En deuda con todas las Marita Verón

Por Alvaro Herrero DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ASOCIACION POR LOS DERECHOS CIVILES (ADC)

14/12/12

La absolución de los trece acusados en el caso de Marita Verón nos ha conmocionado.
La posibilidad de que este crimen quede impune nos indigna y asusta por igual . Pero, ¿nos sorprende? No.
Aun no se conocen los fundamentos del fallo pero ya circula información que señala que los magistrados consideraron que no había pruebas suficientes. Si ese fuera el caso, la absolución sería correcta.
Pero enfocarnos en analizar si los jueces evaluaron o no de manera correcta la prueba sería un error. Debemos mirar las falencias estructurales del sistema de justicia y preguntarnos por qué se llegó al juicio oral sin las pruebas correspondientes . ¿Por qué, luego de varios años de investigación, el fiscal no logró reunir los elementos necesarios para probar el delito? ¿Cuál fue el rol de las fuerzas de seguridad durante la investigación? ¿Qué papel jugaron las agencias estatales bajo el gobernador Alperovich?
Surgen aspectos preocupantes. El principal quizá sea que el sistema de justicia tucumano -al igual que otros de nuestro país- parece ser incapaz de lidiar con delitos complejos como la trata de personas y el narcotráfico.
Estos delitos requieren de verdaderas organizaciones criminales que provean la estructura y el financiamiento para su funcionamiento. Es sabido que no pueden operar sin algún nivel de protección estatal. Cuando el Estado está de por medio la labor judicial suele complicarse.
No todos los jueces y fiscales -ni las fuerzas de seguridad- son propensos a poner límites y controlar al poder político . Hace años que, junto a otras organizaciones, venimos señalando severas falencias en el sistema de designación de jueces en Tucumán.
Por otro lado, la inacción frente a este tipo de delitos tiene un efecto perverso: consolida una política criminal del Estado orientada a los pobres . Si no se atacan con éxito las redes de delitos complejos, se termina investigando y castigando mayormente a delitos contra la propiedad y pequeños comerciantes de drogas. Una rápida mirada al interior de cualquier cárcel confirmará este postulado.
Por último, propongo que, como sociedad, reflexionemos sobre algo que ya no parece ser episódico sino estructural.
¿La justicia -y por qué no el Estado en general- reacciona de manera similar frente a hombres y mujeres?
Me refiero a si existe un trato igualitario a las mujeres tanto cuando son víctimas de delitos como cuando son las acusadas. En el caso de Marita Verón estamos frente a la trata para explotación sexual, un delito cuyas víctimas son casi exclusivamente mujeres. ¿Se lo prioriza adecuadamente y se le dedican los mismos recursos y esfuerzos que para combatir otros delitos? A modo de prueba, vale destacar que si no fuera por las repercusiones del caso de Marita , el Congreso no estudiaría en sesiones extraordinarias el proyecto de ley de trata de personas.