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PAR repudia “todo el proceso judicial” que llevó a la absolución de las y los acusados

La RED PAR - Periodistas de Argentina en RED por una comunicación no sexista - manifiesta su enérgico repudio a la totalidad del proceso judicial que desembocó en la absolución dictada por los jueces Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano que absuelve a los 13 acusados/as en el juicio que encabeza Susana Trimarco por la desaparición de su hija Marita Verón ocurrida el 3 de abril del 2002.

El periodismo con perspectiva de derechos acompañó en estos años esta lucha, dando cobertura a un drama que de tan naturalizado perdía su dimensión.

Susana Trimarco pone en agenda el tema de la trata y el tráfico de personas y cada víctima recuperada fue y es un emblema de esa lucha, siempre desigual.

Quienes trabajamos con el marco teórico de los derechos humanos de las mujeres sabemos que los testimonios de las víctimas pocas veces son tomados en consideración, y que la falta de pruebas se convierte en el argumento más corrupto, y sin embargo, más eficaz a la hora de absolver culpables.

Como periodistas tomamos los testimonios de las víctimas con el valor de verdad que exige la ética y buscamos en nuestras fuentes la información que las fuentes oficiales ocultan.

Renovamos en este día nuestro compromiso, y nuestra solidaridad con Susana Trimarco y su nieta Micaela a quien esta sentencia absolutoria deja huérfana por segunda vez.

Escándalo en Tucumán: absolvieron a los 13 acusados por el secuestro de Marita Verón

Por Sibila Camps

Para los jueces de la Cámara Penal no se pudo probar que la joven fue secuestrada por una red de prostitución. La lectura del fallo se demoró 4 horas y generó indignación, insultos y estupor en la sala.

Tucuman. Enviada Especia - 12/12/12

Estupor. Indignación. Lágrimas de impotencia y dolor entre familiares y allegados a la Fundación María de los Angeles, militantes y funcionarios de derechos humanos. Lágrimas de sorpresa, gritos de euforia e insultos entre los 13 imputados de secuestrar y prostituir a Marita Verón; más júbilo entre sus parientes. La única que no lloró cuando la secretaria de la Sala II de la Cámara Penal de Tucumán leyó que todos habían sido absueltos, fue Susana Trimarco: después de diez años y medio aprendió que el llanto le gasta energías para buscar a su hija.

Nadie de quienes estuvieron cerca de la causa y del juicio imaginó semejante sentencia. Nadie concibió que los relatos horrorosos de las víctimas de trata fueran considerados prueba insuficiente. Ni siquiera el propio Fernando “Chenga” Gómez –uno de los más comprometidos por las testigos–, quien a la mañana, al pronunciar sus últimas palabras, dijo: “Tenía ganas de venir y pedirles a ustedes que ya me detengan”.

En la tórrida Tucumán, el fallo unánime de los doctores Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano cayó como un baldazo de agua hirviendo sobre la multitud de militantes de organizaciones de mujeres, derechos humanos y agrupaciones políticas, que estuvieron montando vigilia para acompañar a Susana Trimarco.

A la mañana, después de que Lidia “Liliana” Medina afirmara por enésima vez que sus tres prostíbulos eran whiskerías, Piedrabuena anunció que a las 17 se conocería el veredicto. Sin dar explicaciones, los jueces se hicieron esperar cuatro horas más : horas de calor, de sed, de tensión, de estar de pie –diputados, legisladoras, funcionarios nacionales, familiares de la víctima, abogados de la Fundación María de los Angeles, la propia Susana Trimarco–, acorralados por vallas, controlados por decenas de policías, frente a las puertas de Tribunales cerradas a cal y canto.

Por la entrada de la guardia entraron sin problemas los imputados, sus allegados y sus defensores. Estaban cómodamente sentados en la sala, con aire acondicionado, cuando tras las protestas hicieron ingresar a Trimarco y sus abogados, a quienes la acompañaban, y a la prensa.

Debieron permanecer a oscuras y de pie tres cuartos de hora más, antes de ocupar sus lugares en una sala pequeña, festoneada por 32 policías .

