PAR repudia “todo el proceso judicial” que llevó a la
absolución de las y los acusados
La RED
PAR - Periodistas de Argentina en RED por una comunicación no sexista - manifiesta
su enérgico repudio a la totalidad del proceso judicial que desembocó en la
absolución dictada por los jueces Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y
Eduardo Romero Lascano que absuelve a los 13 acusados/as en el juicio que
encabeza Susana Trimarco por la desaparición de su hija Marita Verón ocurrida
el 3 de abril del 2002.
El
periodismo con perspectiva de derechos acompañó en estos años esta lucha, dando
cobertura a un drama que de tan naturalizado perdía su dimensión.
Susana
Trimarco pone en agenda el tema de la trata y el tráfico de personas y cada
víctima recuperada fue y es un emblema de esa lucha, siempre desigual.
Quienes
trabajamos con el marco teórico de los derechos humanos de las mujeres sabemos
que los testimonios de las víctimas pocas veces son tomados en consideración, y
que la falta de pruebas se convierte en el argumento más corrupto, y sin
embargo, más eficaz a la hora de absolver culpables.
Como periodistas tomamos los testimonios de las
víctimas con el valor de verdad que exige la ética y buscamos en nuestras
fuentes la información que las fuentes oficiales ocultan.
Renovamos en este día nuestro compromiso, y nuestra
solidaridad con Susana Trimarco y su nieta Micaela a quien esta sentencia
absolutoria deja huérfana por segunda vez.
Escándalo en Tucumán: absolvieron a los 13 acusados
por el secuestro de Marita Verón
Para los jueces de la
Cámara Penal no se pudo probar que la joven fue secuestrada por una red de
prostitución. La lectura del fallo se demoró 4 horas y generó indignación,
insultos y estupor en la sala.
Tucuman. Enviada Especia -
12/12/12
Estupor. Indignación. Lágrimas de impotencia y dolor entre
familiares y allegados a la Fundación María de los Angeles, militantes y
funcionarios de derechos humanos. Lágrimas de sorpresa, gritos de euforia e
insultos entre los 13 imputados de secuestrar y prostituir a Marita Verón; más
júbilo entre sus parientes. La única que no lloró cuando la secretaria de la
Sala II de la Cámara Penal de Tucumán leyó que todos habían sido absueltos, fue
Susana Trimarco: después de diez años y medio aprendió que el llanto le gasta
energías para buscar a su hija.
Nadie de quienes estuvieron cerca de la causa y del juicio
imaginó semejante sentencia. Nadie concibió que los relatos horrorosos de las
víctimas de trata fueran considerados prueba insuficiente. Ni siquiera el propio
Fernando “Chenga” Gómez –uno de los más comprometidos por las testigos–, quien
a la mañana, al pronunciar sus últimas palabras, dijo: “Tenía ganas de venir
y pedirles a ustedes que ya me detengan”.
En la tórrida Tucumán, el fallo unánime de los doctores Alberto
Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano cayó como un
baldazo de agua hirviendo sobre la multitud de militantes de organizaciones de
mujeres, derechos humanos y agrupaciones políticas, que estuvieron montando
vigilia para acompañar a Susana Trimarco.
A la mañana, después de que Lidia “Liliana” Medina afirmara por
enésima vez que sus tres prostíbulos eran whiskerías, Piedrabuena anunció que a
las 17 se conocería el veredicto. Sin dar explicaciones, los jueces se
hicieron esperar cuatro horas más : horas de calor, de sed, de tensión, de
estar de pie –diputados, legisladoras, funcionarios nacionales, familiares de
la víctima, abogados de la Fundación María de los Angeles, la propia Susana
Trimarco–, acorralados por vallas, controlados por decenas de policías, frente
a las puertas de Tribunales cerradas a cal y canto.
Por la entrada de la guardia entraron sin problemas los
imputados, sus allegados y sus defensores. Estaban cómodamente sentados en la
sala, con aire acondicionado, cuando tras las protestas hicieron ingresar a
Trimarco y sus abogados, a quienes la acompañaban, y a la prensa.
Debieron permanecer a oscuras y de pie tres cuartos de hora más,
antes de ocupar sus lugares en una sala pequeña, festoneada por 32 policías .
