Mujer no se Nace, Mujer se Hace. El Programa de Radio de la Comisión de la Mujer de la Universidad Nacional de Salta (UNSa). Conducen: Violeta Carrique y Fedra Aimetta. Miércoles 15:30 hs., Radio Universidad, 93.9 FM, http://radio.unsa.edu.ar/
viernes, 1 de marzo de 2013
Talleres de sensibilización para la plena vigencia de la ley de violencia de género
La Corte de Justicia de Salta informó que realizará la próxima semana un “Taller de sensibilización para la plena vigencia de la Ley de Violencia de Género”. Esta actividad se realizará en coincidencia con el Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo y está destinada especialmente a los equipos técnicos de la Oficina de Violencia Familiar, del Servicio de Psicología y del Servicio Social del Poder Judicial de Salta.
La organización está a cargo de la Corte de Justicia de Salta, a través de su representante ante la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Jueza de Corte Susana Graciela Kauffman de Martinelli en forma conjunta con el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo). Además cuenta con el apoyo de la Comisión de la Mujer de la Universidad Nacional de Salta y la CONSAVIG (Comisión Nacional para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género).
Las actividades estarán a cargo de Cristina Zurutuza, integrante del Área de Género del INADI y se desarrollarán durante la jornada conmemorativa y de reflexión, el mismo viernes 8 de marzo, de 10 a 12 y de 17 a 19.
El Congreso de la Nación argentina dictó en 2009 la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación a su vez dictó la Acordada 13/2009, de creación de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con la finalidad de incorporar dentro del Poder Judicial una mirada sensible a las cuestiones de género, que impacte en la calidad y eficiencia de la prestación del servicio de justicia.
Con esta finalidad es la actividad programada busca dotar a los equipos técnicos del Poder Judicial de herramientas conceptuales que posibiliten el debido cumplimiento de la Ley y desterrar a la vez prejuicios de género.
Esta actividad es gratuita. Las inscripciones se recibirán en forma telefónica en 4258000, interno 4125.
viernes, 15 de febrero de 2013
No fue un crimen pasional, fue un caso de violencia de género
La Corte de Justicia confirmó la sentencia de la Cámara en lo Criminal del Distrito Judicial Orán contra Darío Guillermo Medina por el delito de homicidio simple en perjuicio de María Leonor Pérez.
El hecho se produjo en la madrugada del 25 de diciembre de 2009. La mujer falleció producto de las siete heridas contusas en el cuero cabelludo causadas con una piedra y cuatro heridas cortantes en la cara posterior del cuello que fueron producidas con un cuchillo. Piedra y cuchillo fueron abandonados en el mismo lugar del hecho que fue denunciado pasado el mediodía.
Medina confesó el delito espontáneamente tras lo cual anunció a amigos y conocidos que se iría del lugar. Fue detenido finalmente en Frías, Santiago del Estero.
La Corte de Justicia sostuvo que la sentencia del tribunal de Orán resultaba congruente respecto de la prueba producida impidiendo su descalificación como acto jurisdiccional válido.
Pero también recordó el Alto Tribunal el artículo 5 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación hacia la mujer en donde los estados partes asumen la obligación de “modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos”.
La Corte de Justicia sostuvo que no se puede continuar apelando a la figura del “crimen pasional para referirnos al asesinato de mujeres víctimas de la violencia de género”. Y recordó el Decálogo para el tratamiento periodístico de la violencia contra las mujeres realizado por PAR (Periodistas de Argentina en Red) en cuanto a que “un delito no tiene nada que ver con la pasión. El término pasional remite a la equivocada idea acerca de la existencia de un tipo de ¿amor? Tan ‘intenso’ y ‘apasionado’ que no permite frenar los impulsos asesinos, frente a distintos tipos de situaciones, todas ellas marcadas por la idea de propiedad de la mujer, es decir, de su cosificación y consecuente degradación de su dignidad como persona”
Cuestionó que la sentencia calificara al delito como pasional porque “de alguna forma contribuye a legitimar la reproducción de patrones socioculturales de conducta basados en la idea de superioridad del sexo masculino, además de dar un confunso mensaje en torno a la gravedad criminal de la agresión sexista que llevó –en este caso- a terminar injustamente con la vida de una mujer”.
Y agregó que “nuestro ordenamiento jurídico y constitucional no permite excusas frente a la violencia de género en ningún caso”.
