Páginas amigas

martes, 27 de septiembre de 2011

Mañana en Entre Eva y Lilith!!!!

28 de septiembre: día internacional de lucha por la despenalización del aborto2


En el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe celebrado en Argentina en 1990, la Asamblea del Movimiento Feminista Latinoamericano, tomando en cuenta que las complicaciones por el aborto inseguro y clandestino constituyen la primera causa de mortalidad de las mujeres en muchos de los paises de la región, decidió declarar el 28 de septiembre como el Dia por la Despenalizacion del Aborto.


Desde entonces mas organizaciones de mujeres se han sumado a la campaña de presion para demandar la despenalizacion del aborto en la region latinoamericana y caribenia. Hoy suman mas de 600.


El 28 de septiembre se recuerda a los gobiernos latinoamericanos que seis mil mujeres se mueren al año debido a complicaciones de abortos.


Mencionan que la cifra anual de abortos que se practican en Brasil, Colombia, Mexico, Peru y Republica Dominicana asciende a 2.8 millones y en toda la region la suma llega a mas de cuatro millones.


Cada dia se realizan 55 mil abortos inseguros en el mundo, 95 por ciento en paises en vias de desarrollo, los cuales son responsables de una de cada ocho muertes maternas.


Mundialmente por cada siete nacimientos se lleva a cabo un aborto inseguro. Se calcula que el aborto inducido -en forma clandestina y condiciones inseguras- es la causa de una de cada tres muertes maternas en la region y de aproximadamente 800 mil hospitalizaciones por año.

Cada 28 de septiembre sirve a las feministas para demandar el acceso de servicios de aborto seguro, lo cual podria prevenir entre el 20 y 25 por ciento del medio millon de muertes maternas que anualmente ocurren en los paises en vias de desarrollo.

Recuerdan que en America Latina y el Caribe entre el 10 y 30 por ciento de las camas de los servicios de ginecologia y obstetricia estan ocupadas por mujeres con diagnostico de aborto incompleto.

(Cifras provenientes de: Instituto Alan Guttmacher; Organizacion Mundial de la Salud, Fondo de Poblacion de las Naciones Unidas y Grupo de Informacion en Reproduccion Elegida)

Fuente: http://www.mujeresenred.net/spip.php?article179

viernes, 23 de septiembre de 2011

Caso Yapura - Alderete. Demanda de un millón de pesos por un triple crimen

En octubre juzgarán la responsabilidad del Estado en el asesinato de una madre y sus dos hijos. Ella había pedido ayuda.La mujer y los chicos fueron acuchillados por el padre de la familia en su casa. Denuncian que hubo negligencia de la Policía.
viernes 23 de septiembre de 2011 Salta Jimena Granados, El Tribuno
MANIFESTACIÓN FAMILIARES Y AMIGOS DE LA FAMILIA ALDERETE EN UNA MARCHA PARA PEDIR JUSTICIA.
MANIFESTACIÓN FAMILIARES Y AMIGOS DE LA FAMILIA ALDERETE EN UNA MARCHA PARA PEDIR JUSTICIA.