La absolución de los cuatro tucumanos desató chillidos de alegría. María Jesús Rivero se paró y levantó el brazo como si estuviera en la cancha de San Martín de Tucumán, de la que fue presidenta cuando su ex pareja, Rubén “La Chancha” Ale, gerenciaba el club. Al escuchar su nombre, “El Chenga” soltó una puteada amenazante y se fundió llorando con Medina, su madre. Los defensores se entrecruzaron en abrazos. Los familiares de los juzgados comenzaron a cobrar fuerzas. La tensión desafiante fue creciendo, y salvo ellos, Trimarco, sus abogados y el resto del público dejaron la sala. Afuera, la multitud clamaba: “Se siente, se siente, Marita está presente ”.

Las y los periodistas los acompañaron hasta la sede de la Fundación. Al mismo tiempo, organizaciones sociales convocaban a una marcha de repudio hoy a las 18, desde Congreso hasta la Casa de Tucumán. Y unos 200 manifestantes autoconvocados por redes sociales seguían anoche exigiendo Justicia en las calles de la provincia.

Trimarco dijo haber recibido mensajes de que Ale había comprado al Tribunal. El doctor Carlos Varela anunció que apelarán en casación, pedirán el juicio político de los tres jueces, y recurrirán a organismos internacionales . Su colega José D’Antona apeló a la presidenta Cristina Fernández, quien el domingo entregó a Trimarco el Premio Azucena Villaflor por su lucha por los derechos humanos: “Después de haber tolerado al ‘Malevo’ Ferreyra y a Bussi, le voy a pedir respetuosamente que intervenga el Poder Judicial de Tucumán, que está podrido. Las lágrimas de Micaela, las van a pagar”.

Las pruebas que los jueces consideraron insuficientes

Por Sibila Camps

12/12/12

Si bien la lectura completa de la sentencia será el 18 de diciembre, el tribunal adelantó una síntesis de sus argumentos. Para los jueces, Marita Verón no fue secuestrada el 3 de abril de 2002, porque la acusación no pudo probarlo. “Las versiones al respecto son sólo tales”. No hay modo de saber, dijeron, cómo desapareció “y apareció en otros lugares”. Esto implica, al menos, que los jueces sí creyeron a las víctimas de trata sexual que compartieron su encierro y explotación con Marita en los prostíbulos de la familia Medina-Gómez. No se entiende entonces cómo consideraron que “no fue posible arribar a la prueba suficiente de testigos diversos en tiempo, modos lugares y personas, como circunstancias particulares de cada uno” de los acusados de La Rioja.

Respecto de María Jesús y Víctor Rivero –acusados de ordenar y ejecutar el secuestro–, “el tribunal consideró de absoluta ineficacia la prueba producida”. Hubo un par de oportunidades de profundizar en la relación entre María Jesús Rivero, su ex pareja Rubén “La Chancha” Ale y la conexión La Rioja, pero el tribunal las evitó. En cuanto a la ex pareja Daniela Milhein y Alejandro González, para los jueces, “tampoco la prueba de testigo fue suficiente”. Según la testigo Fátima M., Marita había estado secuestrada y drogada en dos de sus casas mientras ella también estuvo cautiva.

“Respeto del ex policía riojano Pascual Andrada, no ha sido producida ninguna prueba que lo vincule al caso”. Varias víctimas lo identificaron como uno de los reclutadores que llevaba chicas a los burdeles de La Rioja, y avisaba de los allanamientos. Sí es cierto que la única víctima que presenció la llegada y compra de Marita por parte de “Liliana” Medina, describió a un hombre diferente.

Del maltrato a las víctimas de trata que los jueces permitieron a los abogados defensores se deduce que tras 9 meses de debate no han comprendido el arrasamiento psicológico que produce en una mujer las violaciones que implica ser una esclava sexual.

Hoy pierde estado parlamentario el proyecto de trata de personas

Por Sibila Camps

30/11/12

Cuando faltan pocos días para la sentencia del largo juicio por Marita Verón, que se convirtió en el caso más emblemático de trata de personas con fines de explotación sexual, pierde hoy estado parlamentario la media sanción del Senado al proyecto que introduce importantes modificaciones y agregados a la ley de trata. La iniciativa, largamente reclamada por las organizaciones que trabajan en la temática, ni siquiera fue tratada en comisiones en Diputados.

