos con el marco teórico de los derechos humanos de las mujeres sabemos
que los testimonios de las víctimas pocas veces son tomados en consideración, y
que la falta de pruebas se convierte en el argumento más corrupto, y sin
embargo, más eficaz a la hora de absolver culpables.
Como periodistas tomamos los testimonios de las
víctimas con el valor de verdad que exige la ética y buscamos en nuestras
fuentes la información que las fuentes oficiales ocultan.
Renovamos en este día nuestro compromiso, y nuestra
solidaridad con Susana Trimarco y su nieta Micaela a quien esta sentencia
absolutoria deja huérfana por segunda vez.
Escándalo en Tucumán: absolvieron a los 13 acusados
por el secuestro de Marita Verón
Por Sibila Camps
Para los jueces de la
Cámara Penal no se pudo probar que la joven fue secuestrada por una red de
prostitución. La lectura del fallo se demoró 4 horas y generó indignación,
insultos y estupor en la sala.
Tucuman. Enviada Especia -
12/12/12
Estupor. Indignación. Lágrimas de impotencia y dolor entre
familiares y allegados a la Fundación María de los Angeles, militantes y
funcionarios de derechos humanos. Lágrimas de sorpresa, gritos de euforia e
insultos entre los 13 imputados de secuestrar y prostituir a Marita Verón; más
júbilo entre sus parientes. La única que no lloró cuando la secretaria de la
Sala II de la Cámara Penal de Tucumán leyó que todos habían sido absueltos, fue
Susana Trimarco: después de diez años y medio aprendió que el llanto le gasta
energías para buscar a su hija.
Nadie de quienes estuvieron cerca de la causa y del juicio
imaginó semejante sentencia. Nadie concibió que los relatos horrorosos de las
víctimas de trata fueran considerados prueba insuficiente. Ni siquiera el propio
Fernando “Chenga” Gómez –uno de los más comprometidos por las testigos–, quien
a la mañana, al pronunciar sus últimas palabras, dijo: “Tenía ganas de venir
y pedirles a ustedes que ya me detengan”.
En la tórrida Tucumán, el fallo unánime de los doctores Alberto
Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano cayó como un
baldazo de agua hirviendo sobre la multitud de militantes de organizaciones de
mujeres, derechos humanos y agrupaciones políticas, que estuvieron montando
vigilia para acompañar a Susana Trimarco.
A la mañana, después de que Lidia “Liliana” Medina afirmara por
enésima vez que sus tres prostíbulos eran whiskerías, Piedrabuena anunció que a
las 17 se conocería el veredicto. Sin dar explicaciones, los jueces se
hicieron esperar cuatro horas más : horas de calor, de sed, de tensión, de
estar de pie –diputados, legisladoras, funcionarios nacionales, familiares de
la víctima, abogados de la Fundación María de los Angeles, la propia Susana
Trimarco–, acorralados por vallas, controlados por decenas de policías, frente
a las puertas de Tribunales cerradas a cal y canto.
Por la entrada de la guardia entraron sin problemas los
imputados, sus allegados y sus defensores. Estaban cómodamente sentados en la
sala, con aire acondicionado, cuando tras las protestas hicieron ingresar a
Trimarco y sus abogados, a quienes la acompañaban, y a la prensa.
Debieron permanecer a oscuras y de pie tres cuartos de hora más,
antes de ocupar sus lugares en una sala pequeña, festoneada por 32 policías .
La absolución de los cuatro tucumanos desató chillidos de
alegría. María Jesús Rivero se paró y levantó el brazo como si estuviera en la
cancha de San Martín de Tucumán, de la que fue presidenta cuando su ex pareja,
Rubén “La Chancha” Ale, gerenciaba el club. Al escuchar su nombre, “El Chenga” soltó
una puteada amenazante y se fundió llorando con Medina, su madre. Los
defensores se entrecruzaron en abrazos. Los familiares de los juzgados
comenzaron a cobrar fuerzas. La tensión desafiante fue creciendo, y salvo ellos,
Trimarco, sus abogados y el resto del público dejaron la sala. Afuera, la
multitud clamaba: “Se siente, se siente, Marita está presente ”.