La absolución de los cuatro tucumanos desató chillidos de
alegría. María Jesús Rivero se paró y levantó el brazo como si estuviera en la
cancha de San Martín de Tucumán, de la que fue presidenta cuando su ex pareja,
Rubén “La Chancha” Ale, gerenciaba el club. Al escuchar su nombre, “El Chenga” soltó
una puteada amenazante y se fundió llorando con Medina, su madre. Los
defensores se entrecruzaron en abrazos. Los familiares de los juzgados
comenzaron a cobrar fuerzas. La tensión desafiante fue creciendo, y salvo ellos,
Trimarco, sus abogados y el resto del público dejaron la sala. Afuera, la
multitud clamaba: “Se siente, se siente, Marita está presente ”.
Las y los periodistas los acompañaron hasta la sede de la
Fundación. Al mismo tiempo, organizaciones sociales convocaban a una marcha de
repudio hoy a las 18, desde Congreso hasta la Casa de Tucumán. Y unos 200
manifestantes autoconvocados por redes sociales seguían anoche exigiendo
Justicia en las calles de la provincia.
Trimarco dijo haber recibido mensajes de que Ale había comprado
al Tribunal. El doctor Carlos Varela anunció que apelarán en casación,
pedirán el juicio político de los tres jueces, y recurrirán a organismos
internacionales . Su colega José D’Antona apeló a la presidenta Cristina
Fernández, quien el domingo entregó a Trimarco el Premio Azucena Villaflor por
su lucha por los derechos humanos: “Después de haber tolerado al ‘Malevo’
Ferreyra y a Bussi, le voy a pedir respetuosamente que intervenga el Poder
Judicial de Tucumán, que está podrido. Las lágrimas de Micaela, las van a
pagar”.
Las pruebas que los jueces consideraron insuficientes
Por Sibila Camps
Si bien la lectura completa de la sentencia será el 18
de diciembre, el tribunal adelantó una síntesis de sus argumentos. Para los
jueces, Marita Verón no fue secuestrada el 3 de abril de 2002, porque la
acusación no pudo probarlo. “Las versiones al respecto son sólo tales”. No hay
modo de saber, dijeron, cómo desapareció “y apareció en otros lugares”. Esto
implica, al menos, que los jueces sí creyeron a las víctimas de trata sexual
que compartieron su encierro y explotación con Marita en los prostíbulos de la
familia Medina-Gómez. No se entiende entonces cómo consideraron que “no fue
posible arribar a la prueba suficiente de testigos diversos en tiempo, modos
lugares y personas, como circunstancias particulares de cada uno” de los
acusados de La Rioja.
Respecto de María Jesús y Víctor Rivero –acusados de
ordenar y ejecutar el secuestro–, “el tribunal consideró de absoluta ineficacia
la prueba producida”. Hubo un par de oportunidades de profundizar en la
relación entre María Jesús Rivero, su ex pareja Rubén “La Chancha” Ale y la
conexión La Rioja, pero el tribunal las evitó. En cuanto a la ex pareja Daniela
Milhein y Alejandro González, para los jueces, “tampoco la prueba de testigo
fue suficiente”. Según la testigo Fátima M., Marita había estado secuestrada y
drogada en dos de sus casas mientras ella también estuvo cautiva.
“Respeto del ex policía riojano Pascual Andrada, no ha
sido producida ninguna prueba que lo vincule al caso”. Varias víctimas lo
identificaron como uno de los reclutadores que llevaba chicas a los burdeles de
La Rioja, y avisaba de los allanamientos. Sí es cierto que la única víctima que
presenció la llegada y compra de Marita por parte de “Liliana” Medina,
describió a un hombre diferente.
Del maltrato a las víctimas de trata que los jueces
permitieron a los abogados defensores se deduce que tras 9 meses de debate no
han comprendido el arrasamiento psicológico que produce en una mujer las
violaciones que implica ser una esclava sexual.
Hoy pierde estado parlamentario el proyecto de trata
de personas
30/11/12
Cuando faltan pocos días para la sentencia del largo
juicio por Marita Verón, que se convirtió en el caso más emblemático de trata
de personas con fines de explotación sexual, pierde hoy estado parlamentario la
media sanción del Senado al proyecto que introduce importantes modificaciones y
agregados a la ley de trata. La iniciativa, largamente reclamada por las
organizaciones que trabajan en la temática, ni siquiera fue tratada en
comisiones en Diputados.