Salta, 15 de febrero de 2013
jueves, 14 de febrero de 2013
martes, 12 de febrero de 2013
Andrea Lopez, desaparecida 9 años
Comunicado de Mujeres por la Solidaridad
a 9 años de la desaparición de
ANDREA NOEMÍ LÓPEZ
Desaparecida el 10 de febrero de 2004
Hace 9 años, el 10 de febrero de 2004, desapareció Andrea Noemí López
en Santa rosa, Provincia de La Pampa.
La típica inacción policial y judicial en estos casos, sobre todo en
las primeras semanas, la pérdida de pruebas por negligencia o franca
connivencia, han determinado que hasta hoy no se sepa qué ha sucedido
con Andrea. Sólo recientemente y por el impulso de movimientos de
mujeres en todo el país y la asistencia de un abogado particular, han
surgido pruebas que permiten investigar su presunto femicidio a manos
de su proxeneta y el hombre con el que convivía y tenía un hijo,
Víctor Purreta.
Es de suponer que la calidad de boxeador reconocido en La Pampa de
este último y el hecho de ser Andrea una mujer prostituida,
contribuyeron a este resultado de pruebas arruinadas y contaminadas y
de justicia demorada.
Sin embargo, los esfuerzos de su madre Julia Ferreyra y el
acompañamiento del movimiento de mujeres, particularmente Mujeres por
la solidaridad de La pampa, permitieron que se condenara a Purreta
por promover y facilitar la prostitución de Andrea y recientemente ha
sido procesado por homicidio simple.
Instamos a la justicia a superar los prejuicios clasistas y sexistas
presentados como argumentos jurídicos, teniendo en cuenta las
dimensiones y características de los crímenes de género y a adoptar
todos los instrumentos legales, nacionales e internacionales vigentes
en nuestro país, que incorporan la perspectiva de género en la propia
definición de las graves violaciones a los derechos humanos a la que
son sometidas miles de mujeres.
Reivindicamos los avances actuales de la causa y exigimos que se
continúe la investigación por la desaparición de Andrea y se
profundicen todas las hipótesis.
Denunciamos las complicidades policiales y judiciales que demoraron y
entorpecieron la investigación.
POR LA APARICIÓN CON VIDA DE TODAS LAS MUJERES DESPARECIDAS POR LAS
REDES DE PROSTITUCIÓN
POR JUICIO Y CONDENA A TODOS LOS RESPONSABLES DE DESAPARICIONES,
FEMICIDIOS, EXPLOTACIÓN SEXUAL Y TODA FORMA DE VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES
Adherimos a todos los actos que se realicen en Santa Rosa para que la
lucha por Andrea, es decir la lucha por la justicia, continúe viva
hasta encontrarla.
Campaña abolicionista “Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución”
Ciudad de Bs. As.: ATEM “25 de noviembre” – Grupo Des-pegar vínculos
sin violencia – Asoc. de Mujeres argentinas por los DDH - Seminario de
DDHH con perspectiva de genero Fac de FFy L UBA – Librería de Mujeres
– Taller permanente de la Mujer – CATW – Feministas en Acción –
Liliana Azaraf – Cristina Arriagada
Santa Fe: Grupo Generar – Silvina Sierra
Tucumán: Las Liliths feministas de Tucumán
Santa Rosa la Pampa: Mirta Fiorucci
San Clemente: Mujeres de las Orillas
Para contacto:
Ciudad de Buenos Aires
Marta Fontenla: atem@cpacf.org.ar, tel. (011) 4374-0389, (011) 156-5432152,
Marcela D´Angelo: dangelomarcela@fibertel.com.ar tel: (011)
4433-4010, (011) 153- 0135607
Santa FE
Silvina Sierra: Nenucha71@hotmail.com (0342 )15 4099741
Liliana Loyola: loyolaliliana@yahoo.com.ar (0342) 15 6110867
Generar: generarsantafe@gmail.com
Tucumán: laslilith@yahoo.com.ar
Santa Rosa La Pampa:
Mirta Fiorucci: mirtafiourucci@gmail.com.ar
E mail Campaña Abolicionista: niunavictimamas@yahoo.com.ar
a 9 años de la desaparición de
ANDREA NOEMÍ LÓPEZ
Desaparecida el 10 de febrero de 2004
Hace 9 años, el 10 de febrero de 2004, desapareció Andrea Noemí López
en Santa rosa, Provincia de La Pampa.
La típica inacción policial y judicial en estos casos, sobre todo en
las primeras semanas, la pérdida de pruebas por negligencia o franca
connivencia, han determinado que hasta hoy no se sepa qué ha sucedido
con Andrea. Sólo recientemente y por el impulso de movimientos de
mujeres en todo el país y la asistencia de un abogado particular, han
surgido pruebas que permiten investigar su presunto femicidio a manos
de su proxeneta y el hombre con el que convivía y tenía un hijo,
Víctor Purreta.