Las y los periodistas los acompañaron hasta la sede de la
Fundación. Al mismo tiempo, organizaciones sociales convocaban a una marcha de
repudio hoy a las 18, desde Congreso hasta la Casa de Tucumán. Y unos 200
manifestantes autoconvocados por redes sociales seguían anoche exigiendo
Justicia en las calles de la provincia.
Trimarco dijo haber recibido mensajes de que Ale había comprado
al Tribunal. El doctor Carlos Varela anunció que apelarán en casación,
pedirán el juicio político de los tres jueces, y recurrirán a organismos
internacionales . Su colega José D’Antona apeló a la presidenta Cristina
Fernández, quien el domingo entregó a Trimarco el Premio Azucena Villaflor por
su lucha por los derechos humanos: “Después de haber tolerado al ‘Malevo’
Ferreyra y a Bussi, le voy a pedir respetuosamente que intervenga el Poder
Judicial de Tucumán, que está podrido. Las lágrimas de Micaela, las van a
pagar”.
Las pruebas que los jueces consideraron insuficientes
Por Sibila Camps
Si bien la lectura completa de la sentencia será el 18
de diciembre, el tribunal adelantó una síntesis de sus argumentos. Para los
jueces, Marita Verón no fue secuestrada el 3 de abril de 2002, porque la
acusación no pudo probarlo. “Las versiones al respecto son sólo tales”. No hay
modo de saber, dijeron, cómo desapareció “y apareció en otros lugares”. Esto
implica, al menos, que los jueces sí creyeron a las víctimas de trata sexual
que compartieron su encierro y explotación con Marita en los prostíbulos de la
familia Medina-Gómez. No se entiende entonces cómo consideraron que “no fue
posible arribar a la prueba suficiente de testigos diversos en tiempo, modos
lugares y personas, como circunstancias particulares de cada uno” de los
acusados de La Rioja.
Respecto de María Jesús y Víctor Rivero –acusados de
ordenar y ejecutar el secuestro–, “el tribunal consideró de absoluta ineficacia
la prueba producida”. Hubo un par de oportunidades de profundizar en la
relación entre María Jesús Rivero, su ex pareja Rubén “La Chancha” Ale y la
conexión La Rioja, pero el tribunal las evitó. En cuanto a la ex pareja Daniela
Milhein y Alejandro González, para los jueces, “tampoco la prueba de testigo
fue suficiente”. Según la testigo Fátima M., Marita había estado secuestrada y
drogada en dos de sus casas mientras ella también estuvo cautiva.
“Respeto del ex policía riojano Pascual Andrada, no ha
sido producida ninguna prueba que lo vincule al caso”. Varias víctimas lo
identificaron como uno de los reclutadores que llevaba chicas a los burdeles de
La Rioja, y avisaba de los allanamientos. Sí es cierto que la única víctima que
presenció la llegada y compra de Marita por parte de “Liliana” Medina,
describió a un hombre diferente.
Del maltrato a las víctimas de trata que los jueces
permitieron a los abogados defensores se deduce que tras 9 meses de debate no
han comprendido el arrasamiento psicológico que produce en una mujer las
violaciones que implica ser una esclava sexual.
Hoy pierde estado parlamentario el proyecto de trata
de personas
Por Sibila Camps
30/11/12
Cuando faltan pocos días para la sentencia del largo
juicio por Marita Verón, que se convirtió en el caso más emblemático de trata
de personas con fines de explotación sexual, pierde hoy estado parlamentario la
media sanción del Senado al proyecto que introduce importantes modificaciones y
agregados a la ley de trata. La iniciativa, largamente reclamada por las
organizaciones que trabajan en la temática, ni siquiera fue tratada en
comisiones en Diputados.
La ley 26.364, sancionada en abril de 2009, recibió de
inmediato las críticas de las organizaciones, sobre todo por exigir a las
víctimas mayores de 18 años la prueba de que no consintieron en ser
esclavizadas. Entre otras falencias, la ley no prevé la asistencia a las
víctimas, ni un plan nacional de prevención y lucha contra el delito.