La ley 26.364, sancionada en abril de 2009, recibió de
inmediato las críticas de las organizaciones, sobre todo por exigir a las
víctimas mayores de 18 años la prueba de que no consintieron en ser
esclavizadas. Entre otras falencias, la ley no prevé la asistencia a las
víctimas, ni un plan nacional de prevención y lucha contra el delito.
Ese mismo año, todos los bloques parlamentarios
firmaron su compromiso de modificar lo antes posible la norma. Entretanto, los
análisis acerca de su aplicación pusieron en evidencia más fallas: dificultades
para vincular el delito con la vulnerabilidad de las víctimas; resistencia a
entender como delito la explotación sexual; penas muy bajas, entre otros
puntos.
En estos años hubo numerosos proyectos presentados por
la mayoría de los bloques, en especial en Diputados. Finalmente el 31 de agosto
de 2011, el Senado dio media sanción a un proyecto que habría dado respuesta a
casi todas las demandas de las organizaciones.
Pero a pesar de que la sanción era impulsada por
algunos diputados del FPV –con mayoría y quorum propio en la Cámara Baja –, el
proyecto fue permanentemente postergado por el oficialismo y ahora vuelve a
fojas cero.
SALTA
Se acabó la
joda: Quieren prohibir los cabarets y whiskerías en Salta
La iniciativa es de la concejal
capitalina Frida Fonseca Lardies y será tratado mañana en la sesión del Concejo
Deliberante
SALTA.- La concejal del Partido Obrero Gabriela Cerrano, dijo que propondrá
que también se inhabilite a los dueños de estos negocios para instalar otro
emprendimiento.
La iniciativa es de la concejal capitalina Frida Fonseca Lardies y será tratado mañana
en la sesión del Concejo Deliberante. La finalidad es evitar la promoción de espacios para
la prostitución y la trata de personas.
Se prohibieron los prostíbulos, no los cabarés y whiskerías
25.05.12 Están vigentes por la
ordenanza 2.606 y no fueron inhabilitados porque su objeto no es la explotación
sexual.
Con la derogación de la ordenanza 140, quedó prohibida la instalación y
habilitación de prostíbulos y casas de tolerancia en la ciudad, pero no de
cabarés y whiskerías, ya que éstos se rigen por la ordenanza 2.606.
Una de las razones por las que los ediles no derogaron esta última
normativa, en términos legales, es que los cabarés están habilitados como
locales donde se brindan shows y espectáculos, pero no pueden ofrecer sexo a
quienes concurran allí; algo similar ocurre con las whiskerías, donde oferta
sexual está prohibida.
En realidad, en la mayoría de los casos, sucede algo distinto. Los
especialistas en trata de personas consideran que estos son lugares proclives a
prácticas de explotación sexual. Por ello es fundamental que se fortalezcan los
controles en estos locales.
“Voy a pedir que se derogue la ordenanza 2.606. Si bien eliminando la 140
dimos un paso importante, esta ordenanza aún vigente crea un escenario propicio
para el delito de trata”, indicó la edil Frida Fonsecas, autora del proyecto
que eliminó la ordenanza 140. Sostuvo que, más allá de que estén funcionando,
se van a realizar intensos controles con el fin de constatar que no ofrezcan
sexo. Aclaró que “en caso de que se detecte la promoción de sexo, quedarán
clausurados e inhabilitados sin permiso para volver a funcionar”.
Fuentes reservadas indicaron que en la ciudad de Salta hay dos locales
registrados bajo el rubro cabaret, y se estima que hay ocho más que funcionan
como tales pero que se registraron con otros nombres.
Desde la Unidad Fiscal de Asistencia a las Víctimas de Secuestros Extorsivos,
dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación, informaron que “en
muchos casos se registran bajo distintos eufemismos, como por ejemplo
whiskerías, lugares donde se practica la prostitución ajena, esto es, personas
que lucran con la explotación sexual de otras”.
¿Penalizar al consumidor de prostitución?
Lo propone el proyecto
de ley presentado por un diputado nacional por Salta. Suecia es el único país
donde se sanciona a quien paga por tener sexo.