Es de suponer que la calidad de boxeador reconocido en La Pampa de
este último y el hecho de ser Andrea una mujer prostituida,
contribuyeron a este resultado de pruebas arruinadas y contaminadas y
de justicia demorada.
Sin embargo, los esfuerzos de su madre Julia Ferreyra y el
acompañamiento del movimiento de mujeres, particularmente Mujeres por
la solidaridad de La pampa, permitieron que se condenara a Purreta
por promover y facilitar la prostitución de Andrea y recientemente ha
sido procesado por homicidio simple.
Instamos a la justicia a superar los prejuicios clasistas y sexistas
presentados como argumentos jurídicos, teniendo en cuenta las
dimensiones y características de los crímenes de género y a adoptar
todos los instrumentos legales, nacionales e internacionales vigentes
en nuestro país, que incorporan la perspectiva de género en la propia
definición de las graves violaciones a los derechos humanos a la que
son sometidas miles de mujeres.
Reivindicamos los avances actuales de la causa y exigimos que se
continúe la investigación por la desaparición de Andrea y se
profundicen todas las hipótesis.
Denunciamos las complicidades policiales y judiciales que demoraron y
entorpecieron la investigación.
POR LA APARICIÓN CON VIDA DE TODAS LAS MUJERES DESPARECIDAS POR LAS
REDES DE PROSTITUCIÓN
POR JUICIO Y CONDENA A TODOS LOS RESPONSABLES DE DESAPARICIONES,
FEMICIDIOS, EXPLOTACIÓN SEXUAL Y TODA FORMA DE VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES
Adherimos a todos los actos que se realicen en Santa Rosa para que la
lucha por Andrea, es decir la lucha por la justicia, continúe viva
hasta encontrarla.
Campaña abolicionista “Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución”
Ciudad de Bs. As.: ATEM “25 de noviembre” – Grupo Des-pegar vínculos
sin violencia – Asoc. de Mujeres argentinas por los DDH - Seminario de
DDHH con perspectiva de genero Fac de FFy L UBA – Librería de Mujeres
– Taller permanente de la Mujer – CATW – Feministas en Acción –
Liliana Azaraf – Cristina Arriagada
Santa Fe: Grupo Generar – Silvina Sierra
Tucumán: Las Liliths feministas de Tucumán
Santa Rosa la Pampa: Mirta Fiorucci
San Clemente: Mujeres de las Orillas
Para contacto:
Ciudad de Buenos Aires
Marta Fontenla: atem@cpacf.org.ar, tel. (011) 4374-0389, (011) 156-5432152,
Marcela D´Angelo: dangelomarcela@fibertel.com.ar tel: (011)
4433-4010, (011) 153- 0135607
Santa FE
Silvina Sierra: Nenucha71@hotmail.com (0342 )15 4099741
Liliana Loyola: loyolaliliana@yahoo.com.ar (0342) 15 6110867
Generar: generarsantafe@gmail.com
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Mirta Fiorucci: mirtafiourucci@gmail.com.ar
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domingo, 3 de febrero de 2013
París / La iniciativa dividió a la sociedad francesa. Hubo multitudinarias marchas a favor y en contra del proyecto
Francia le da luz verde al matrimonio homosexual
03:40 Por 249 votos a favor contra 97, los diputados aprobaron el artículo 1º del texto. Los debates seguirán varios días más.
Francia le da luz verde al matrimonio homosexual
En un debate que dividió en dos al país, la Asamblea Nacional francesa aprobó ayer el artículo del proyecto de ley que legaliza en Francia el matrimonio homosexual, un polémico tema que dio lugar en este país a multitudinarias manifestaciones de partidarios y detractores.
Por 249 votos a favor contra 97, los diputados adoptaron el artículo 1 del texto, el más importante de todos, que indica que “el matrimonio se contrae entre dos personas de sexo diferente o del mismo sexo”. Los debates se prolongarán durante varios días más.
Los diputados de la mayoría parlamentaria de izquierda votaron a favor de esta promesa electoral del actual presidente socialista, Fran‡ois Hollande. La mayoría de los diputados de derecha o del centro votaron en contra.
“Nos sentimos felices de haber superado esta primera etapa”, se congratuló la ministra de Justicia, Christiane Taubira, que defiende el texto del gobierno en la Asamblea. “Vamos a reconocer la libertad de todos y de todas para elegir su pareja y construir un futuro común”, añadió.
