En octubre juzgarán la responsabilidad del Estado en el asesinato de una madre y sus dos hijos. Ella había pedido ayuda.La mujer y los chicos fueron acuchillados por el padre de la familia en su casa. Denuncian que hubo negligencia de la Policía.
viernes 23 de septiembre de 2011 Salta Jimena Granados, El Tribuno
Funcionarios. Por la muerte de Rosana Alderete y sus dos hijos hubo un pedido de jury de enjuiciamiento contra los jueces José Alvarado Solá y Raúl Sosa y la fiscal Emma Puente, ya que supuestamente podrían haber actuado ante las denuncias que realizó la mujer. Sin embargo, se consideró que no había motivos para creerlos responsables y separarlos de sus cargos.
Advertencia. Rosana Alderete había hecho 5 denuncias ante la Policía por el maltrato y las amenazas de su marido, Alberto Yapura. En la madrugada del 28 de agosto de 2004, el hombre llegó a la vivienda familiar y, después de una discusión, asesinó a sus dos hijos menores y a su mujer. El padre también atacó a su hija mas grande, que logró escaparse y pedir ayuda.
Condenado. Luego de matar a su esposa e hijos, Alberto Yapura se cortó el cuello, aunque la herida fue superficial y no puso en riesgo su vida. El hombre era remisero y su mujer había decidido terminar su relación con él por sus constantes agresiones. La Cámara III del Crimen lo condenó a “prisión perpetua con la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado” en 2006.
El 25 de octubre comenzará a juzgarse la responsabilidad de un policía y del Estado en la muerte de Rosana Alderete y dos de sus tres hijos. La mujer y los chicos fueron acuchillados por el padre de la familia pese a que ella había denunciado cinco veces que su marido amenazaba con asesinarla y la golpeaba. La familia de las víctimas demanda un resarcimiento económico cercano al millón de pesos al Gobierno provincial.
Por el caso, está procesado el policía José Abraham Martínez, que trabajaba en la comisaría de Castañares cuando Rosana Alderete fue a pedir ayuda antes de que su esposo, Alberto Yapura, cometiera el crimen.
Sin embargo, la familia de Rosana Alderete informó que también busca una evaluación sobre la responsabilidad solidaria y la negligencia del Estado por el triple asesinato ocurrido el 28 de agosto de 2004.
A José Abraham podría corresponderle prisión e inhabilitación en su cargo por incumplimiento de deberes de funcionario público, pero además se reclama un resarcimiento económico cercano al millón de pesos que debería pagar el Estado por las tres muertes.
Con la demanda, los padres y hermanos de Rosana Alderete también intentan lograr algún tipo de reparación por el daño moral que sufrió la única de los tres hijos del matrimonio que quedó viva.
La historia
“Queremos que se juzgue el mal desempeño de los funcionarios frente a las denuncias que hizo mi hija”, dijo a El Tribuno Guillermo Alderete, padre de Rosana.
Alderete sólo cuenta con sus ingresos como jubilado y quedó a cargo de su nieta, que tenía 12 años cuando murieron su madre y sus dos hermanos.
Alberto Yapura trabajaba como remisero y fue condenado por la Justicia a reclusión perpetua en agosto de 2006.
El hombre mató a puñaladas a su mujer, de 36 años, y a sus hijos Rocío y José, de 8 y 6 años en la casa de la familia. A Emilse, la mayor de los chicos, también la atacó, aunque la nena logró escaparse y sobrevivir.
El triple asesinato se produjo en el humilde barrio Martín Miguel de Gemes, al norte de la ciudad.
Además del daño psicológico, la adolescente que salvó su vida enfrenta las secuelas físicas que le produjeron las heridas.
“Este caso es uno de los más importantes de la historia judicial argentina... hubo cinco avisos a la Policía”, definió Oscar Juárez, abogado de la familia Alderete.
Por lo que pudo saberse hasta ahora, el oficial procesado en la causa no habría realizado los trámites correspondientes tras tomar las denuncias. El tema se evaluará en el juzgado correccional 8 desde el 25 de octubre.
Reclamos por las políticas públicas
Después de que Alberto Yapura asesinó a Rosana Alderete, su mujer, y a sus dos hijos, se generó un intenso debate sobre la violencia familiar. El tema se instaló en la agenda pública, hubo reclamos por nuevas políticas y se sancionó una norma específica en la materia.
La ley 7403, aprobada en 2006, fijó reglas para la protección de las víctimas y especificó sanciones para policías, jueces y otros funcionarios que no actúen con urgencia ante una denuncia de maltrato.
Una norma de 2002 ya se ocupaba de los casos de agresión en el hogar, pero la nueva profundizó en la problemática y generó una amplia difusión del tema.
Tras el caso de Rosana Alderete hubo numerosas marchas para reclamar justicia en Salta capital. El debate que se impulsó sobre la violencia también hizo que se demandara revisar las acciones de prevención en los últimos años.
De acuerdo a estadísticas de la Justicia, cada año ingresan a los juzgados más de 15.000 denuncias por golpes o amenazas en el ámbito doméstico. Más del 70 por ciento de las víctimas son mujeres y, del resto de los afectados, la mayoría son niños.
En 2010 el Poder Judicial de Salta creó una Oficina de Violencia Familiar en la calle General G:üemes 1551 para canalizar la atención a las personas que sufren agresión. En este espacio hay profesionales que tienen el deber de tomar denuncias y ofrecer información.
FUENTE: El Tribuno
Un millón???? negocio redondito para el Estado Provincial. Por favor, que barata sale la vida ante la negligencia estatal!
ResponderEliminarEsta apeladooo, tenemos que ver en que queda finalmente... Para ellos, no vale eso siquiera.
ResponderEliminarEl tema es seguir manteniendo toda la violencia de genero -sostenida a fuerza de tradición- bajo la alfombra...