03/06/12 - 09:09
El 4 de mayo pasado, el diputado nacional Pablo
Kosiner (FPV Salta) presentó un proyecto de ley para penalizar a quien paga por
sexo. Se trata de agregar un párrafo al artículo 127 del Código Penal: “Se
impondrá prisión de seis meses a dos años o multa de mil a noventa mil pesos,
al que demandare u obtuviere una relación sexual a cambio de dinero, por compra
de servicio sexual. Procederá la misma pena al pago realizado o prometido por
una tercera persona”.
Los fundamentos de la iniciativa aluden a las “nuevas
concepciones que plantean que a la trata hay que combatirla, además, atacando
la responsabilidad del cliente, es decir, de quien consume este tipo de
relación”.
Allí se menciona la ley sueca de 1999, que sanciona al
consumidor de sexo pago, “definida como el primer intento de un país de
dirigirse hacia la primer causal de la prostitución y la trata de personas con
fines de explotación sexual. Ello representa desterrar la concepción demandante
de los hombres del derecho a comprar servicios sexuales, y continuar en la
evolución de nuestra legislación hacia la construcción de una sociedad mucho
más justa y solidaria”.
De todos modos, el proyecto contiene una contradicción:
el término “servicios sexuales” es utilizado por las mujeres que consideran
que, cuando se ejerce de manera independiente, la prostitución es “un trabajo
digno”.
Ley
12331 – Vigente desde 1937 Ley de PROFILAXIS.
BUENOS
AIRES, 17 DE DICIEMBRE DE 1936.
BOLETIN OFICIAL, 11
DE ENERO DE 1937.
Artículo
15: Queda
prohibido en toda la República el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la
prostitución, o se incite a ella.
Artículo
17: Los
que sostengan, administren o regenteen, ostensibles o encubiertamentecasas de tolerancia,
serán castigados con una multa de DOCE MIL QUINIENTOS a VEINTICINCO MIL PESOS.
En caso de reincidencia sufrirán prisión de 1 a 3 años, la que no podrá
aplicarse en calidad de condicional. Si fuesen ciudadanos por naturalización,
la pena tendrá la accesoria de pérdida de la carta de ciudadania y expulsión
del país una vez cumplida la condena, expulsión que se aplicará, asimismo, si
el penado fuese extranjero.
Viernes 29 de mayo de 2009 | 15:28
La Pampa: prohíben las whiskerías y cabarets
Así lo decidió la municipalidad de Santa Rosa; los locales de esa ciudad serán clausurados; es para combatir la trata de personas
Por Sergio Romano
Corresponsal en La Pampa
SANTA ROSA.- La municipalidad de Santa Rosa emitió una ordenanza con el objetivo de combatir la trata de personas para explotación sexual: prohibió el funcionamiento de whiskerías y cabarets en toda la ciudad.
La iniciativa fue impulsada por Alicia Iribarren, del Frepam, y tuvo el apoyo de la mayoría de los concejales, que coincidieron que este tipo de comercio son "pantallas" para que funcionen prostíbulos, un tipo de local comercial prohibido en todo el país.
Actualmente, hay cuatro whiskerías y cabarets en la capital pampeana, que deberán cerrar sus puertas en los próximos meses, cuando culmine el plazo de la habilitación.
Hace tiempo que la trata de personas es un problema conocido pero sin solución en muchos lugares del país. En el caso de La Pampa, tras varios procedimientos, la policía comprobó que se han traído chicas esclavizadas desde el norte del país y de los países limítrofes como Bolivia.
Hasta ayer, en violación a la legislación nacional, en Santa Rosa estaba reglamentada la explotación de la prostitución: a las mujeres que trabajaban en whiskerías se les exigía inscribirse en comisarías y realizarse exámenes ginecológicos, una prueba de que esos locales son, en realidad, prostíbulos encubiertos.
"Entendemos que debemos contribuir a modificar toda normativa que pudiere facilitar el delito de trata de personas y sancionar en cambio, una ley que garantice el ejercicio pleno de los derechos de niños, niñas y adolescentes", dijo Iribarren.
El fiscal nacional de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas, Marcelo Colombo, apoyó la iniciativa, pero advirtió que es probable que las whiskerías empiecen a proliferar en los pueblos vecinos, donde aún no hay regalmentación.
A pesar de la buena voluntad de algunos funcionarios, existen sospechas de corrupción policial que complican el problema: en las últimas semanas, un comisario acusó a sus superiores de ser cómplices de proxenetas y la Justicia federal abrió una investigación..
Por Mariana Carbajal