Ese mismo año, todos los bloques parlamentarios
firmaron su compromiso de modificar lo antes posible la norma. Entretanto, los
análisis acerca de su aplicación pusieron en evidencia más fallas: dificultades
para vincular el delito con la vulnerabilidad de las víctimas; resistencia a
entender como delito la explotación sexual; penas muy bajas, entre otros
puntos.
En estos años hubo numerosos proyectos presentados por
la mayoría de los bloques, en especial en Diputados. Finalmente el 31 de agosto
de 2011, el Senado dio media sanción a un proyecto que habría dado respuesta a
casi todas las demandas de las organizaciones.
Pero a pesar de que la sanción era impulsada por
algunos diputados del FPV –con mayoría y quorum propio en la Cámara Baja –, el
proyecto fue permanentemente postergado por el oficialismo y ahora vuelve a
fojas cero.
SALTA
Se acabó la
joda: Quieren prohibir los cabarets y whiskerías en Salta
La iniciativa es de la concejal
capitalina Frida Fonseca Lardies y será tratado mañana en la sesión del Concejo
Deliberante
SALTA.- La concejal del Partido Obrero Gabriela Cerrano, dijo que propondrá
que también se inhabilite a los dueños de estos negocios para instalar otro
emprendimiento.
La iniciativa es de la concejal capitalina Frida Fonseca Lardies y será tratado mañana en la sesión del Concejo Deliberante. La finalidad es evitar la promoción de espacios para la prostitución y la trata de personas.
La iniciativa es de la concejal capitalina Frida Fonseca Lardies y será tratado mañana en la sesión del Concejo Deliberante. La finalidad es evitar la promoción de espacios para la prostitución y la trata de personas.
Se prohibieron los prostíbulos, no los cabarés y whiskerías
25.05.12 Están vigentes por la
ordenanza 2.606 y no fueron inhabilitados porque su objeto no es la explotación
sexual.
Con la derogación de la ordenanza 140, quedó prohibida la instalación y
habilitación de prostíbulos y casas de tolerancia en la ciudad, pero no de
cabarés y whiskerías, ya que éstos se rigen por la ordenanza 2.606.
Una de las razones por las que los ediles no derogaron esta última
normativa, en términos legales, es que los cabarés están habilitados como
locales donde se brindan shows y espectáculos, pero no pueden ofrecer sexo a
quienes concurran allí; algo similar ocurre con las whiskerías, donde oferta
sexual está prohibida.
En realidad, en la mayoría de los casos, sucede algo distinto. Los
especialistas en trata de personas consideran que estos son lugares proclives a
prácticas de explotación sexual. Por ello es fundamental que se fortalezcan los
controles en estos locales.
“Voy a pedir que se derogue la ordenanza 2.606. Si bien eliminando la 140
dimos un paso importante, esta ordenanza aún vigente crea un escenario propicio
para el delito de trata”, indicó la edil Frida Fonsecas, autora del proyecto
que eliminó la ordenanza 140. Sostuvo que, más allá de que estén funcionando,
se van a realizar intensos controles con el fin de constatar que no ofrezcan
sexo. Aclaró que “en caso de que se detecte la promoción de sexo, quedarán
clausurados e inhabilitados sin permiso para volver a funcionar”.
Fuentes reservadas indicaron que en la ciudad de Salta hay dos locales
registrados bajo el rubro cabaret, y se estima que hay ocho más que funcionan
como tales pero que se registraron con otros nombres.
Desde la Unidad Fiscal de Asistencia a las Víctimas de Secuestros Extorsivos,
dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación, informaron que “en
muchos casos se registran bajo distintos eufemismos, como por ejemplo
whiskerías, lugares donde se practica la prostitución ajena, esto es, personas
que lucran con la explotación sexual de otras”.
¿Penalizar al consumidor de prostitución?
Lo propone el proyecto
de ley presentado por un diputado nacional por Salta. Suecia es el único país
donde se sanciona a quien paga por tener sexo.
03/06/12 - 09:09
El 4 de mayo pasado, el diputado nacional Pablo
Kosiner (FPV Salta) presentó un proyecto de ley para penalizar a quien paga por
sexo. Se trata de agregar un párrafo al artículo 127 del Código Penal: “Se
impondrá prisión de seis meses a dos años o multa de mil a noventa mil pesos,
al que demandare u obtuviere una relación sexual a cambio de dinero, por compra
de servicio sexual. Procederá la misma pena al pago realizado o prometido por
una tercera persona”.