“El Gobierno ha optado por una decisión que no deseamos”, replicó el diputado de la UMP (derecha) Philippe Gosselin, retomando lo esencial de los argumentos de los opositores, apoyados por la Iglesia católica.
Pese a esta votación, unas 90 manifestaciones contra el matrimonio “para todos” y contra la adopción por parejas homosexuales se realizaron ayer en varias ciudades.
Legalizado ya y adoptado en las costumbres de muchos países, el matrimonio homosexual ha dado en efecto lugar a apasionadas polémicas en Francia.
El martes de madrugada, opositores al proyecto de ley desplegaron en los puentes de París banderolas que repiten las consignas de las manifestaciones contra el “matrimonio para todos”: “un padre y una madre, es elemental” o “todos nacidos de un hombre y una mujer”.
Los debates en la Cámara Baja del Parlamento francés durarán dos semanas y se anuncian interminables, dado que la oposición de derecha ha presentado miles de propuestas de enmienda y varias mociones de procedimiento.
Las posiciones son conocidas y tajantes. Para la derecha, apoyada por las iglesias, un niño necesita padres de sexo diferente.
Con el gobierno, la izquierda defiende la igualdad de derechos para las parejas homosexuales y para sus hijos.
La derecha desplegó ya las armas que utilizará en el Parlamento: cuenta defender 5.000 enmiendas, un número excepcionalmente alto, y tres mociones de procedimiento, una de las cuales reclamará un referéndum sobre el tema.
El presidente de la comisión de leyes de la Asamblea Nacional, el socialista Jean-Jacques Urvoas, declaró que espera un agotamiento de la “guerrilla” parlamentaria. “Para hacer obstrucción, se necesitan obstructores. Ellos no tienen las tropas necesarias”, dijo respecto a la bancada de derecha.
Para ser aplicada, la ley tiene que ser votada por la Asamblea y por el Senado, donde, como en la Cámara Baja, la izquierda es mayoritaria.
Según un sondeo realizado por el instituto Ifop que fue publicado ayer, los franceses son mayoritariamente favorables al matrimonio homosexual (63 por ciento), pero la opinión está más dividida con respecto a la adopción (49% a favor, 51% en contra).
El presidente francés, en Mali
El presidente francés, Fran‡ois Hollande, quien había prometido durante la campaña electoral impulsar la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, llegó ayer a Bamako, la capital de Mali, y ante miles de personas declaró que el terrorismo en el norte de ese país africano ha sido rechazado, pero no vencido.
“El terrorismo ha sido repelido, pero todavía no ha sido vencido”, dijo Hollande e hizo hincapié en que “los grupos terroristas han sido debilitados, pero no han desaparecido. Lo que debemos hacer es continuar y Francia continuará con ustedes el tiempo que haga falta”, finalizó.
http://www.eltribuno.info/salta/248524-Francia-le-da-luz-verde-al-matrimonio-homosexual.note.aspx
EN URUGUAY, PRIMER PAIS SUDAMERICANO QUE LEGALIZO LA INTERRUPCION DEL EMBARAZO
Por Mariana Carbajal
El problema es que en algunos distritos, como Salto, han sido la totalidad de los ginecólogos los que apelaron a esa figura para dar la espalda a las mujeres que necesitan un aborto. El tema preocupa al Ministerio de Salud Pública, que decidió organizar en marzo un taller para informar y debatir sobre los alcances de la objeción de conciencia. También se definirá si se resuelve que los médicos objetores deban fundamentar por escrito esa posición. “La discusión actual se basa en el concepto de objeción de conciencia ya que hay gran confusión al respecto con otras conductas como la seudo objeción, la objeción más por conveniencia que por conciencia y la desobediencia civil. El Ministerio de Salud Pública ha convocado a un taller de alto nivel con el Colegio Médico y la Universidad para generar insumos al respecto”, señaló a Página/12 Leonel Briozzo, subsecretario de Salud Pública –segundo en la jerarquía de la cartera sanitaria– y profesor titular de Clínica Ginecotocológica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República.
