Derechos de las Humanas

Declaración de redes, coaliciones, articulaciones y organizaciones de mujeres de América Latina y el Caribe

10 de Diciembre. Día Internacional de los Derechos Humanos

Las leyes que penalizan el aborto atentan contra el derecho humano de las mujeres a la salud

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha recibido el informe provisional de fecha 3 de agosto de 2011, elaborado por Ana nd Grover,

Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental,

disconformidad con las resoluciones 15/22 y 6/29 del Consejo de Derechos Humanos de esa entidad.

El informe, titulado "El derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental", aborda las normas internacionales

de derechos humanos y el derecho a la salud sexual y reproductiva, así como los nocivos efectos que las leyes penales y otras restricciones jurídicas

tienen en la salud sexual y reproductiva, con énfasis en la práctica del aborto; la conducta en el embarazo; los métodos anticonceptivos y la

planificación de la familia; y el acceso a la educación y la información en materia de salud sexual y reproductiva. Taxativamente señala que algunas de

las restricciones jurídicas penales y de otra índole que se aplican en cada uno de esos ámbitos, a menudo discriminatorias, dificultan el acceso a

bienes, servicios e información de calidad y, por consiguiente, vulneran gravemente el derecho a la salud. Y atentan contra la dignidad humana al

coartar las libertades que emanan del derecho a la salud, en particular en lo que respecta a la adopción de decisiones y a la integridad física.

Agrega: "El ejercicio del derecho a la salud requiere la eliminación de las barreras que interfieren en la adopción de decisiones relacionadas con la

salud y en el acceso a los servicios de salud, la educación y la información, en particular en lo que respecta a las afecciones que solo

afectan a las mujeres y a las niñas. En los casos en que una barrera es producto de una ley penal o de restricciones jurídicas de otra índole, los

Estados están obligados a eliminarla" (énfasis nuestro). A partir de ello, en sus recomendaciones sostiene que los Estados pueden y deben adoptar las

medidas necesarias para que el derecho a la salud se haga plenamente efectivo para todas las personas, sin exclusión, y no se coloquen obstáculos

como los señalados para su pleno y efectivo ejercicio.

Las redes, coaliciones, articulaciones y organizaciones abajo firmantes, históricamente comprometidas con una agenda que promueve y defiende el

derecho a la salud como un derecho humano y como un bien social para todas las mujeres, sin discriminación por edad, condición socioeconómica, raza o etnia, opción sexual o identidad de género, creencia religiosa, lugar de residencia, capacidades diferentes, estado de salud o de cualquier otro

tipo, aplaudimos con vigor y entusiasmo el espíritu del documento citado, el cual surge a partir de un trabajo con alto nivel de experticia, y

desarrollado con total autonomía de cualquier gobierno, postura ideológica o religiosa.

A partir de ello, lo asumimos como indispensable herramienta para la acción política y la vigilancia ciudadana, así como también para interpelar a

los gobiernos de la región latinoamericana y caribeña, exigiéndoles que garanticen las mejores condiciones para ejercer el derecho a la salud con

dignidad e integralidad, y libres de toda forma de violencia, coerción o

discriminación.

Llamamos la atención, finalmente, al hecho de que en la presentación del informe señalado tan solo la delegación argentina en la ONU expresó un apoyo activo respecto de su contenido, incluso en lo relativo al aborto y a las recomendaciones de revisión de las leyes que lo penalizan, mientras que el resto de las delegaciones latinoamericanas y caribeñas no se expresaron en el mismo sentido y algunas incluso manifestaron su rechazo a las

recomendaciones sobre este tema en particular, demostrando su renuencia en reconocer las necesidades urgentes e impostergables de las mujeres en el

ámbito de la autonomía sexual y reproductiva, y de la maternidad voluntaria.

Esto sin duda demuestra que, en pleno siglo 21, el derecho a la salud integral de las mujeres, en especial de las más pobres, las adolescentes, 

las indígenas, las afrodescendientes, las mujeres de la diversidad sexual, las inmigrantes, las mujeres de zonas rurales, las mujeres VIH+, las mujeres

desplazadas, las mujeres víctimas de violencia, entre otras, continúa ausente e ignorado de los grandes y álgidos debates nacionales y regionales

que hoy se desarrollan, y también del diseño de políticas públicas de nuestros países, las que no pueden dejar de garantizar los derechos humanos

de las mujeres y sus libertades fundamentales.