Los fundamentos de la iniciativa aluden a las “nuevas
concepciones que plantean que a la trata hay que combatirla, además, atacando
la responsabilidad del cliente, es decir, de quien consume este tipo de
relación”.
Allí se menciona la ley sueca de 1999, que sanciona al
consumidor de sexo pago, “definida como el primer intento de un país de
dirigirse hacia la primer causal de la prostitución y la trata de personas con
fines de explotación sexual. Ello representa desterrar la concepción demandante
de los hombres del derecho a comprar servicios sexuales, y continuar en la
evolución de nuestra legislación hacia la construcción de una sociedad mucho
más justa y solidaria”.
De todos modos, el proyecto contiene una contradicción:
el término “servicios sexuales” es utilizado por las mujeres que consideran
que, cuando se ejerce de manera independiente, la prostitución es “un trabajo
digno”.
Ley
12331 – Vigente desde 1937 Ley de PROFILAXIS.
BUENOS
AIRES, 17 DE DICIEMBRE DE 1936.
BOLETIN OFICIAL, 11
DE ENERO DE 1937.
Artículo
15: Queda
prohibido en toda la República el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la
prostitución, o se incite a ella.
Artículo
17: Los
que sostengan, administren o regenteen, ostensibles o encubiertamentecasas de tolerancia,
serán castigados con una multa de DOCE MIL QUINIENTOS a VEINTICINCO MIL PESOS.
En caso de reincidencia sufrirán prisión de 1 a 3 años, la que no podrá
aplicarse en calidad de condicional. Si fuesen ciudadanos por naturalización,
la pena tendrá la accesoria de pérdida de la carta de ciudadania y expulsión
del país una vez cumplida la condena, expulsión que se aplicará, asimismo, si
el penado fuese extranjero.
Viernes 29 de mayo de 2009 | 15:28
La Pampa: prohíben las whiskerías y cabarets
Así lo decidió la municipalidad de Santa Rosa; los locales de esa ciudad serán clausurados; es para combatir la trata de personas
Por Sergio Romano
Corresponsal en La Pampa
Corresponsal en La Pampa
SANTA ROSA.- La municipalidad de Santa Rosa emitió una ordenanza con el objetivo de combatir la trata de personas para explotación sexual: prohibió el funcionamiento de whiskerías y cabarets en toda la ciudad.
La iniciativa fue impulsada por Alicia Iribarren, del Frepam, y tuvo el apoyo de la mayoría de los concejales, que coincidieron que este tipo de comercio son "pantallas" para que funcionen prostíbulos, un tipo de local comercial prohibido en todo el país.Actualmente, hay cuatro whiskerías y cabarets en la capital pampeana, que deberán cerrar sus puertas en los próximos meses, cuando culmine el plazo de la habilitación.
Hace tiempo que la trata de personas es un problema conocido pero sin solución en muchos lugares del país. En el caso de La Pampa, tras varios procedimientos, la policía comprobó que se han traído chicas esclavizadas desde el norte del país y de los países limítrofes como Bolivia.
Hasta ayer, en violación a la legislación nacional, en Santa Rosa estaba reglamentada la explotación de la prostitución: a las mujeres que trabajaban en whiskerías se les exigía inscribirse en comisarías y realizarse exámenes ginecológicos, una prueba de que esos locales son, en realidad, prostíbulos encubiertos.
"Entendemos que debemos contribuir a modificar toda normativa que pudiere facilitar el delito de trata de personas y sancionar en cambio, una ley que garantice el ejercicio pleno de los derechos de niños, niñas y adolescentes", dijo Iribarren.
El fiscal nacional de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas, Marcelo Colombo, apoyó la iniciativa, pero advirtió que es probable que las whiskerías empiecen a proliferar en los pueblos vecinos, donde aún no hay regalmentación.
A pesar de la buena voluntad de algunos funcionarios, existen sospechas de corrupción policial que complican el problema: en las últimas semanas, un comisario acusó a sus superiores de ser cómplices de proxenetas y la Justicia federal abrió una investigación..
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