Funcionarios. Por la muerte de Rosana Alderete y sus dos hijos hubo un pedido de jury de enjuiciamiento contra los jueces José Alvarado Solá y Raúl Sosa y la fiscal Emma Puente, ya que supuestamente podrían haber actuado ante las denuncias que realizó la mujer. Sin embargo, se consideró que no había motivos para creerlos responsables y separarlos de sus cargos.
Advertencia. Rosana Alderete había hecho 5 denuncias ante la Policía por el maltrato y las amenazas de su marido, Alberto Yapura. En la madrugada del 28 de agosto de 2004, el hombre llegó a la vivienda familiar y, después de una discusión, asesinó a sus dos hijos menores y a su mujer. El padre también atacó a su hija mas grande, que logró escaparse y pedir ayuda.
Condenado. Luego de matar a su esposa e hijos, Alberto Yapura se cortó el cuello, aunque la herida fue superficial y no puso en riesgo su vida. El hombre era remisero y su mujer había decidido terminar su relación con él por sus constantes agresiones. La Cámara III del Crimen lo condenó a “prisión perpetua con la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado” en 2006.
El 25 de octubre comenzará a juzgarse la responsabilidad de un policía y del Estado en la muerte de Rosana Alderete y dos de sus tres hijos. La mujer y los chicos fueron acuchillados por el padre de la familia pese a que ella había denunciado cinco veces que su marido amenazaba con asesinarla y la golpeaba. La familia de las víctimas demanda un resarcimiento económico cercano al millón de pesos al Gobierno provincial.
Por el caso, está procesado el policía José Abraham Martínez, que trabajaba en la comisaría de Castañares cuando Rosana Alderete fue a pedir ayuda antes de que su esposo, Alberto Yapura, cometiera el crimen.
Sin embargo, la familia de Rosana Alderete informó que también busca una evaluación sobre la responsabilidad solidaria y la negligencia del Estado por el triple asesinato ocurrido el 28 de agosto de 2004.
A José Abraham podría corresponderle prisión e inhabilitación en su cargo por incumplimiento de deberes de funcionario público, pero además se reclama un resarcimiento económico cercano al millón de pesos que debería pagar el Estado por las tres muertes.
Con la demanda, los padres y hermanos de Rosana Alderete también intentan lograr algún tipo de reparación por el daño moral que sufrió la única de los tres hijos del matrimonio que quedó viva.
La historia
“Queremos que se juzgue el mal desempeño de los funcionarios frente a las denuncias que hizo mi hija”, dijo a El Tribuno Guillermo Alderete, padre de Rosana.
Alderete sólo cuenta con sus ingresos como jubilado y quedó a cargo de su nieta, que tenía 12 años cuando murieron su madre y sus dos hermanos.
Alberto Yapura trabajaba como remisero y fue condenado por la Justicia a reclusión perpetua en agosto de 2006.
El hombre mató a puñaladas a su mujer, de 36 años, y a sus hijos Rocío y José, de 8 y 6 años en la casa de la familia. A Emilse, la mayor de los chicos, también la atacó, aunque la nena logró escaparse y sobrevivir.
El triple asesinato se produjo en el humilde barrio Martín Miguel de Gemes, al norte de la ciudad.
Además del daño psicológico, la adolescente que salvó su vida enfrenta las secuelas físicas que le produjeron las heridas.
“Este caso es uno de los más importantes de la historia judicial argentina... hubo cinco avisos a la Policía”, definió Oscar Juárez, abogado de la familia Alderete.
Por lo que pudo saberse hasta ahora, el oficial procesado en la causa no habría realizado los trámites correspondientes tras tomar las denuncias. El tema se evaluará en el juzgado correccional 8 desde el 25 de octubre.

Reclamos por las políticas públicas

Después de que Alberto Yapura asesinó a Rosana Alderete, su mujer, y a sus dos hijos, se generó un intenso debate sobre la violencia familiar. El tema se instaló en la agenda pública, hubo reclamos por nuevas políticas y se sancionó una norma específica en la materia.
La ley 7403, aprobada en 2006, fijó reglas para la protección de las víctimas y especificó sanciones para policías, jueces y otros funcionarios que no actúen con urgencia ante una denuncia de maltrato.
Una norma de 2002 ya se ocupaba de los casos de agresión en el hogar, pero la nueva profundizó en la problemática y generó una amplia difusión del tema.
Tras el caso de Rosana Alderete hubo numerosas marchas para reclamar justicia en Salta capital. El debate que se impulsó sobre la violencia también hizo que se demandara revisar las acciones de prevención en los últimos años.
De acuerdo a estadísticas de la Justicia, cada año ingresan a los juzgados más de 15.000 denuncias por golpes o amenazas en el ámbito doméstico. Más del 70 por ciento de las víctimas son mujeres y, del resto de los afectados, la mayoría son niños.
En 2010 el Poder Judicial de Salta creó una Oficina de Violencia Familiar en la calle General G:üemes 1551 para canalizar la atención a las personas que sufren agresión. En este espacio hay profesionales que tienen el deber de tomar denuncias y ofrecer información.