La ley 26.364, sancionada en abril de 2009, recibió de inmediato las críticas de las organizaciones, sobre todo por exigir a las víctimas mayores de 18 años la prueba de que no consintieron en ser esclavizadas. Entre otras falencias, la ley no prevé la asistencia a las víctimas, ni un plan nacional de prevención y lucha contra el delito.

Ese mismo año, todos los bloques parlamentarios firmaron su compromiso de modificar lo antes posible la norma. Entretanto, los análisis acerca de su aplicación pusieron en evidencia más fallas: dificultades para vincular el delito con la vulnerabilidad de las víctimas; resistencia a entender como delito la explotación sexual; penas muy bajas, entre otros puntos.

En estos años hubo numerosos proyectos presentados por la mayoría de los bloques, en especial en Diputados. Finalmente el 31 de agosto de 2011, el Senado dio media sanción a un proyecto que habría dado respuesta a casi todas las demandas de las organizaciones.

Pero a pesar de que la sanción era impulsada por algunos diputados del FPV –con mayoría y quorum propio en la Cámara Baja –, el proyecto fue permanentemente postergado por el oficialismo y ahora vuelve a fojas cero.

 

SALTA

Se acabó la joda: Quieren prohibir los cabarets y whiskerías en Salta

La iniciativa es de la concejal capitalina Frida Fonseca Lardies y será tratado mañana en la sesión del Concejo Deliberante

SALTA.- La concejal del Partido Obrero Gabriela Cerrano, dijo que propondrá que también se inhabilite a los dueños de estos negocios para instalar otro emprendimiento.

La iniciativa es de la concejal capitalina Frida Fonseca Lardies y será tratado mañana en la sesión del Concejo Deliberante. La finalidad es evitar la promoción de espacios para la prostitución y la trata de personas.

Se prohibieron los prostíbulos, no los cabarés y whiskerías

25.05.12 Están vigentes por la ordenanza 2.606 y no fueron inhabilitados porque su objeto no es la explotación sexual.

Con la derogación de la ordenanza 140, quedó prohibida la instalación y habilitación de prostíbulos y casas de tolerancia en la ciudad, pero no de cabarés y whiskerías, ya que éstos se rigen por la ordenanza 2.606.

Una de las razones por las que los ediles no derogaron esta última normativa, en términos legales, es que los cabarés están habilitados como locales donde se brindan shows y espectáculos, pero no pueden ofrecer sexo a quienes concurran allí; algo similar ocurre con las whiskerías, donde oferta sexual está prohibida.

En realidad, en la mayoría de los casos, sucede algo distinto. Los especialistas en trata de personas consideran que estos son lugares proclives a prácticas de explotación sexual. Por ello es fundamental que se fortalezcan los controles en estos locales.

“Voy a pedir que se derogue la ordenanza 2.606. Si bien eliminando la 140 dimos un paso importante, esta ordenanza aún vigente crea un escenario propicio para el delito de trata”, indicó la edil Frida Fonsecas, autora del proyecto que eliminó la ordenanza 140. Sostuvo que, más allá de que estén funcionando, se van a realizar intensos controles con el fin de constatar que no ofrezcan sexo. Aclaró que “en caso de que se detecte la promoción de sexo, quedarán clausurados e inhabilitados sin permiso para volver a funcionar”.

Fuentes reservadas indicaron que en la ciudad de Salta hay dos locales registrados bajo el rubro cabaret, y se estima que hay ocho más que funcionan como tales pero que se registraron con otros nombres.

Desde la Unidad Fiscal de Asistencia a las Víctimas de Secuestros Extorsivos, dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación, informaron que “en muchos casos se registran bajo distintos eufemismos, como por ejemplo whiskerías, lugares donde se practica la prostitución ajena, esto es, personas que lucran con la explotación sexual de otras”.

¿Penalizar al consumidor de prostitución?

Lo propone el proyecto de ley presentado por un diputado nacional por Salta. Suecia es el único país donde se sanciona a quien paga por tener sexo.

03/06/12 - 09:09

El 4 de mayo pasado, el diputado nacional Pablo Kosiner (FPV Salta) presentó un proyecto de ley para penalizar a quien paga por sexo. Se trata de agregar un párrafo al artículo 127 del Código Penal: “Se impondrá prisión de seis meses a dos años o multa de mil a noventa mil pesos, al que demandare u obtuviere una relación sexual a cambio de dinero, por compra de servicio sexual. Procederá la misma pena al pago realizado o prometido por una tercera persona”.