La ley fue aprobada por el Parlamento uruguayo en octubre, impulsada mayoritariamente por el Frente Amplio, que debió aceptar que sea más restrictiva de lo que pretendía el oficialismo para lograr los votos necesarios para su sanción. La flamante norma despenalizó el aborto en las primeras 12 semanas de gestación, siempre que la mujer siga con un laberíntico proceso de consulta, y hasta las 14 semanas si se trata de un embarazo producto de una violación. En las propias filas del FA hubo resistencias a apoyar la iniciativa. Apenas aprobada, desde sectores conservadores lanzaron una campaña de recolección de firmas para llamar a un referéndum, con el objetivo de lograr su derogación. En ese contexto, entró en vigor la ley el 3 de diciembre, luego de que el Ejecutivo la reglamentara y el Ministerio de Salud Pública elaborara un manual de procedimiento para las instituciones y los profesionales de la salud y una guía técnica para la atención de los abortos legales. Cuando esté en grave riesgo la vida de la mujer o el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida extrauterina, no habrá límites para acceder a la interrupción del embarazo. De esta forma, Uruguay se convirtió en el primer país de Sudamérica que despenaliza el aborto si la mujer cumple con un procedimiento establecido, que incluye la consulta a un equipo interdisciplinario que le ofrecerá alternativas al aborto, como la adopción, y reflexionar su decisión durante cinco días que corren desde el momento que hace la primera consulta.
A pesar del auspicioso comienzo en su implementación, el Ministerio de Salud Pública enfrentará una denuncia penal por un aborto que no pudo concretarse por presuntas fallas en la medicación suministrada. Una mujer que concurrió al hospital público de Las Piedras, en el departamento de Canelones, denunció que solo le dieron una de las dos drogas indicadas, y que luego de que no le provocara la interrupción del embarazo, no se le quiso practicar un legrado porque ya la gestación llevaba 13 semanas y el plazo que fija la ley para realizar el aborto es de 12. Por esa razón, la mujer, identificada como Laura Galván, anunció que se presentará en la Justicia para demandar a las autoridades sanitarias por presunta mala praxis. “A mí no me dan solución y por eso voy a hacer la denuncia penal. Lo que hicieron conmigo fue una mala praxis. Si me hubieran informado que si fracasaba se iban a lavar las manos, no tomo la medicación”, dijo Galván al diario uruguayo El Observador. Consultado sobre este caso por Página/12, el subsecretario de Salud dijo que “se está investigando”, para deslindar responsabilidades y saber exactamente qué pasó. Las autoridades sanitarias solicitaron a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) un sumario administrativo, para saber si la medicación fue dada correctamente, si se le indicaron los comprimidos en el momento adecuado, y de quién es la responsabilidad, explicó la responsable del área de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud Pública, Leticia Rieppi.
Por otra parte, la Dirección General de la Salud (Digesa) comenzó hace algunas semanas a hacer una “farmacovigilancia” sobre las drogas que se están utilizando para interrumpir los embarazos. Rieppi explicó que se analiza la efectividad para la población, las posibles fallas que se puedan detectar y los efectos secundarios de la medicación. En dos meses estarán los primeros resultados.
El proceso para acceder a la IVE, de acuerdo con la reglamentación, se inicia con la consulta al ginecólogo en la que la mujer expresa su decisión de interrumpir su embarazo. En un plazo no mayor a 24 horas, el centro de salud –público o privado– debe convocar al equipo multidisciplinario, establecido por la ley, para acompañar a la mujer. La usuaria tiene que salir de la primera consulta con el día, hora y lugar donde se realizará la segunda. En la segunda consulta debe estar el ginecólogo, un profesional del área de la salud mental y otro del área social. El segundo asesorará en cuanto al mejor acompañamiento del proceso y el tercero respecto de las posibilidades de adopción y planes sociales y de apoyo a las embarazadas, entre otros puntos. Estos profesionales nunca podrán emitir juicios de valor en busca de influir sobre la decisión de la mujer. El plazo de cinco días de reflexión dispuesto por la ley corre desde la primera consulta. Cumplido ese período, la mujer vuelve a su ginecólogo y ratifica o rectifica su decisión. Si continúa con la voluntad de abortar, se firmará el consentimiento informado y se procederá a la realización del aborto a través de los medicamentos indicados y de forma ambulatoria, con la excepción de que la historia clínica de la paciente requiera internación.
Percovich contó que usuarias de los servicios de IVE han manifestado algunas maniobras en la atención para influir en su decisión. “En muchos casos, cuando pasan por la ecografía para confirmar el embarazo, las invitan a ‘oír los latidos’. Y les ponen caras cuando anuncian su decisión de abortar. En un caso, el ginecólogo le largó una carcajada a una mujer. Otro problema es que el misoprostol no es eficiente en todos los casos. Falla para mi gusto en un porcentaje no menor. Y entonces tienen que hacerle raspaje. Y si la mujer se encuentra con un médico reticente, se le complica. La otra es que se pase el plazo de 12 semanas”, describió Percovich. Esta última situación es la que denunció la mujer que se atendió en el hospital de Las Piedras, en Canelones.