 FUENTE: El Tribuno

miércoles, 21 de septiembre de 2011

Campaña IGUALDAD

video

Violación de niña Qom-Toba en Chaco. Dictamen ONU

Dictamen del Comité de DDH - Argentina es responsable de la violación de derechos de LNP

 El 3 de octubre del 2003, en el caserío del Espinillo, Provincia del Chaco, Argentina, cuando LNP, joven del pueblo Qom-Toba, había cumplido 15 años, fue violada por tres jóvenes, quienes la amenazaron para que no denunciara el hecho. Sin embargo, ella decide denunciar. Durante todo el ejercicio de su derecho de acceso a justicia, la joven fue discriminada tanto por razón de género como por lo étnico racial. Finalmente, los acusados son absueltos a través de una sentencia con estereotipos discriminatorios perpetuando la impunidad en este caso de violencia sexual, sentencia que no fue notificada a la víctima.
En mayo de 2007, INSGENAR y CLADEM, presentaron una comunicación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, por la violación de los derechos humanos de LNP consagrados en los artículos 2, 3, 7, 14, 17 inc.1, 24 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Además, se planteó que se violaron los artículos 1, 2 incisos c y d, 5 inciso 1 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer; los artículos 3; 4 incisos a, b, c, d, e, f, g; 7 incisos a, b, f y g; y 8 incisos b, c, de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; así como los artículos 1; 5 inc.1 y 2; 7; 8, inc.1; 11 inc. 2 y 3 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, aprobó con fecha 18 de julio de 2011, un dictamen donde establece que el Estado Argentino es responsable de la violación de los derechos de L.N.P. En este sentido falla:
- Que existió un tratamiento discriminatorio por parte de las autoridades policiales, sanitarias y judiciales por su condición de niña e indígena, tendientes a cuestionar la moral de la víctima. Lo que conllevó también a su revictimización, agravada por su condición de menor de edad, produciéndole un sufrimiento físico y moral.
- Que hubo incumplimiento del Estado en su obligación de adoptar las medidas de protección requeridas por la condición de menor de edad.
- Que al no haber sido informada sobre sus derechos durante el proceso judicial, ni al haber tenido interpretación en su idioma durante el juicio, entre otras irregularidades, se ha violado los derechos de acceder en igualdad de condiciones a la justicia.
- Que el Estado ha violado el artículo 17 del Pacto, al haberse configurado durante el proceso injerencias arbitrarias en la vida privada, y ataques ilegales a su honra y reputación cuando se realiza indagaciones sobre su vida sexual, por ser irrelevantes para la investigación.
Si bien existe un reconocimiento del Estado de la responsabilidad así como avances para el cumplimiento de medidas reparatorias, el Comité insta el cumplimiento cabal de los acuerdos. Asimismo, recuerda que existe la obligación de evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro, asegurando el acceso de las victimas a los tribunales en condiciones de igualdad.
Las dificultades en el acceso a la justicia por parte de las víctimas de violencia sexual es uno de los problemas más serios que se enfrenta a nivel mundial. Esta situación se agrava cuando se trata de mujeres rurales o pertenecientes a grupos originarios. Este dictamen nos abre una de las tantas puertas para cuestionar el sistema de justicia de nuestros países de América Latina y el Caribe. Trabajar contra la impunidad es trabajar por los derechos humanos de todos y todas. Pueden revisar la resolución en la página web de Cladem.
Ver dictamen en  
http://cladem.org/index.php?option=com_rokdownloads&view=file&task=download&id=1424%3Accpr-c-102-d-1610-2007-spanish&Itemid=115
Fuente:
http://cladem.org/index.php?option=com_content&view=article&id=782:dictamen-del-comite-de-ddh-argentina-es-responsable-de-la-violacion-de-derechos-de-lnp&catid=49:ultimas-noticias&Itemid=112

En breve!!!!