Los fundamentos de la iniciativa aluden a las “nuevas concepciones que plantean que a la trata hay que combatirla, además, atacando la responsabilidad del cliente, es decir, de quien consume este tipo de relación”.

Allí se menciona la ley sueca de 1999, que sanciona al consumidor de sexo pago, “definida como el primer intento de un país de dirigirse hacia la primer causal de la prostitución y la trata de personas con fines de explotación sexual. Ello representa desterrar la concepción demandante de los hombres del derecho a comprar servicios sexuales, y continuar en la evolución de nuestra legislación hacia la construcción de una sociedad mucho más justa y solidaria”.

De todos modos, el proyecto contiene una contradicción: el término “servicios sexuales” es utilizado por las mujeres que consideran que, cuando se ejerce de manera independiente, la prostitución es “un trabajo digno”.

 

Ley 12331 – Vigente desde 1937 Ley de PROFILAXIS.

29 enero 2010 por FILATINA

BUENOS AIRES, 17 DE DICIEMBRE DE 1936.

BOLETIN OFICIAL, 11 DE ENERO DE 1937.

 

Artículo 15:  Queda prohibido en toda la República el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución, o se incite a ella.

 Artículo 17: Los que sostengan, administren o regenteen, ostensibles o encubiertamentecasas de tolerancia, serán castigados con una multa de DOCE MIL QUINIENTOS a VEINTICINCO MIL PESOS. En caso de reincidencia sufrirán prisión de 1 a 3 años, la que no podrá aplicarse en calidad de condicional. Si fuesen ciudadanos por naturalización, la pena tendrá la accesoria de pérdida de la carta de ciudadania y expulsión del país una vez cumplida la condena, expulsión que se aplicará, asimismo, si el penado fuese extranjero.

 Viernes 29 de mayo de 2009 | 15:28

La Pampa: prohíben las whiskerías y cabarets

Así lo decidió la municipalidad de Santa Rosa; los locales de esa ciudad serán clausurados; es para combatir la trata de personas

 Por Sergio Romano
Corresponsal en La Pampa

SANTA ROSA.- La municipalidad de Santa Rosa emitió una ordenanza con el objetivo de combatir la trata de personas para explotación sexual: prohibió el funcionamiento de whiskerías y cabarets en toda la ciudad.

La iniciativa fue impulsada por Alicia Iribarren, del Frepam, y tuvo el apoyo de la mayoría de los concejales, que coincidieron que este tipo de comercio son "pantallas" para que funcionen prostíbulos, un tipo de local comercial prohibido en todo el país.
Actualmente, hay cuatro whiskerías y cabarets en la capital pampeana, que deberán cerrar sus puertas en los próximos meses, cuando culmine el plazo de la habilitación.
Hace tiempo que la trata de personas es un problema conocido pero sin solución en muchos lugares del país. En el caso de La Pampa, tras varios procedimientos, la policía comprobó que se han traído chicas esclavizadas desde el norte del país y de los países limítrofes como Bolivia.
Hasta ayer, en violación a la legislación nacional, en Santa Rosa estaba reglamentada la explotación de la prostitución: a las mujeres que trabajaban en whiskerías se les exigía inscribirse en comisarías y realizarse exámenes ginecológicos, una prueba de que esos locales son, en realidad, prostíbulos encubiertos.
"Entendemos que debemos contribuir a modificar toda normativa que pudiere facilitar el delito de trata de personas y sancionar en cambio, una ley que garantice el ejercicio pleno de los derechos de niños, niñas y adolescentes", dijo Iribarren.
El fiscal nacional de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas, Marcelo Colombo, apoyó la iniciativa, pero advirtió que es probable que las whiskerías empiecen a proliferar en los pueblos vecinos, donde aún no hay regalmentación.
A pesar de la buena voluntad de algunos funcionarios, existen sospechas de corrupción policial que complican el problema: en las últimas semanas, un comisario acusó a sus superiores de ser cómplices de proxenetas y la Justicia federal abrió una investigación..