La ex diputada destacó el trabajo llevado a cabo años atrás por el doctor Briozzo, para montar equipos para la atención pre y post aborto en casi todos los departamentos (provincias) del país. “Ahora la situación se complica porque entran a jugar más actores en el paso de la usuaria por el sistema de salud”, observó. No obstante, su evaluación en términos generales es positiva: “Que se hayan atendido unos doscientos abortos en el primer mes nos pareció un buen comienzo. Esto va a ser una batalla permanente contra el poder médico y con todos los conservadores de este país, que son muchos. Es interesante que el ministerio quiera definir en qué consiste la objeción de conciencia para que no la usen para evitar trabajar más por el sueldo que ya cobran. Por supuesto, han armado un escándalo con eso algunos médicos”, indicó Percovich.
Sobre la objeción de conciencia y la intención del Ministerio de Salud Pública de clarificar su alcance, se pronunciaron algunos médicos. Según publicó el diario uruguayo El País, un catedrático, Justo Alonso, cuestionó que se deba fundamentar la objeción y advirtió que sus colegas se sienten “presionados” para cumplir con la ley que despenaliza la interrupción del embarazo. Y otro ex profesor universitario, Enrique Pons, fue en la misma línea: dijo que “pedir explicaciones de la objeción de conciencia a alguien es como preguntarle ¿por qué cree usted en determinados lineamientos éticos o en determinada religión?”.
Finalmente, para Briozzo, más allá de ciertas resistencias médicas y de las características propias de la ley, su implementación significa “un avance indudable en la concreción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres uruguayas y por tanto de toda la sociedad”. “Es una ley compleja, fruto de una negociación política y es perfectible –como todas las leyes. Sin embargo, no ver las ventajas que esta nueva situación tiene para las mujeres, sobre todo las más vulnerables, es un error estratégico grave. El objetivo del gobierno es que se den las condiciones para las decisiones conscientes de las mujeres, de manera libre, responsable e informada. Desde la despenalización hasta el programa Uruguay Crece Contigo –de apoyo a la maternidad y primera infancia en sectores vulnerables–, la matriz es la misma. Buscamos reducir la morbi-mortalidad materna pero además disminuir el número de abortos en base a que disminuya la necesidad de las mujeres de recurrir a la IVE. Está demostrado que la despenalización junto a las políticas educativas y las de anticoncepción disminuyen el número de abortos”, concluyó el funcionario.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-213130-2013-02-03.html
Dos meses de aborto legal
Sólo el 30 por ciento de los ginecólogos se declaró objetor de conciencia. En el primer mes, se hicieron más de 200 interrupciones de embarazos. Las autoridades sanitarias apuntan a reducir el número de abortos.
Por Mariana Carbajal
Con un fuerte compromiso de las autoridades sanitarias y la resistencia de una minoría de médicos, se aplica en Uruguay desde hace casi dos meses la ley que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en las primeras 12 semanas de gestación, con el requisito de seguir un procedimiento de consultas. Durante el primer mes, se realizaron más de doscientos abortos. En ese lapso se registró sólo una denuncia de mala praxis. Y sólo un 30 por ciento de los obstetras se declararon objetores de conciencia. Las autoridades sanitarias apuntan a “reducir la morbi-mortalidad materna pero, además, a que baje el número de abortos en base a que disminuya la necesidad de las mujeres de recurrir a la IVE”, dijo a Página/12 el viceministro de Salud, Leonel Briozzo. “Está demostrado que la despenalización junto a las políticas educativas y las de anticoncepción disminuyen el número de abortos”, destacó el funcionario.
“Como era de esperar, va a llevar tiempo que la burocracia de la salud se adapte a la aplicación de una ley tan compleja”, evaluó en diálogo con este diario la ex diputada del Frente Amplio Margarita Percovich, reconocida por su activismo a favor de los derechos de las mujeres. Por un lado, explicó, están las resistencias de los técnicos y médicos que se autodenominan “pro-vida” que “se han escudado en la objeción de conciencia”, y por otro lado, hay “muchos que están molestos porque querían cobrar la atención como acto médico”. Alrededor de un 30 por ciento de los ginecólogos invocaron la objeción de conciencia para no cumplir con la ley, que entró en vigencia el 3 de diciembre. Es decir, la amplia mayoría, 7 de cada 10 ginecólogos asumieron el compromiso de aplicarla, de acuerdo con estimaciones oficiales.El problema es que en algunos distritos, como Salto, han sido la totalidad de los ginecólogos los que apelaron a esa figura para dar la espalda a las mujeres que necesitan un aborto. El tema preocupa al Ministerio de Salud Pública, que decidió organizar en marzo un taller para informar y debatir sobre los alcances de la objeción de conciencia. También se definirá si se resuelve que los médicos objetores deban fundamentar por escrito esa posición. “La discusión actual se basa en el concepto de objeción de conciencia ya que hay gran confusión al respecto con otras conductas como la seudo objeción, la objeción más por conveniencia que por conciencia y la desobediencia civil. El Ministerio de Salud Pública ha convocado a un taller de alto nivel con el Colegio Médico y la Universidad para generar insumos al respecto”, señaló a Página/12 Leonel Briozzo, subsecretario de Salud Pública –segundo en la jerarquía de la cartera sanitaria– y profesor titular de Clínica Ginecotocológica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República.