jueves, 15 de septiembre de 2011

Comunicado sobre el debate del Aborto en la Cámara de Diputados de la Nación

Frente al estado público que ha tomado el llamado a reunión de Comisión de Legislación Penal para el día 27 de septiembre para debatir los diferentes proyectos sobre reformas de artículo 86 del código penal y el proyecto de Ley elaborado desde la  Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, además del presentado en el año 2010 por el bloque Nuevo Encuentro de similares alcances y características, consideramos oportuno hacer pública nuestra postura.
Modificar la redacción del actual artículo 86 del Código Penal es un sin sentido, que no generará ningún cambio en la situación de interferencias provocadas por sectores de justicia o del sistema de salud. Es incluso, en el caso del último proyecto presentado por el Presidente de la Comisión, diputado Juan Carlos Vega, más restrictivo que la legislación vigente, ya que intenta incorporar plazos (12 semanas) que el actual código no incluye. Circunstancias que actualmente se contemplan en el Código Penal como abortos no punibles (cuando existe riesgo para la vida o la salud de la mujer o en casos de violación)  pueden conocerse luego de ese plazo y con las modificaciones propuestas se volverían punibles.
Una vez más se puso en evidencia en agosto de 2011 con la niña violada por su tío en Misiones, que la criminalización del aborto obstaculiza su práctica en los casos actualmente permitidos. Es decir que se promueve  una trama de incumplimientos, discusión de interpretaciones y dilaciones indebidas entre el sistema de salud y de justicia, que se reiteran asiduamente en todo nuestro país, generando un problema de salud pública y vulnerando derechos claramente consagrados por nuestra legislación desde hace 90 años.
Para cumplir con los abortos que actualmente son legales existe una “Guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles”  elaborada por el Ministerio de Salud de la Nación que debe elevarse a rango de Resolución Ministerial, junto con el desarrollo de un plan para su efectiva implementación en todo el país. La efectivización de esta Guía es una política de salud pública, responsabilidad del Poder Ejecutivo, que no requiere de ninguna intervención del poder legislativo para ser efectiva.
El proyecto de Vega y otros que sólo intentan aclarar los alcances del artículo 86, representan un retroceso en el campo de los derechos de las mujeres: no aportan solución para el actual incumplimiento de los abortos legales, tampoco resuelven los problemas relacionados con el aborto clandestino. No resuelven el problema de las 500 mil mujeres que cada año recurren a esta práctica,  y menos aún el de las 3000 mujeres que han muerto desde la reinstauración democrática y el drama para sus familias. Mientras el aborto siga siendo clandestino y por lo tanto, peligroso para las mujeres más pobres y menos informadas, que no tienen acceso a servicios de calidad, habrá muertes por aborto en nuestro país. La penalización del aborto es ineficaz para prevenir los abortos que prohíbe. Vulnerabiliza injustamente a las más jóvenes, pobres y con menor nivel educativo.
En contraposición a lo expuesto, creemos que legalizar y despenalizar el aborto como propone el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), elaborado e impulsado por esta Campaña, contribuye a descomprimir las interpretaciones y subjetividades personales e institucionales puestas en juego. Es un aporte no sólo para aclarar las actuales causales, sino que también permite a los equipos de salud  trabajar sin presiones. Sabiendo que un tercio de muertes maternas se deben al aborto practicado en condiciones inseguras, la propuesta del Proyecto de IVE, se presenta como la herramienta más eficaz para reducir drásticamente la mortalidad de mujeres por gestación.
Como ha sido ampliamente argumentado por diferentes Organismos Internaciones de Derechos Humanos, sólo mediante la legalización del aborto, se respeta la universalidad y la no-discriminación, y la autonomía de las mujeres como ciudadanas con derechos que deben ser garantizados por el Estado.
Desde la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación se han realizado dos audiencias públicas con invitadas especiales (Marianne Mollman representante de Human Rights Watch y Luz Patricia Mejía relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) que expusieron argumentos consistentes sobre la necesidad de avanzar en la legalización sobre aborto. En ocasión de las mismas, la Comisión, manifestó su compromiso con que este tema fuera tratado durante el año 2011. Por esto es que desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito esperamos que se dé el mismo tratamiento a este tema que se dio al debate por la Ley de Matrimonio Igualitario. Nuestro proyecto de Ley cuenta con la firma que lo avala de 50 diputados y diputadas, lo que demuestra el amplio apoyo social que se ha sumado a lo largo de todos estos años.
Nuestra sociedad no sólo está madura para debatir este tema con la complejidad que reviste, sino que es imperioso hacerlo. Llamamos a diputadas y diputados firmantes del proyecto de Ley de la Campaña a realizar un compromiso activo con el debate. Los derechos de las mujeres no pueden esperar los tiempos electorales, ni los discursos religiosos, ni las maniobras distractivas y conservadoras, que siguen poniendo a nuestro país en situaciones de discriminación en el acceso a la salud y a un derecho que afecta solamente a las mujeres y en especial a las más jóvenes y de sectores populares.
Invitamos a participar a toda la sociedad comprometida con la defensa de los derechos humanos de las mujeres y reiteramos nuestro compromiso integral: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
 Contactos
-  Marta Alanís (Cba.): 0351-155-649981
-  Claudia Anzorena (Mendoza): 0261-156616491
-  Estela Díaz (La Plata): 0221-5402552
-  Cristina Ércoli (La Pampa): 02954-411536
-  Florencia López (Bs.As.): 011-153196257
-  Ruth Zurbriggen (Neuquén): 0299-154282357
Argentina, 9 de septiembre de 2011

Total incorrección!!! María Galindo en Jornadas de periodismo autogetionado




La última actividad de la segunda jornada del I Congreso Internacional de Periodismo Autogestionado tuvo la potencia necesaria como para que el evento sea casi inolvidable. Esa persistencia tiene que ver con el profundo planteo que hizo la artista e intelectual Maria Galindo, inspiradora además del movimiento feminista Mujeres Creando.
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lunes, 12 de septiembre de 2011

martes 13 de septiembre: Día Latinoamericano de la Imagen de la Mujer en los Medios de Comunicación

*Dos acciones feministas en la Legislatura*


Mañana *martes 13 de setiembre a partir de las 15 hs*. tendrá lugar la Sesión
Simbólica <http://dianamaffia.com.ar/archivos/image0021.jpg> por el Día
Latinoamericano de la Imagen de la Mujer en los Medios de Comunicación.
Participarán referentes del periodismo con perspectiva de género y de
organizaciones sociales que trabajan con la temática.
La sesión será presidida por las Diputadas María José Lubertino, Presidenta
de la Comisión de Igualdad Real de Oportunidades y de Trato entre Mujeres y
Varones y Diana Maffía, Presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia,
Adolescencia y Juventud.
En tanto, en el marco de las acciones que se llevarán a cabo por el “*Día
por la Despenalización del Aborto"*, se proyectará el próximo *miércoles 14
de setiembre a las 18 hs*. el documental "*Aborto Clandestino: crucifixión
democrática*" <http://www.youtube.com/watch?v=Q8ZNKQKGKIs> realizado por el
Colectivo Elsa Torres.
Con posterioridad a la muestra del documental reflexionaremos junto con lxs
integrantes del Colectivo Elsa Torres sobre la demanda por la legalización
del aborto en nuestro país.
La actividad se realizará en el *Salón Montevideo de la Legislatura porteña,
Perú 160 PB. *La entrada es libre y gratuita. No requiere inscripción.

Para quienes se quejaban en Córdoba por la decisión de prohibir los avisos de oferta de prostitución.

Quienes alegaban que en los departamentos no había victimas de trata, ha salido a la luz que una adolescente de 15 años y 3 mujeres de nacionalidad dominicana fueron restacadas el domingo por personal de la División Protección de las Personas.
Estas mujeres eran obligadas a ejercer la prositución en un departamento de avenida Gral. Paz 578, en pleno centro cordobés. Fueron detenidas 3 personas por orden del juzgado federal, entre ellas, la dueña del lugar y un policía en actividad. Se trata de un Sargento primero que reviste en la división Motos.  
FUENTE: Monica Reviglio, Red Par