La ley fue aprobada por el Parlamento uruguayo en octubre, impulsada mayoritariamente por el Frente Amplio, que debió aceptar que sea más restrictiva de lo que pretendía el oficialismo para lograr los votos necesarios para su sanción. La flamante norma despenalizó el aborto en las primeras 12 semanas de gestación, siempre que la mujer siga con un laberíntico proceso de consulta, y hasta las 14 semanas si se trata de un embarazo producto de una violación. En las propias filas del FA hubo resistencias a apoyar la iniciativa. Apenas aprobada, desde sectores conservadores lanzaron una campaña de recolección de firmas para llamar a un referéndum, con el objetivo de lograr su derogación. En ese contexto, entró en vigor la ley el 3 de diciembre, luego de que el Ejecutivo la reglamentara y el Ministerio de Salud Pública elaborara un manual de procedimiento para las instituciones y los profesionales de la salud y una guía técnica para la atención de los abortos legales. Cuando esté en grave riesgo la vida de la mujer o el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida extrauterina, no habrá límites para acceder a la interrupción del embarazo. De esta forma, Uruguay se convirtió en el primer país de Sudamérica que despenaliza el aborto si la mujer cumple con un procedimiento establecido, que incluye la consulta a un equipo interdisciplinario que le ofrecerá alternativas al aborto, como la adopción, y reflexionar su decisión durante cinco días que corren desde el momento que hace la primera consulta.
A pesar del auspicioso comienzo en su implementación, el Ministerio de Salud Pública enfrentará una denuncia penal por un aborto que no pudo concretarse por presuntas fallas en la medicación suministrada. Una mujer que concurrió al hospital público de Las Piedras, en el departamento de Canelones, denunció que solo le dieron una de las dos drogas indicadas, y que luego de que no le provocara la interrupción del embarazo, no se le quiso practicar un legrado porque ya la gestación llevaba 13 semanas y el plazo que fija la ley para realizar el aborto es de 12. Por esa razón, la mujer, identificada como Laura Galván, anunció que se presentará en la Justicia para demandar a las autoridades sanitarias por presunta mala praxis. “A mí no me dan solución y por eso voy a hacer la denuncia penal. Lo que hicieron conmigo fue una mala praxis. Si me hubieran informado que si fracasaba se iban a lavar las manos, no tomo la medicación”, dijo Galván al diario uruguayo El Observador. Consultado sobre este caso por Página/12, el subsecretario de Salud dijo que “se está investigando”, para deslindar responsabilidades y saber exactamente qué pasó. Las autoridades sanitarias solicitaron a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) un sumario administrativo, para saber si la medicación fue dada correctamente, si se le indicaron los comprimidos en el momento adecuado, y de quién es la responsabilidad, explicó la responsable del área de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud Pública, Leticia Rieppi.
Por otra parte, la Dirección General de la Salud (Digesa) comenzó hace algunas semanas a hacer una “farmacovigilancia” sobre las drogas que se están utilizando para interrumpir los embarazos. Rieppi explicó que se analiza la efectividad para la población, las posibles fallas que se puedan detectar y los efectos secundarios de la medicación. En dos meses estarán los primeros resultados.
Resistencias
Además de los ginecólogos que alegan objeción de conciencia por razones verdaderas y otros por cuestiones monetarias, hay un tercer factor que incide en la resistencia de algunos médicos a aplicar la ley, según explicó la ex diputada Percovich. “Hay algunos, que pesan en las cátedras universitarias, que dicen que como la ley va en contra de la privacidad de la usuaria del servicio por tener que registrarse y tener que comparecer ante otros profesionales que no son ginecólogos, también se acogen a la objeción de conciencia, aunque siempre estuvieron de acuerdo con despenalizar el aborto. El problema con estos médicos es que no quieren que les digan ‘aborteros’ porque les pesa en el gremio médico. Me dirá que es medieval, pero así es nuestra atea Facultad de Medicina”, contó a Página/12 la dirigente del FA.El proceso para acceder a la IVE, de acuerdo con la reglamentación, se inicia con la consulta al ginecólogo en la que la mujer expresa su decisión de interrumpir su embarazo. En un plazo no mayor a 24 horas, el centro de salud –público o privado– debe convocar al equipo multidisciplinario, establecido por la ley, para acompañar a la mujer. La usuaria tiene que salir de la primera consulta con el día, hora y lugar donde se realizará la segunda. En la segunda consulta debe estar el ginecólogo, un profesional del área de la salud mental y otro del área social. El segundo asesorará en cuanto al mejor acompañamiento del proceso y el tercero respecto de las posibilidades de adopción y planes sociales y de apoyo a las embarazadas, entre otros puntos. Estos profesionales nunca podrán emitir juicios de valor en busca de influir sobre la decisión de la mujer. El plazo de cinco días de reflexión dispuesto por la ley corre desde la primera consulta. Cumplido ese período, la mujer vuelve a su ginecólogo y ratifica o rectifica su decisión. Si continúa con la voluntad de abortar, se firmará el consentimiento informado y se procederá a la realización del aborto a través de los medicamentos indicados y de forma ambulatoria, con la excepción de que la historia clínica de la paciente requiera internación.
Percovich contó que usuarias de los servicios de IVE han manifestado algunas maniobras en la atención para influir en su decisión. “En muchos casos, cuando pasan por la ecografía para confirmar el embarazo, las invitan a ‘oír los latidos’. Y les ponen caras cuando anuncian su decisión de abortar. En un caso, el ginecólogo le largó una carcajada a una mujer. Otro problema es que el misoprostol no es eficiente en todos los casos. Falla para mi gusto en un porcentaje no menor. Y entonces tienen que hacerle raspaje. Y si la mujer se encuentra con un médico reticente, se le complica. La otra es que se pase el plazo de 12 semanas”, describió Percovich. Esta última situación es la que denunció la mujer que se atendió en el hospital de Las Piedras, en Canelones.
La ex diputada destacó el trabajo llevado a cabo años atrás por el doctor Briozzo, para montar equipos para la atención pre y post aborto en casi todos los departamentos (provincias) del país. “Ahora la situación se complica porque entran a jugar más actores en el paso de la usuaria por el sistema de salud”, observó. No obstante, su evaluación en términos generales es positiva: “Que se hayan atendido unos doscientos abortos en el primer mes nos pareció un buen comienzo. Esto va a ser una batalla permanente contra el poder médico y con todos los conservadores de este país, que son muchos. Es interesante que el ministerio quiera definir en qué consiste la objeción de conciencia para que no la usen para evitar trabajar más por el sueldo que ya cobran. Por supuesto, han armado un escándalo con eso algunos médicos”, indicó Percovich.
Sobre la objeción de conciencia y la intención del Ministerio de Salud Pública de clarificar su alcance, se pronunciaron algunos médicos. Según publicó el diario uruguayo El País, un catedrático, Justo Alonso, cuestionó que se deba fundamentar la objeción y advirtió que sus colegas se sienten “presionados” para cumplir con la ley que despenaliza la interrupción del embarazo. Y otro ex profesor universitario, Enrique Pons, fue en la misma línea: dijo que “pedir explicaciones de la objeción de conciencia a alguien es como preguntarle ¿por qué cree usted en determinados lineamientos éticos o en determinada religión?”.
Finalmente, para Briozzo, más allá de ciertas resistencias médicas y de las características propias de la ley, su implementación significa “un avance indudable en la concreción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres uruguayas y por tanto de toda la sociedad”. “Es una ley compleja, fruto de una negociación política y es perfectible –como todas las leyes. Sin embargo, no ver las ventajas que esta nueva situación tiene para las mujeres, sobre todo las más vulnerables, es un error estratégico grave. El objetivo del gobierno es que se den las condiciones para las decisiones conscientes de las mujeres, de manera libre, responsable e informada. Desde la despenalización hasta el programa Uruguay Crece Contigo –de apoyo a la maternidad y primera infancia en sectores vulnerables–, la matriz es la misma. Buscamos reducir la morbi-mortalidad materna pero además disminuir el número de abortos en base a que disminuya la necesidad de las mujeres de recurrir a la IVE. Está demostrado que la despenalización junto a las políticas educativas y las de anticoncepción disminuyen el número de abortos”, concluyó el funcionario.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-213130-2013-02-03.html
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